2020, Primer Semestre, vol. 55, n° 1, ISSNe 2314-1549 / ISSN 0556-5960 Instituto de Historia Americana y Argentina. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

ARTÍCULOS LIBRES DE HISTORIA AMERICANA Y ARGENTINA

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA GUERRA. Organización estatal, prestaciones militares y sociedad de las llanuras pampeanas (segunda mitad del siglo XIX)

THE SOCIAL DIMENSION OF WAR. State organization, military service and society of the Pampas (second half of the 19th century)

Luciano Literas

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Buenos Aires, Argentina. lucianoliteras@gmail.com

Recibido: 23-04-2019.
Aceptado: 10-07-2019

RESUMEN

En la segunda mitad del siglo XIX, la organización, el despliegue y la consolidación del Estado argentino en las llanuras pampeanas conllevó diferentes y prolongados frentes de conflicto. La definición del orden político, el avance fronterizo sobre los territorios indígenas de Pampa y Norpatagonia así como las beligerancias internacionales tuvieron como consecuencia una fuerte militarización de la población rural. El siguiente trabajo aborda la dimensión social de este fenómeno para el caso de la provincia de Buenos Aires. Específicamente, pone el foco en la incidencia, las repercusiones y tensiones que generaron las exigencias estatales de hombres para la guerra en el heterogéneo universo de unidades domésticas y capitalistas del ámbito rural.

Palabras claves: Estado; Fontera; Militarización; Guardia Nacional; Ejército de Línea.

ABSTRACT

In the second half of the nineteenth century, the organization, deployment and consolidation of the Argentine state in the Pampas, led to different and prolonged conflict fronts. The definition of the political order, the frontier advance over the indigenous territories of Pampa and Norpatagonia as well as the international wars, resulted in a heavy militarization of the rural population. The following work analyze the social dimension of this phenomenon in the province of Buenos Aires, Argentina. Specifically, it focuses on the effects, repercussions and tensions generated by the state demands of men for war, in the heterogeneous universe of domestic and capitalist units in rural areas.

Keywords: State; Frontier, Militarization, National Guard, Line Army.

INTRODUCCIÓN

La construcción del orden político estatal y de una economía capitalista en las llanuras pampeanas de la actual república Argentina, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, implicó el despliegue de formas capilares de control así como la desarticulación de las fronteras con los territorios indígenas en las Pampas y la Norpatagonia. El ejercicio del monopolio de la fuerza de la coerción y la sofisticación del aparato militar fueron factores decisivos –aunque no los únicos– de este proceso. La organización y administración político-jurídica establecieron una relación de dominio que permitió al Estado reclamar e ir obteniendo una serie de atributos, entre ellos la obediencia¹, así como la puesta en marcha de mecanismos para obligar a la población a participar en modalidades e instituciones militares de naturaleza jurídica diferente: la Guardia Nacional,de carácter miliciano, y el Ejército de Líneade tipo regular².

La militarización social que subyació a los hechos rápidamente esbozados con anterioridad constituyó una línea de continuidad que atravesó en muchos aspectos las coyunturas y los cambios políticos. Aquí nos proponemos identificar y analizar las tensiones y los conflictos que produjo este fenómeno, de acuerdo al impacto e incidencia que tuvo en las unidades domésticas y capitalistas rurales y en la vida cotidiana de las llanuras pampeanas. En definitiva, pondremos el foco en la dimensión social de la guerra³ y la violencia en el periodo formativo del Estado argentino.

La reconfiguración del mercado y la división internacional del trabajo en el siglo XIX hicieron de las llanuras pampeanas unespacio clave en la producción y suministro de materias primas. En efecto, el inicio de nuestra reconstrucción nos lleva a las transformaciones económicas ocurridas en Buenos Aires en los últimos años de la colonia. Esta modesta ciudad se había perfilado como eje comercial, político y tributario, y los comerciantes que controlaban ese tráfico de mercancías se habían enriquecido gracias a este⁴. Sin embargo, la pérdida del Alto Perú y las luchas civiles que siguieron a la revolución de 1810 contribuyeron a que este sistema comercial se derrumbase, hecho que espoleó el avance fronterizo hacia el sur. La urgencia de Buenos Aires por nuevos ingresos implicó a partir de entonces la capitalización agrícola-ganadera de las zonas aledañas, la exportación de sus productos y el suministro del mercado local, orientando y especializando su economía a medida que se consolidaban las rutas ultramarinas post-coloniales⁵. Buenos Aires fue el principal receptor de los derechos aduaneros e impuestos de estas actividades, recursos que sufragaron el reclutamiento militar de una parte sustancial de la población masculina⁶.

Así pues la apropiación, privatización y explotación de la tierra fue clave en la conformación de una economía capitalista en la provincia de Buenos Aires. Todo esto implicó la destrucción y/o re-funcionalización de formas sociales pre-capitalistas, así como la desarticulación del mundo fronterizo con los territorios indígenas (ver mapa n° 1). Éste fue viable en la medida que los sectores económicos dominantes no reclamasen la ampliación del área ganadera en virtud de las necesidades exportadoras de materias primas y alimentos⁷. De hecho, frontera e indio fueron dos términos a los que las elites político-militares y culturales de Buenos Aires otorgaron un sentido taxativamente antinómico frente a las ideas de progreso y civilización. Las campañas de ocupación militar denominadas Conquista del Desierto (1879-1885) solventaron esta cuestión.

Mapa nº 1: La frontera de las Pampas y Norpatagonia, segunda mitad del siglo XIX. Fuente: elaboración propia con base en Literas y Barbuto, 2015: pp. 149-170.

Si algo caracterizó el siglo XIX, y especialmente su segunda mitad, al menos desde el punto de vista del gobierno de Buenos Aires, fue la simultaneidad de frentes de conflicto. Algunos de ellos estuvieron relacionados con la definición político-militar del diseño institucional y constitucional del Estado nacional y provincial (por ejemplo los asociados a la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina, la Guerra del Paraguay, las revoluciones mitrista y tejedorista o las montoneras del Litoral y Cuyo); otros a partir de la expansión, el despliegue y la consolidación de este orden estatal sobre las Pampas y Norpatagonia (en esencia los enfrentamientos con las diferentes parcialidades indígenas). En este contexto, el sistema militar del Estado combinó el funcionamiento del Ejército de Línea y la Guardia Nacional. La primera, de jurisdicción nacional y siempre escasa en virtud de las escuálidas arcas del Estado, era reclutada las más de las veces por penas judiciales. En efecto, uno de los principales desafíos de aquellos años fue la falta de un ejército permanente profesional ante las crecientes y múltiples exigencias militares. La segunda, de tipo miliciana, dependió de la capacidad de convocatoria y reclutamiento de los gobiernos provincialesy especialmente de las autoridades políticas y militares de los pueblos y cuarteles del ámbito rural. Estaba formada por vecinos domiciliados, obligados a realizar ejercicios militares de forma regular y acudir a todo llamado⁸.

En definitiva, una parte sustancial de examinar el impacto y la dimensión social de la guerra en las llanuras pampeanas conlleva abordar la agencia de los sectores subalternizados en el marco de esta militarización a través de la Guardia Nacional y el Ejército de Línea: reconstruir sus condiciones materiales y simbólicas de existencia, identificar las prácticas emparentadas con la desobediencia e imaginar las razones y motivaciones que le subyacieron. Para ello se aborda un heterogéneo y fragmentario corpus de documentación de factura estatal emparentada en su mayoría, aunque no exclusivamente, a la administración militar de las fronteras⁹.

LA SOCIEDAD DE LAS LLANURAS PAMPEANAS Y SUS FRONTERAS

En enero de 1863 el municipio de Veinticinco de Mayo –localidad en el oeste de las fronteras– envió un informe al gobierno argentino dando constancia del peso que las prestaciones militares –especialmente de la Guardia Nacional–suponía para los habitantespor encontrarse éstos en su mayoría ocupados en la labranza de los campos y el pastoreo del ganado y no estar exceptuados jurídicamente por el escaso capital con el que contaban¹⁰. El informe relataba que ellos eran movilizados por varios meses, teniendo que abandonar sus familias y descuidar intereses domésticos y económicos, y que incluso licenciados eran llamados a servicio ante la primera alarma de malón¹¹.Así, se concluía que estas prestaciones en las fronteras generaban claras desventajas en Veinticinco de Mayo y el resto de localidades del ámbito rural, al punto de que había disminuido sustancialmente la clase proletaria.

Los funcionarios de Veinticinco de Mayo que habían creado el informe, probablemente ante la presión de los sectores hacendados locales –de los que, por otra parte, eran miembros–, no imaginaban que dos años después Argentina invadiría la vecina república del Paraguay junto a fuerzas brasileras y uruguayas¹². Esa guerra aumentó las exigencias estatales de hombres para las armas –en simultáneo al servicio en las fronteras y frente a las montoneras provinciales–¹³, siendo un nuevo hito del dilatado problema en las relaciones del Estado y la sociedad desde la independencia, y que es el problema central de este trabajo: la competencia por la mano de obra y su impacto en los sectores populares¹⁴. ¿En qué medida este tipo de exigencias estatales de naturaleza militar dispararon tendencias de desarticulación de las unidades domésticas y productivas? Que el gobierno reconociese en más de una oportunidad la necesidad de descargar á los moradores de la campaña de una contribución que ha llegado á inspirarles temor¹⁵ es un primer indicio del impacto ¿Los sectores reclutados y movilizados con fines militares percibieron que estas exigencias recaían sustancialmente sobre sus hombros mientras los más favorecidos en las relaciones de poder político, económico y social podían sortearlas?

Un rasgo que ofreció cierta originalidad a los procesos políticos y sociales de las llanuras pampeanas fue una frontera que aunque atravesada por múltiples conflictos derivados de la resistencia indígena al avance estatal, dispuso de tierra barata y fértil para los sectores criollos¹⁶. Esto posibilitó la persistencia de explotaciones extensivas que requerían inversiones bajas y poca mano de obra –que era escasa y cara– en terrenos de bajo costo, favoreciendo mecanismos productivos que privilegiaban los sistemas familiares por la vía de la propiedad, el arriendo y la aparcería, entre otros¹⁷. De este modo, la oferta relativamente abierta de tierras permitió que, por ejemplo, migrantes de Tucumán, Cuyo y el Litoral se asentaran como arrendatarios y asentados –generalmente a cambio de una renta o ayuda en trabajo– o de forma independiente en parcelas cuyo estatus jurídico era incierto. El poblamiento fue desde los lugares más próximos al mercado de Buenos Aires hacia las fronteras e incluso más allá de éstas, en tierra adentro,mediante mercedes o acuerdos con líderes indígenas de las Pampas y Norpatagonia. Esta diversidad y variedad de formas de acceso al uso de la tierra fue clave para la subsistencia de familias campesinas en calidad de productores –labradores o pastores– no propietarios.

Existe un amplio consenso historiográfico de que la campaña distó de ser una estructura polarizada entre poderosos y desposeídos, en virtud del monopolio o la concentración de la tierra y los medios para explotarla. Pequeños y medianos productores relativamente independientes preexistieron a la desarticulación del Virreinato del Río de la Plata y persistieron en el siglo XIX. La estructura social pampeana se caracterizó por la heterogeneidad de productores, mayormente modestos, que trabajaban con el concurso de la mano de obra familiar, a veces propietarios, otras arrendatarios, agregados u ocupantes más o menos informales de tierras estatales o particulares, moderadamente diferenciados económica y socialmente¹⁸. No existió, en efecto, un conjunto de magnates territoriales y de trabajadores asalariados unidos por lazos paternalistas o clientelares¹⁹. Al contrario, grandes hacendados coexistieron con una variedad de propietarios medianos y menores cuya existencia se remontaba a tiempos coloniales. A pesar de que la apertura al mercado mundial y la expansión post-colonial de la cabaña ovina y bovina extendieron la gran propiedad ganadera a costa de otras formas de acceso y uso de la tierra, también hubo articulaciones y coexistencias propias de una sociedad de frontera abierta.

Como muestra el análisis del censo de 1854 por ejemplo²⁰, casi seis de cada diez varones adultos eran hacendados, comerciantes o artesanos: 17% hacendados repartidos entre grandes y pequeños propietarios y arrendatarios, 10% agricultores –labradores, chacareros, quinteros–, 14% comerciantes –pulperos rurales en su mayoría– y 14% artesanos. Los peones de campo dedicados a labores ganaderas y agrícolas representaban un tercio de la población. Esta baja proporción de trabajadores dependientes había variado poco desde inicios del siglo. Lo que sí cambiaba, al contrario, era una orientación económica crecientemente ganadera, en detrimento de la agricultura. En definitiva, las pequeñas y medianas explotaciones atendidas por sus posesores fueron uno de los ejes de la actividad rural; algo que confirma el censo nacional de 1869 –el primero realizado en Argentina–, donde persistieron formas productivas basadas en la mano de obra familiar y donde menos de dos de cada diez hombres adultos eran trabajadores permanentes en estancias.

Estas características nos hablan de serias dificultades para la construcción del mercado laboral rural –de una oferta estable y disciplinada de mano de obra–. Una parte no menor de asalariados potenciales contaban con formas alternativas de subsistencia que habilitaban prescindir de la participación permanente o estable en el mercado: la alta movilidad geográfica y social, así como el acceso a los recursos de consumo y medios de producción no controlados por los sectores propietarios y el Estado. Esto, a su vez, permitió que la mano de obra dependiente, necesaria para las explotaciones agrícolas y ganaderas de más tamaño, negociara condiciones laborales en mejores circunstancias que en otras regiones desde las cuales migraban personas²¹. Desde el punto de vista ideológico, a este problema le subyació una simbiosis típica de las comunidades campesinas donde el capitalismo no había diluido la noción de un tiempo sin apremios, exaltando la concepción de que equivale a dinero y debe ser usado productivamente²². Al mismo tiempo, la escasez de trabajadores en relación a una oferta creciente de tierras y el estímulo generado por una demanda externa de bienes de origen agrario fueron condiciones que limitaron el desarrollo de sistemas coactivos de trabajo e intentos disciplinarios, dando lugar a métodos de atracción y retención no coercitivos²³. Es más, no todos los habitantes que vivían dentro del perímetro de una propiedad –por ejemplo aparceros, arrendatarios u ocupantes– estaban sometidos a la disciplina laboral o a relaciones claras de subordinación: mientras la tierra fue un recurso más fácil de adquirir que controlar, la propiedad no subsumió los procesos productivos ni los hombres que la habitaban²⁴.

En definitiva, las grandes estancias acogían una pequeña parte de la población. La mayoría vivía en pueblos o en sus propias chacras, quintas y campos. Esto conspiró contra aspiraciones de liderazgos, tal como sucedió en la primera mitad del siglo, cuando los hacendados estuvieron lejos de ejercer en sus tierras un poder patrimonial y autónomo con respecto al Estado²⁵. El Código Rural sancionado en 1864 fue clave al respecto, al definir y sancionar prácticas que apuntaban a formas de subsistencia por fuera del mercado de trabajo, como por ejemplo las condensadas en la figura del vago y el mal entretenido, y más específicamente las asociadas a la caza y recolección en campo abierto. El Código fue el principal dispositivo jurídico para intentar desarticular las relaciones con el espacio que habilitaban modos más o menos autónomos de reproducción²⁶. En definitiva, valga la obviedad, los vagos y mal entretenidos eran clasificados como tales, antes que cualquier otra cosa por vivir y subsistir en gran medida más allá de los heterogéneos vínculos de explotación laboral. Como había dicho el Juez de Paz de Saladillo en 1870, eran matreros: aquellos que vivían metafóricamente en el monte, en los campos, fuera del alcance de la ley, del mercado de trabajo y las prestaciones militares ¿Cómo establecer una relación de dominio, reclamar y obtener obediencia u obligar a la población a participar en modalidades e instituciones militares?

EL IMPACTO DE LA MILITARIZACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA CAMPAÑA

Fue sobre esta estructura social y económica heterogénea, abierta y flexible que operó el reclutamiento militar. Compitió con las modalidades y los ritmos de trabajo en las estancias y las pequeñas y medianas explotaciones familiares, tensionando los vínculos entre vecindario y funcionarios. Incluso las migraciones de fuerza de trabajo desde otras provincias de Argentina fueron desviadas hacia el aparato militar, una política que no resolvió el problema. En paralelo a las levas y las leyes de vagos que procuraban hombres para las armas se crearon y reprodujeron circuitos de mano de obra estacional²⁸. Así lo ilustran los problemas de Alcaldes y Tenientes de Alcalde para hacer efectivo el reclutamiento²⁷. Tal como describió un Teniente al Juez de Paz de una localidad de la frontera, era difícil encontrar hombres sin atenciones en el vecindario²⁹.

Haciéndose eco de regulaciones asociadas al mundo del trabajo en las Ordenanzas de Carlos III³⁰, del Reglamento del Virreinato del Río de la Plata³¹ y de la primera ley de enrolamiento post-colonial dictada en Buenos Aires,en 1826 el Presidente de las Provincias Unidades del Río de la Plata había exonerado de servicio y responsabilidades a todo individuo ocupado en las labores de la cosecha del trigo³², a pesar de cualquier eventualidad que pudiera surgir de modo extraordinario. La consideración del papel del individuo en la estructura económica fue una constante. Por ejemplo, uno de los acápites de mayor precisión y extensión de estos instrumentos jurídico-políticos estuvo dedicado al régimen de excepciones por las ocupaciones de los vecinos. Si se tiene en cuenta la conflictividad de la región rioplatense puede valorarse la fuerza de los intereses que subyacieron a la excepción. En efecto, incluyó a vecinos de otras provincias que migraban a Buenos Aires con propósitos laborales. Según el agrimensor Narciso Parchappe³³, ya en la primera mitad del siglo XIX las cosechas eran dificultosas por la escasez de brazos debido a las levas, impidiendo que migrantes de otras provincias se conchabaran. El viajero William Mac Cann³⁴ dejó impresiones similares con respecto a las actividades ganaderas, agrícolas y de construcción. Pocos años después, el gobierno de Buenos Aires insistió en las excepciones de capataces y mayordomos de grandes establecimientos³⁵.

En contracara a las excepciones de acuerdo con el papel que los vecinos tenían en la estructura económica, los sucesivos gobiernos de Buenos Aires pusieron el foco del reclutamiento en lo que Jueces de Paz, Alcaldes, Tenientes y oficiales milicianos y regulares clasificaron como mal entretenidos y vagos: aquellos cuya ocupación no podía ser acreditada según la reglamentación jurídica y el visto bueno de los vecinos más reputados de los pueblos –en calidad de testigos–. A fines de la década de 1850, por ejemplo, el Ministro de Guerra de Buenos Aires ordenó a los Comandantes de frontera que precisaran el número de hombres que requerían cada año permanentemente para el servicio ordinario, a razón de que los relevos no se hacen con la puntualidad que corresponde y que los contingentes van incompletos³⁶. No obstante, lo más significativo a fines de nuestras preguntas de investigación es que se hizo énfasis en que al dirigirse a los Jefes de regimientos debían tener presente al determinar las épocas, los Partidos que sean ganaderos y los que sean agricultores, con el objeto de conciliar las exigencias del servicio con las tareas ú ocupaciones.

Esta y otras medidas pretendieron evitar conflictos sobre las citaciones entre Comandantes, oficiales de la Guardia Nacional y el Ejército de Línea, Jueces de Paz y Alcaldes con respecto a los intereses de los hacendados y a la reproducción de las unidades domésticas más modestas dedicadas a la ganadería y la agricultura. Alcaldes y Tenientes se quejaron reiteradamentede que oficiales militares sustraían hombres, no dejando vecino sin convocar, ya que es materialmente imposible que los Establecimientos queden abandonados³⁷. En un escalafón jerárquico superior los Jueces de Paz polemizaron con los Comandantes de frontera sobre la validez de las excepciones solicitadas por los vecinos, así como también con las autoridades ministeriales sobre las exigencias de contingentes.

Los reclamos, protestas y acciones de reclutas, patrones o familiares suscitaron sospechas por parte de los jefes militares de que Jueces de Paz, Alcaldes y Tenientes las consentían. En efecto, estuvieron en el centro de las disputas entre las demandas militares y las objeciones de los miembros de un vecindario del que, huelga insistir, formaban parte. Actuaron en un campo de tensiones: el Juez de Paz en comunicación directa con las autoridades militares como receptor de las demandas de hombres, ypor otro lado los Alcaldes y Tenientes que no sólo padecieron la presión de aquel –como inmediato superior en la estructura política local–, sino que también lidiaron cara a cara con el resto de vecinos –milicianos, familiares o empleadores– en su búsqueda de hombres para cumplir con los contingentes. Esto lleva a considerar con importancia las redes de relaciones sociales en las que estos funcionarios estuvieron insertos, que perfilaron las condiciones de sus actuaciones, lo cual complejiza la agencia estatal asociada al reclutamiento y la movilización de hombres para el servicio de armas.

En simultáneo a la revisión y actualización de los regímenes de excepciones vinculados a las ocupaciones laborales, el Estado frecuentemente distribuyó carne y otros bienes de consumo entre los familiares de los vecinos reclutados. Si una de las preguntas sobre el impacto de las prestaciones militares es hasta qué punto puso en riesgo las economías domésticas –es decir, la base sobre la cual operaba la organización y expansión del Estado–, este reparto de carne a familias en estado afligente³⁸ puede tomarse como un indicio más que significativo¿De qué otro modo interpretar esta iniciativa sino como un modo de paliar las necesidades de subsistencia resultantes del reclutamiento y la remisión sistemática de hombres a las armas? Además, muy probablemente se trataba también de una forma de persuadir a la población a cumplir servicio.

Estas prácticas existieron hasta la década de 1870, cuando los cuerpos de la Guardia Nacional fueron licenciados de servicio en las fronteras y comenzó la organización de un Ejército que poco a poco sustituyó a las fuerzas de Línea. En ocasiones tuvieron origen en la demanda de los vecinos reclutados, con propósito de subsanar el impacto de las dilatadas e inciertas ausencias de sus hogares. Entonces, los Jefes de regimiento solicitaron los repartos de carne, que eran practicados por los Jueces de Paz de los partidos de origen de los contingentes. En otras, en cambio, tuvo origen en la demanda de las familias. Así sucedió en vísperas de la batalla de Pavón (1861), cuando centenares de familias de diferentes localidades de las fronteras exigieron y en algunas ocasiones obtuvieron carne. El Estado reguló estas actividades: en la Guerra del Paraguay se resarció con dinero a soldados y a familiares de los caídos en combate mediante las Comisiones Filantrópicas y de Socorros³⁹, y poco después, atenta la situación de extremada pobreza en que se encuentran algunas de las familias de los Guardias Nacionales en Campaña, y visto el padrón levantado por las Sociedades de caridad, financió mensualmente a estas sociedades para que distribuyeran dinero por vía de socorro, entre las familias necesitadas⁴⁰.

Valga insistir en algo obvio a priori. De modo similar que otros mecanismos coercitivos propios del despliegue de un Estado en construcción y guerra, es de suponer que el reclutamiento y la movilización militar con destinos y por términos inciertos provocasen por regla general resistencias, tal como se verá más adelante. Exceptuados los funcionarios estatales, patrones, capataces de grandes establecimientos, comerciantes y maestros de postas, fueron los modestos productores y especialmente los peones y jornaleros el blanco de las exigencias militares. Empero, estos no protagonizaron grandes revueltas ni levantamientos con la frecuencia y en la magnitud que podría suponerse inicialmente. Es equivocado asociar mecánica o automáticamente la subalternización militar producida en este contexto con prácticas y conductas de resistencia. No obstante, cartas de los vecinos conservadas en los archivos municipales, sean de soldados, familiares, empleadores e incluso funcionarios, nos hablan de conductas y comportamientos asociados a la desobendiencia con respecto a la obligación de servir al Estado. Acontecieron diferentes tipos de acción colectiva, de intensidades y motivaciones. Al referirnos a los asociados a la resistencia y negociación debemos contemplar un amplio abanico de situaciones que incluyó suplicios y solicitudes de excepciones de familiares; protestas, quejas e insubordinación deliberada; deserciones individuales y sublevaciones generales que respondieron a motivos geográficos, políticos y laborales coyunturales; e incluso el uso de sofisticados instrumentos de evasión –prueba del uso que hicieron de la justicia los sectores subalternos–.

En la perspectiva de muchos funcionarios, las dificultades para imponer el orden estatal y llevar adelante las exigencias milicianas se explicaban por la persistente resistencia a obedecer inscrita en el carácter que con generalidad rebiste el paisanaje, tal como un Alcalde decía al Juez de Paz de Mercedes, que había que aserle respetar y obedeser por medio de las armas⁴¹. La razón no era otra que las dificultades que le habían transmitido sus Tenientes para hacerse obedecer en las reuniones de gauchos armados de pistolas y facones. Desde esta perspectiva, la militarización podía transformar el carácter de los sectores subalternos, tendiente a la insubordinación y la anarquía, inculcando valores cívicos y patrióticos. Por ello, otros Alcaldes y funcionarios estatales propusieron reunir a la población de los cuarteles para organizarla y nombrar oficiales a su mando, es decir, educar en el orden, ya que si persistía el caos y la falta de autoridad el gauchaje será cada ves peor⁴². Una pregunta que atraviesa todo nuestro abordaje con respecto a los comportamientos asociados a la desobediencia de los sectores populares es si esta obligación fue concebida como algo opresivo y,aún más importante, qué evaluación hicieron de estas exigencias en virtud de sus condiciones de existencia y modalidades de reproducción social y económica.

Como se ha dicho, parece ser un enfoque de análisis algo limitado el que considera el Estado en tanto fuerza coactiva y restrictiva de una supuesta libertad ontológica de los habitantes. Al respecto es evidente que a pesar de que las exigencias militares eran una pesada obligación para los vecinos –que además buscaban eludir mediante formas más o menos originales-, también debieron ser percibidas como un modo de proteger sus bienes y vidas. Sin embargo, esto no implica que todos accedieran a prestar servicio ni minora las tensiones de su impacto socio-económico. De ahí por ejemplo los regímenes de excepciones, cuestión ineludible al menos desde fines del siglo XVIII. A pesar de cómo pudieran evaluar los vecinos las prestaciones militares osus virtudes políticas, simbólicas e incluso –aunque más raro– económicas, fue más común que los sectores acomodados intentaran evadir esta obligación que llegaban a considerar una suerte de castigo⁴³. Así pues quien podía eludir la obligación lo hacía y con los medios y recursos que podía. Un conjunto variopinto de prácticas hablan del rechazo de amplios sectores sociales y explica cómo las estrategias coactivas de reclutamiento fueron más comunes que las persuasivas. Estas a su vez ayudan a comprender una agencia que fue más allá de un problema o una dificultad para interiorizar y reproducir el supuesto deber moral del servicio de armas a favor de la patria, en este caso en calidad de ciudadano en armas de la república en construcción. De modo que, muy al contrario, esta agencia esta directamente vinculada al impacto social y económico de las exigencias inherentes al servicio de armas, siempre en función de los rasgos estructurales descritos en el apartado anterior.

El alejamiento de los lugares de origen, donde se trabajaba y vivía, a cambio de destinos inciertos y desconocidos era el inicio de una vida donde los tiempos de licenciamiento eran laxos, los salarios impuntuales, la existenciaestaba llena de privaciones y las relaciones cotidianas se fundamentaban en jerarquías de orden militar. Además, los regímenes de excepciones colaboraron a concentrar y distribuir dichas exigencias en los sectores trabajadores de la campaña. Como precisó el Juez de Paz de Chivilcoy, fue la clase de peon⁴⁴ el blanco del reclutamiento,junto a jornaleros y en menor medida modestos labradores y pastores. Esto hizo de la guerra una competencia por la mano de obra de familiares y empleados, uno de los problemas nodales a lo largo del siglo XIX, situando a los funcionarios del ámbito más local en el eje de las tensiones y conflictos. Así lo demuestra, entre otros tantos registros, el perfil de los milicianos que arroja el análisis del censo de la Guardia Nacional que servía a fines de la década de 1860 en un espacio clave de la frontera sur como Benito Juárez (ver cuadro n° 1).

Cuadro nº 1: Perfil social de los guardias nacionales destinados a la frontera, Benito Juárez, 1869

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las planillas de AGN, Sala X, Primer Censo Nacional de 1869, partido de Benito Juárez, campaña 4a a 6a Sub-División.

DESOBENDIENCIA Y RESISTENCIA

Los enrolados que cumplían servicio en la Guardia Nacional en su mayoría provenían de los sectores más humildes de la campaña bonaerense, algo que significó además contar con vínculos, recursos y redes socio-políticas más débiles de cara a negociar con los agentes del Estado. Esto, empero, no impidió la difusión de un heterogéneo conjunto de prácticas de desobediencia e incluso de abierta resistencia a las exigencias de tipo militar.

En los registros militares dos de los términos más utilizados para clasificar prácticas punibles e instrumentar la militarización efectiva de la población fueron deserción y desertor. Aún así no tuvieron significados únicos, más bien prevaleció la polisemia. Los términos fueron empleados por diferentes actores para clasificar un variado conjunto de situaciones, relaciones y prácticas con diversos propósitos y en diferentes coyunturas. El rasgo común, eso sí, fue la factura exclusivamente estatal. Además, no siempre la deserción respondió a una motivación o voluntad de desertar o sublevarse sino a las vicisitudes de las beligerancias, los límites del sistema de información y comunicación estatal o a las pautas de movilidad laboral deducibles del perfil social de los desertores. Con respecto a lo último cabe insistir en que la movilidad fue un rasgo característico de aparceros, arrendatarios, jornaleros y trabajadores especializados, algo que, como ya se dijo, conspiró contra la generación de lazos sociales deferenciales y de modos de reclutamiento basados en la vecindad⁴⁵.

Más allá de la polisemia del término, la deserción siempre estuvo asociada a dos hechos: el no cumplimiento de una obligación militar del Estado y que esa acción era motivo y causa de punición. De este modo, desertor podía ser un vecino que desconociendo una convocatoria de enrolamiento se hallaba circunstancialmente fuera del partido donde estaba domiciliado, así como un guardia nacional que en el traslado o ya en las fronteras robaba un caballo y huía; podía ser un vecino seleccionado mediante sorteo para componer un contingente que se negaba a hacerlo por razones familiares y domésticas, otro que siendo miembro de un contingente interponía la violencia para abandonarlo o quien en el transcurso de una batalla perdía contacto con su escuadrón de modo más o menos voluntario.

Los registros de devoluciones de salarios de la administración militar de las fronteras ofrecen valiosa información para estimar el peso que tuvo globalmente la deserción en la Guardia Nacional⁴⁶. Este documento da constancia por el término aproximado de medio año de los excluidos de la rendición salarial por diferentes causas, entre las que se incluye haber sido pagado por otro medio, estar ausente, muerto, de baja, prisionero y a nuestros intereses la más relevante: haber desertado⁴⁷. De este modo dichos registros son una fotografía de la deserción en el marco del conjunto de bajas de todos los sectores de la frontera (ver cuadro n° 2). La primera observación del análisis es que la deserción fue por lejos la principal razón de baja: 8 de cada 10 guardias nacionales⁴⁸. La segunda observación es que la Guardia Nacional fue especial espacio de deserción en comparación al resto de fuerzas: explicó el 76,3% de bajas en la frontera Norte, 76,2% en el Oeste y 89,7% en el Sur. A su vez, al contrario de lo que podría imaginarse a priori, la deserción también fue masiva entre artilleros, lanceros, tiradores, baqueanos y trabajadores. En cambio, es llamativo el escaso número de muertos y prisioneros -sólo 5 de cada 100 hombres- algo que matiza la violencia y beligerancia que suelen asociarse a las fronteras.

Cuadro nº 2: Causas de baja en las fronteras de Buenos Aires, según comandancia y fuerza, 1869/1870

Fuente: Elaboración propia sobre la base de AGN, AP, Caja 102, Planilla de devolución de las Fronteras Sud y Costa Sud de Buenos Aires, AGN, AP, Caja 100 y Planilla de devolución de las Fronteras Norte y Oeste de Buenos Aires.

A pesar de ser probablemente la más visible, la deserción distó mucho de agotar el repertorio de prácticas asociadas a desobedecer las exigencias militares del Estado. Una de las formas de negociar o evitar servir en la Guardia Nacional, por ejemplo, fue a través de las comuncaciones epistolares. Escritas a veces por el propio reclutado y en su mayoría por sus familiares o empleadores, estas cartas apelaron al suplicio, ocasionalmente evocando a Dios y la Virgen María así como a una condición económica y social humilde y desvalida. Un rasgo común de ellas fue invocar las características personales consideradas positivas de la persona, asociadas a su buena conducta como vecino, su laboriosidad y el respeto por las regulaciones jurídicas de residencia y circulación -por ejemplo el enrolamiento y el uso de pasaporte-. Esto, frecuentemente, se apoyaba en la opinión de uno o dos propietarios notables de la zona a quienes se proponía como salvaguarda de lo escrito.

Casi sin excepción la razón que legitimó estas solicitudes fue el trabajo, sea para terceros a cambio de un salario que permitiera a la familia hacerse de recursos de subsistencia, sea para actividades necesarias al funcionamiento de la unidad doméstica o como empleado imprescindible en la organización laboral de un establecimiento, según escribiera un familiar o empleador. En efecto, las cartas de la época ilustran las reacciones de diferente intensidad que no sólo confirman la extracción social de los reclutados sino también que explican las disputas en torno a las clasificaciones ocupacionales de las personas, clave en el funcionamiento de la Guardia Nacional y el Ejército de Línea. Estas personas fueron tipificadas de forma disímil como mal entretenidos, vagos, no enrolados o desertores, aunque familiares y empleadores los reclamaron por ser su trabajo el modo de obtener recursos para la unidad doméstica o estar empleados en sus establecimientos como peones o jornaleros.

La competencia por mano de obra entre un Estado demandante de brazos para las armas y un sector propietario que la requería para la producción de bienes que alimentaban el mercado interno e internacional, fue una constante a lo largo del siglo XIX. De hecho, este sector defendió a sus peones y jornaleros del mismo modo que hacendados pequeños y medianos ayudaron a sus allegados con papeletas de conchabo y otros recursos que permitían la excepción al servicio. Estas respuestas incluyeron también el encubrimiento de los peones y personas con un perfil apto para el reclutamiento, a veces con el consentimiento de Alcaldes y Tenientes; e incluso que ordenaran a sus trabajadores desobedecer a los funcionarios estatales en todo lo relativo al enrolamiento, la clasificación, el reclutamiento y la movilización miliciana. Aquí el papel de mayordomos y capataces, responsables de la administración y organización de las actividades en las estancias, fue más que relevante. Del mismo modo, el margen de negociación de estos empleadores mejoró si ocupaban posiciones en las estructuras destinadas al gobierno local.

Ahora bien, no todas las estrategias de elusión al servicio de armas fueron tan directas y/o diáfanas como la deserción o el pedido epistolar de excepción. Otras llevaron la disputa a los registros creados desde el propio Estado, haciendo uso del sistema de clasificación instituido para operacionalizar las prestaciones militares⁴⁹. Un ejemplo de ello fue la iniciativa de más de un centenar y medio de vecinos al gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1869 para suspender el sorteo que debía hacerse para formar contingentes de la Guardia Nacional⁵⁰. Lo hicieron mediante una comisión que entregó al mandatario una petición que comenzaba:

Los Hacendados que suscriben convencidos de los graves inconvenientes que traeria á los trabajos rurales […] por ser esta la época en que esos trabajos son mas indispensables y urgentes [la primavera], vienen á solicitar de V.E la suspensión del mencionado sorteo⁵¹.

El comunicado fue firmado por 155 personas, un número importante y poco común en las solicitudes realizadas en los vecindarios. ¿Quiénes eran estos hacendados que exigieron y obtuvieron la suspensión del sorteo? De 80 de ellos se obtuvo información mediante la triangulación con el censo nacional de 1869 y los registros de compra de tierras⁵². La primera observación es que tres cuartas partes eran residentes de la ciudad de Buenos Aires, algo que va en la línea de las aproximaciones que esbozan para entonces un perfil de propietario absentista. Más allá de un pequeño número de vecinos de otras localidades, dos de cada diez vivía en el pueblo de Salto, al noroeste de la provincia, que adhirieron a la solicitud aclarando específicamente que lo hacían desde allí. Desconocemos si la exigencia colectiva fue en realidad un canal de transmisión del descontento de estos vecinos o si sólo fue una oportunidad aprovechada por éstos para hacer llegar su reclamo al gobernador. De uno u otro modo, es interesante a fines de aproximarnos a la agencia de estos hacendados, la manipulación de las clasificaciones y la articulación de intereses locales y provinciales para contrarrestar la presión reclutadora del Estado.

Al identificar el oficio de estas personas lo que observamos matiza el contundente inicio de la solicitud: menos de la mitad eran hacendados o estancieros. En efecto, la ocupación de mayor representación en este universo de hacendados fueron comerciantes. Se conoce por estudios de la estructura social de la campaña y la capitalización de la tierra, que fueron los comerciantes quienes protagonizaron la apropiación privada de ésta, en un contexto de desarticulación del comercio colonial y auge de la exportación de productos derivados de la vaca y la oveja. En efecto, la ocupación de hacendado y comerciante no fue excluyente, más bien lo contrario. Lo que sí es llamativo es que muchos de quienes exigieron en calidad de hacendados no fueron ni grandes terratenientes ni comerciantes con asiento en Buenos Aires sino modestos labradores, barraqueros, corredores de bolsa, mantequeros, abastecedores, almaceneros, sastres, dependientes de casas de comercio e incluso trabajadores rurales. Si focalizamos la mirada en los que firmaron en Salto, el hecho es aún más revelador: no hubo ningún comprador de tierras y entre ellos aparecieron con fuerza los pequeños comerciantes y trabajadores. Sólo 24 de las 155 personas que exigieron anular el sorteo en calidad de hacendados figuran en la exhaustiva nómina de compradores de tierras en la segunda mitad del siglo XIX⁵³. Ninguno era de Salto. Eran hacendados, estancieros y comerciantes de la ciudad de Buenos Aires.

En definitiva, la exigencia de anular el sorteo reunió a un conjunto diverso de ciudadanos propietarios y no propietarios. En el caso de los primeros, de campos de muy diferente tamaño en diversos puntos de la campaña. Son un mosaico heterogéneo que a pesar de ampararse en el término hacendado incluyó además de afectados por las levas de sus empleados, a víctimas de ellas. Aquí es donde cobra relevancia la adhesión de propietarios de fracciones menores de tierra, los medieros, arrendatarios, labradores y trabajadores. Lo mismo puede suponerse del importante número de personas que quedaron afuera del análisis por no existir registros demográficos ni de propiedad, algo que sugiere con fuerza un perfil social aún más modesto. Esta iniciativa, en síntesis, muestra las articulaciones entre las formas de evasión a la Guardia Nacional, la importancia de las clasificaciones y las relaciones de poder. Desde el punto de vista metológico, además, confirma una vez más que las fuentes documentales más que ser una vía de entrada diáfana al pasado son huellas a veces no del todo definidas de múltiples batallas simbólicas y materiales.

La personería se ubica en el otro extremo del abanico de prácticas asociadas a evadir el servicio de armas y muestra que no todas necesariamente transgredieron las regulaciones jurídicas. A poco de crear la Guardia Nacional el gobierno dispuso que los obligados al servicio podían contratar a un personero en su lugar⁵⁴. La contratación de un sustituto no era novedosa ni la existencia de recursos e instancias legales para evadir las prestaciones milicianas⁵⁵ aunque en las décadas que siguieron tuvo lugar una creciente optimización. Sin embargo, no sólo bastaba el dinero necesario para costear al sustituto. Al igual que otros recursos aquí también fueron necesarias determinadas conexiones sociales y políticas⁵⁶.

En 1864 el gobierno provincial estableció que estos personeros debían contratarse ante el juez de paz, con el fin de evitar voces subversivas con respecto á los Jefes de G.N.⁵⁷. Esto aludía a que los últimos admitieran sin inconvenientes a los personeros en los contingentes de frontera⁵⁸. Al comenzar la Guerra del Paraguay se sistematizó este enganche mediante decreto del presidente de la república⁵⁹. Aunque usado y reconocido desde los orígenes de la Guardia Nacional⁶⁰, el recurso de contratar personero fue sistematizado durante este conflicto, estipulando modo y cuota del enganche⁶¹, momento en que probablemente cobró singular auge. Todo guardia nacional que quisiera poner personero en el Ejército de Línea debía pagar una cuota de 5.000$ m/c, para eximirse del servicio de campaña, dinero destinado a pagar al personero. Una muestra de la extensión de dicho recurso de elusión fue la creación de la Comisión de Personeros para recaudar el dinero sufragado en las contrataciones y depositarlo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El coste convirtió a la personería en un recurso más propio de los sectores de altos recursos⁶². En momentos de gran reclutamiento existieron, incluso, mercados de personeros con estructuras comerciales específicas⁶³. Empero, a pesar de no ser tan habitual como la deserción, la evasión encubierta por los patrones o los pedidos epistolares de dispensa, la personería se hizo extensiva a otros sectores sociales⁶⁴. Peones, jornaleros y pequeños productores también recurrieron a este recurso, algo que sugiere pensarlo como un imperativo jurídico que incluso los vecinos más modestos usaron a través de redes personales que les permitieron solventar el alto costo de la sustitución. Del mismo modo, la personería fue un oficio regular para algunos vecinos de la frontera, con experiencia en la administración militar, y que en más de una ocasión se presentaron para sustituir a alguien con la capacidad de pagar para evitar servir -y vivir- en las fronteras.

CONCLUSIONES

La primera reflexión con respecto a la militarización en Buenos Aires y las fronteras de las Pampas y Norpatagonia alude a la incidencia que tuvieron las instituciones destinadas a garantizar el servicio de armas en la construcción del Estado argentino. Es decir, el conjunto de relaciones materiales y simbólicas de naturaleza política y social que esas instituciones establecieron y reprodujeron fueron insoslayables. Esto es así porque con respecto a sus efectos performativos, las prestaciones militares fueron una variable relevante de los ritmos y contrapuntos de la subordinación estructural de individuos y grupos, de las formas capilares de organización, control y jerarquización que se desplegaron en villas, cuarteles, guarniciones, fuertes y fortines –muchos de estos emplazamientos devenidos en ciudades y pueblos del actual territorio argentino–. Esto evoca de alguna manera aquellos efectos positivos que tempranamente la sociología y la ciencia política sindicaron a los dispositivos de poder, en tanto producción o modelación de subjetividades. Sin lugar a dudas fue algo claro para las elites políticas y militares de Buenos Aires, por ejemplo a raíz de su repercusión en las relaciones de poder, autoridad y obediencia, inculcando conductas acordes a las instituciones y sus leyes, y morigerando la insubordinación y la anarquía⁶⁵.

Una segunda reflexión atiende a la singularidad y/o excepcionalidad del protagonismo de las instituciones militares en la construcción del orden político. Aquí encontramos más bien líneas de continuidad, persistencias e innovaciones. Más que puntos de inflexión o ruptura, hallamos hilos enhebrados por prácticas y relaciones sociales, por representaciones e imaginarios, por regulaciones e instituciones que atravesaron coyunturas y cambios político-económicos, incluso estructurales. Al menos desde las últimas décadas del Virreinato del Río de la Plata hasta la Conquista del Desierto,el reclutamiento y la movilización de los sectores rurales más modestos fue una constante. Esto invita a imaginar y trazar múltiples itinerarios y trayectorias de subordinación que, en definitiva, implicaron el nacimiento de la forma política estatal y el monopolio del uso legítimo de la fuerza. En efecto, la militarización que había tenido lugar al final de la colonia y en los albores de la independencia de las Provincias Unidas no cesó, al contrario.

Un tercer aspecto refiere a las incidencias, tensiones y conflictos que suscitaron dinámicas de estas características. Aquí las instituciones militares más que obtener férrea e indiscutida disciplina y obediencia, se encontraron en conflictos y competencias con la sociedad rural. Como se ha visto, los rasgos y las características de la sociedad de la campaña del siglo XIX implicaban de por sí un espacio elusivo al reclutamiento y la subordinación militar. En consecuencia, debieron desplegarse recursos coercitivos y consensuales para garantizar las prestaciones militares. Así pues las levas, los contingentes y la guerra fomentaron más bien el desarraigo y la desestructuración de las unidades domésticas. Al fin y al cabo, las exigencias estatales compitieron con los ritmos y las formas de las actividades que habilitaban la reproducción, subsistencia y generación de excedentes de los establecimientos rurales.

Fue en ese terreno de tensiones donde tuvieron lugar actitudes y comportamientos que sugieren distancias significativas con el deber y la obediencia al Estado. En la práctica, es difícil de comprobar la idea de las milicias y del ejército en general como instrumento exitoso de disciplina. Si bien, como apuntamos en la primera reflexión, la institución militar fue un dispositivo de poder desplegado en virtud de desarticular resistencias simultáneamente en la provincia de Buenos Aires, las fronteras y tierra adentro, su funcionamiento y eficacia debe considerarse a la luz de un permanente trabajo de creación y mantenimiento, como una fuerza en constante y necesaria reedición. De este modo, la militarización puede ser pensada como un campo de relaciones de fuerza donde se pusieron en juego y se disputaron recursos y cuotas variables de poder, que desplegó formas de subordinación e inserción en la órbita estatal tensionando y compitiendo con las lógicas sociales preexistentes. La militarización de la población rural bonaerense, de hecho, no estuvo exenta de los desafíos que a lo largo del siglo XIX supuso el despliegue y la organización de la forma política estatal.

Notas

¹ Yangilevich, 2012; Barriera, 2014:119-156.

² Sabato, 2003: 149-169; Macías, 2003: 137-151; Literas, 2012a: 9-32; Canciani, 2014; Canciani, 2017;  Literas, 2017; entre varios otros trabajos de estos autores. Ambas instituciones fueron los pilares del sistema militar argentino durante gran parte del siglo XIX.

³ Este término es tomado de Macías y Parolo, 2010: 19-38.

⁴ Barsky y  Djenderedjian, 2003.

⁵ Ibídem.

⁶ Garavaglia, 2003: 153- 187; Garavaglia, 2007.

⁷ Bandieri, 2011.

⁸ Esta carencia de hombres para el ejercicio de la coacción fue la base sobre la cual los discursos de diputados, senadores y funcionarios del Estado reforzaron el carácter auxiliar necesario de la Guardia Nacional, a pesar de condenar su uso crónico y discrecional. Esto fue muy probablemente la cuestión más problemática de la institución, a pesar de que el motivo de su creación no radicaba en resolver el “problema” fronterizo.

⁹ Esta documentación fue relevada desde 2010 y proviene de diferentes fondos del Archivo General de la Nación (en adelante AGN), el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA), el Archivo Histórico Judicial de Mercedes (MAHJM) y el Archivo de la Biblioteca Francisco Ibarra de Veinticinco de Mayo (AVM).

¹⁰ Las condiciones para la excepción de servicio en la Guardia Nacional eran, entre otros factores, ser propietario o administrador de establecimientos rurales cuyo capital fuera mayor a los cuatro mil pesos metálicos, algo que fue una constante a lo largo del siglo XIX; Literas, 2012a.

¹¹ Malón denomina genéricamente a las incursiones indígenas de las Pampas y Norpatagonia en las fronteras y los establecimientos en jurisdicción estatal, con diferentes motivos militares, comerciales y propiamente políticos. Existe una vasta producción bibliográfica al respecto. Ver, por ejemplo, Cordero, 2019. 

¹² En la Guerra del Paraguay los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay invadieron territorio paraguayo. Fue un conflicto que se extendió de 1864 a 1870, implicó la movilización militar de millares de hombres y la muerte de una parte sustancial de la población masculina del Paraguay. 

¹³ A grandes rasgos, las montoneras fueron organizaciones militares provinciales de identidad política federal que enfrentaron las iniciativias para centralizar el poder en el gobierno nacional en las décadas de 1850, 1860 y 1870. Al respecto, De la Fuente, 2007. 

¹⁴ Gelman, 1999: 123-14; Garavaglia, 2007; Fradkin y Gelman, 2015.

¹⁵ Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al Congreso Nacional de 1870, p. XI.

¹⁶ Sabato, 1989; Garavaglia y Gelman, 2003: 105-121.

¹⁷ Garavaglia y Gelman, 2003.

¹⁸ Gelman, 1998; Garavaglia, 1999; Gelman y Santilli, 2006; Barsky y Djenderedjian, 2003.

¹⁹ Hora, 2002.

²⁰ Garavaglia, 2007.

²¹ Sabato, 1989; Hora, 2002; Gelman y Santilli, 2006.

²² Bonaudo y Sonzogni, 2000.

²³ Gelman, 1999; Hora, 2002.

²⁴ Hora, 2002.

²⁵ Salvatore, 1992: 25-47; Hora, 2002

²⁶ Literas, 2017.

²⁷ Esto muestran los censos y registros vecinales de los partidos de la campaña a lo largo de todo el período de análisis, donde es significativa la presencia de migrantes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y San Luis.

²⁸ Los Alcaldes y Tenientes de los cuarteles de los partidos fueron los funcionarios de contacto más próximo con los vecindarios del ámbito rural. En efecto, pertenecían a ellos. El espacio de jurisdicción estatal de la provincia de Buenos Aires se dividía en partidos y éstos a su vez en cuarteles. En cada partido la máxima autoridad política era el Juez de Paz, asistido en cada cuartel por el Alcalde, y éstos por los Tenientes. Eran los responsables de instrumentar y llevar a cabo el reclutamiento de los vecinos, en colaboración y a veces también en tensión con los oficiales del Ejército de Línea y la Guardia Nacional.

²⁹ AVM, Juzgado de Paz, f. s/n., 16 de enero de 1862.

³⁰ Real Declaración sobre puntos esenciales de la Ordenanza de milicias provinciales de España, que ínterin se regla la formal, que corresponde à estos Cuerpos, se debe observar como tal en todas sus partes, 1767.

³¹ Reglamento para las milicias disciplinadas de infantería y caballería del Virreynato de Buenos-Ayres, aprobado por S.M, y mandado observar inviolablemente (1801).

³² Decreto Exonerando del servicio militar y otras cargas á los individuos ocupados en las faenas anexas á la cosecha de trigo, Buenos Aires, 27 de noviembre de 1826 (Domínguez, 1898, tomo I).

³³ Parchappe, 1977[1828].

³⁴ Mac Cann, 2001 [1853].

³⁵ Decreto Señalando el modo en que deben hacerse las citaciones para las Milicias, Buenos Aires, 6 de marzo de 1830 (Domínguez, 1898, tomo I).

³⁶ Acuerdo, Buenos Aires, 21 de diciembre de 1858 (Domínguez, 1898, tomo II).

³⁷ MAHJM, Juzgado de Paz (en adelante JP), Caja 1858, f. 91, 13 de mayo de 1858.

³⁸ MAHJM, JP, Caja 1853, f. 234, 23 de abril de 1853; f. 278, 3 de mayo de 1853.

³⁹ Ley Destinando cincuenta mil pesos para socorrer á las familias de los Guardias Nacionales que han perecido en el ‘Paso de la Patria’, Buenos Aires, 14 de febrero de 1866; Ley Acordando mil pesos moneda corriente á cada uno de los Guardias Nacionales de las Provincias, que lleguen del Paraguay con los Batallones de Buenos Aires, Buenos Aires, 2 de enero de 1870 (Domínguez, 1898, t. III).

⁴⁰ Decreto, Buenos Aires, 14 de noviembre de 1874 (Domínguez, 1898, t. II).

⁴¹ MAHJM, JP, Caja 1860, f. s/n., 21 de mayo de 1860.

⁴² MAHJM, JP, Caja 1860, f. s/n., 25 de abril de 1860.

⁴³ Macías, 2003.

⁴⁴ MAHJM, JP, Caja 1853, f. 45, 23 de enero de 1853.

⁴⁵ Halperin Donghi, 2007.

⁴⁶ AGN, AP, Caja 102, Planilla de devolución de las Fronteras Sud y Costa Sud de Buenos Aires, AGN, AP, Caja 100 y Planilla de devolución de las Fronteras Norte y Oeste de Buenos Aires.

⁴⁷ En el caso de las fronteras Sur y Costa sur el registro contempla entre octubre de 1869 y abril de 1870 y de las fronteras Oeste y Norte de marzo a julio de 1870.

⁴⁸ Esto fue así en las fuerzas relevadas excepto en las Comandancias Generales, sus Escoltas y las Planas Mayores donde el motivo de que no se sufragaran los salarios fue que habían sido abonados por otro medio, algo más bien raro para el resto.

⁴⁹ En otro lugar se analizó en profundidad uno de los primeros casos de este tipo, a partir del censo del cuartel de Leones, en el partido de la Guardia de Luján (posteriormente llamado Mercedes), en 1853. Literas, 2012b.

⁵⁰ Este caso se analiza con mayor detenimiento en Literas, 2017.

⁵¹ AHPBA, MG, 1869, Leg. 11, Expte. 839/0.

⁵² Valencia, 2005.

⁵³ Ibídem.

⁵⁴ Decreto Determinando los casos en que se puede poner personeros, Buenos Aires, 24 de abril de 1853 (Domínguez, 1898, tomo I).

⁵⁵ La ley Sobre Personeros de los Españoles Europeos es un antecedente relevante, de uso en la colonia.

⁵⁶ Para empezar, poner personero requería la aprobación del ministro de Guerra y el consentimiento del jefe de regimiento y el juez de paz local.

⁵⁷ AHPBA, MG, Leg. 3, Expte. 201/0, 1864.

⁵⁸ MAHJM, JP, Caja 1864, f. 194, 9 de junio de 1864.

⁵⁹ Decreto, Buenos Aires, 2 de mayo de 1865 (Domínguez, 1898, tomo II).

⁶⁰ Ley, Buenos Aires, 24 de noviembre, 1852 (Domínguez, 1898, t. I). Ley, Buenos Aires, 29 de octubre, 1858 (Domínguez, 1898, t. II).

⁶¹ Decreto, Buenos Aires, 2 de mayo, 1865 (Domínguez, 1898, tomo II).

⁶² El costo de la personería era elevado en comparación con los salarios de la administración pública o el mantenimiento de las unidades productivas rurales.

⁶³ Barbuto y Cordero, 2011.

⁶⁴ Literas, 2015: 97-116.

⁶⁵ Por ello estas instituciones fueron un espacio de construcción y ejercicio de capitales políticos y simbólicos; de generación de liderazgos y de vínculos entre subalternos y jefes que trascendieron lo militar y se extendieron a otras dimensiones de la vida –aspecto que trasciende ampliamente los propósitos de este trabajo-. Reprodujo jerarquías y operó como caja de resonancia donde gravitaron capitales generados en otros ámbitos. Fueron numerosos y significativos los vasos comunicantes entre la administración militar, la sociedad política y el poder económico.

FUENTES

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