2020, Primer Semestre, vol. 55, n° 1, ISSNe 2314-1549 / ISSN 0556-5960 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
ARTÍCULOS LIBRES DE HISTORIA AMERICANA Y ARGENTINA
LA PRIMERA RECESIÓN. LA CRISIS TEXTIL DE 1938 Y LA POLÍTICA ECONÓMICA ARGENTINA A COMIENZOS DE LOS AÑOS CUARENTA
THE FIRST RECESSION. THE TEXTILE CRISIS OF 1938 AND ARGENTINA'S ECONOMIC POLICY IN THE EARLY 1940s
Claudio Belini
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Universidad de Buenos Aires. Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*. Buenos Aires, Argentina. claudiobelini@conicet.gov.ar
Recibido: 14-05-2019
Aceptado: 23-09-2019
RESUMEN
Luego de casi una década de liderazgo en el crecimiento del sector manufacturero, la industria textil se sumergió en una primera recesión en 1938. Esta coyuntura colocó al sector en el centro del debate entre los principales actores económicos sobre sus orígenes y sus posibles soluciones. Este artículo se propone analizar el impacto de la crisis y las controversias entre el gobierno, el Parlamento y las principales entidades empresarias. Sobre la base de fuentes escasamente exploradas, el artículo reconstruye las estrategias de los actores económicos frente a la crisis y su repercusión en las políticas económicas de finales de la década de 1930 y comienzos de los años cuarenta. El estudio de este episodio de crisis se propone contribuir a una discusión más amplia de la dinámica de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) en la Argentina.
Palabras claves: Política económica; Crisis, Industria textil, Asociaciones empresarias.
ABSTRACT
After a decade of leadership in manufacturing growth, the textile industry plunged into a first recession in 1938. This situation placed the sector at the centre of the debate among the main economic actors on its origins and possible solutions. This article aims to analyze the impact of the crisis and the disputes between the government, the Parliament and the main business organizations. Based on scarcely explored sources, the article reconstructs the strategies of economic actors in the face of the crisis and its impact on the economic policies of the late 1930s and early 1940s. The study of this episode of crisis aims to contribute to a wider discussion of the dynamics of Import Substitution Industrialization (ISI) in Argentine
Keywords: Economic policies; Crisis; Textile industry; Business associations.
INTRODUCCIÓN
A partir de la década de 1930, la industria textil lideró el crecimiento del sector manufacturero, impulsando la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en la Argentina. Estimulada por los cambios en los precios relativos derivados del abandono del patrón oro, la devaluación monetaria y el incremento de los aranceles a principios de los años treinta, la fabricación local de textiles permitió una acelerada sustitución de importaciones especialmente en las subramas algodonera y del rayón1. Sin embargo, entre 1937 y 1938, una mejora temporaria del sector externo, alentó el incremento de la competencia extranjera. Entonces, la industria textil se sumergió en una profunda crisis que la colocó, por primera vez en su corta historia, en el centro del debate público. El gobierno, el Parlamento, los círculos empresarios y sindicales discutieron las causas de la recesión, las características que había asumido el crecimiento sectorial y las perspectivas que se abrían en el contexto del inminente estallido de la guerra. En suma, se trató de una coyuntura marcada por el deterioro del sector externo, la caída del nivel de actividad y del empleo sectorial.
El crecimiento acelerado y la primera recesión de la industria textil argentina durante los años treinta se dieron en un periodo de grandes transformaciones en el comercio mundial de textiles, con la declinación británica (iniciada en la primera posguerra) y el fortalecimiento de la competitividad de la producción de textiles de algodón nipón a partir de la integración vertical de las grandes firmas en la fase del acabado y el incremento de la productividad basado en la introducción de innovaciones tecnológicas como telares automáticos, equipos de hilandería de alto calado y aire acondicionado2.
El análisis de la expansión y crisis de la industria textil argentina es importante si consideramos que ella se convirtió en la rama líder del sector manufacturero en los años treinta, momento en la industria impulsó el crecimiento de la economía argentina y del empleo. Si bien contamos con diversos estudios generales sobre el periodo de entreguerras3, todavía conocemos poco sobre la historia de las principales ramas industriales y, mucho menos, acerca del comportamiento de los diversos sectores en las coyunturas de recesiones o crisis4.
El objetivo de este artículo es, en primer lugar, analizar el impacto de la recesión de 1938 sobre la industria textil. En segundo término, estudiar las controversias entre los actores económicos y sociales sobre los orígenes de la crisis y las estrategias propuestas para superar los problemas sectoriales. Por último, examinar las políticas implementadas entre 1938 y 1940 en lo relativo a la resolución de algunas de las dificultades que afrontaba el sector. A partir de esta triple aproximación al tema, esta investigación se propone contribuir a una discusión más amplia en torno de la dinámica de la ISI en la Argentina de entreguerras.
LOS DATOS: LA CRISIS TEXTIL DE 1938
La Gran Depresión abrió una nueva etapa en la historia económica argentina. La caída de los precios internacionales de los productos de exportación y la retracción del flujo de capitales extranjeros, provocó el deterioro de la balanza de pagos. Inicialmente, el gobierno de Hipólito Yrigoyen respondió a la crisis con la suspensión de la convertibilidad y otras medidas menores, pero la profundización de la crisis en 1931, destruyó las esperanzas de un retorno temprano a la normalidad5. Por el contrario, la caída de los precios de exportación se acentuó y la posición externa del país quedó muy comprometida. Para entonces, la gravedad de la crisis había obligado a la dictadura del general José Félix Uriburu a tomar medidas más radicales como la devaluación de la moneda y la implantación del control de cambios. Con el propósito de alcanzar el equilibrio fiscal, el gobierno militar contrajo el gasto público y creó nuevos impuestos. Luego de aplicar nuevas medidas ortodoxas, el gobierno de Agustín Justo puso en marcha, en noviembre de 1933, una nueva política económica consistente en una nueva devaluación, el desdoblamiento del mercado cambiario, la puesta en marcha de medidas de intervencionismo estatal como la creación de las Juntas de Producción y un programa de obras públicas.
En la historiografía argentina predomina la hipótesis que la recuperación del ritmo de actividad económica a partir de 1933 no resultó tanto de ese conjunto de medidas –que se conoció como Plan de Acción Económica- como de un contexto internacional que alivió parcialmente las dificultades del sector agrícola. Según O’Connell (1984) se trató de una recuperación de los precios de los cereales originada en el retiro temporario de los principales competidores de la Argentina como Estados Unidos y Canadá, naciones que padecieron un ciclo de sequías entre 1933 y 19366. El mantenimiento del nivel de exportaciones de carnes al mercado británico, asegurado por el Pacto Roca-Runciman de mayo de 1933, y el ingreso de capitales extranjeros mejoraron la situación del sector externo. Con el aumento de la oferta de divisas, se incrementó el consumo privado, los gastos públicos y las importaciones. Luego de superar la contracción entre 1929 y 1932, la actividad económica retomó el crecimiento, impulsada por el sector manufacturero. Durante la década de 1930 la tasa de crecimiento apenas rozaría el 1,8% anual en tanto que la industria crecería al 3,4%. En este último sector, la fabricación de hilados y tejidos se mostraría como la actividad más dinámica alcanzando un ritmo del 10% anual7.
Sin embargo, a finales de la década, una coyuntura más compleja reveló hasta qué punto la economía argentina no había logrado eludir los riesgos propios de la especialización agroexportadora. La combinación del descenso de los precios mundiales de los cereales, causada por la recuperación de la producción de Estados Unidos y Canadá, y una grave sequía en las pampas provocaron una caída vertical de la oferta de divisas. A ello se sumó el efecto de la salida de capitales de corto plazo que habían ingresado en la fase expansiva del ciclo. Como la demanda de libras y dólares se había incrementado debido a la expansión del consumo y las importaciones, las nuevas tensiones desatadas a mediados de 1937, provocaron un déficit en el balance de pagos8. En este marco, estalló la crisis textil de 1938.
El cuadro 1 presenta algunos datos generales para la industria textil primaria, es decir la fabricación de hilados y tejidos. Se observa el importante crecimiento de la producción, el número de fábricas y el personal empleado que tuvo lugar en los años finales de la década de 1930 y los primeros años de la siguiente. En segundo lugar, queda claro que la recesión textil tuvo sus efectos principales en 1938, el único año que denota una contracción de los rubros principales, con excepción del número de empleados. Como veremos más adelante, las cifras anuales esconden que la contracción se inició en el segundo semestre de 1937, por lo tanto su duración fue algo más prolongada. De cualquier manera, se trata de una recesión breve, que sería rápidamente superada a partir de 1939.
Cuadro 1: Evolución de la industria textil primaria Número de fábricas, personal y valor de la producción, 1935-1941
Fuente: Elaboración propia sobre la base de base Dirección General de Estadísticas de la Nación (en adelante DIGEN), 1944; y “Estado de la industria textil primaria al 31 de diciembre de 1939”, reproducido en Gaceta Textil, enero y febrero de 1941: 29-38.
El gráfico 1 reúne los principales índices de la recesión: la variación anual de los obreros empleados y del valor de la producción para el conjunto de la industria hilandera y tejedora, y para las principales subramas. Resulta claro que la crisis de 1938 fue muy aguda en términos de la caída del valor de la producción industrial, y algo más leve en cuanto a los obreros ocupados. Además, puede apreciarse que su impacto distó de afectar a todas las especialidades textiles. La coyuntura de 1938 fue muy negativa principalmente para las tejedurías de rayón y las de punto, pero en cambio la fabricación de medias tuvo un desempeño muy positivo, continuando el progreso de los años previos. Por cierto, la fabricación de hilados y tejidos de lana y algodón, la subrama más importante, mostró un comportamiento declinante, particularmente en el valor de la producción, que es similar al conjunto del sector. En cambio, la caída del empleo resultó mucho menos pronunciada.
Gráfico 1: Variación anual de la ocupación obrera y el valor de la producción en 1938 (en porcentajes). Fuente: Elaboración propia sobre la base DIGEN, “Estado de la industria textil primaria al 31 de diciembre de 1939” reproducido en Gaceta Textil, enero y febrero de 1941: 29-38.
Si desagregáramos los datos por las dos principales subramas (lana y algodón), observaríamos que la crisis se concentró en ésta última –la de más reciente desarrollo- y particularmente en la producción de hilados. El relevamiento realizado por la Junta Nacional del Algodón sobre esa subrama permite observar la coyuntura con mayor precisión. Por un lado, la producción de hilados descendió en 1938 un 5,4%. Pero en cambio, el trabajo diario por huso registró una caída más pronunciada del 22%9. Por el otro, la producción de tejidos de algodón declinó un 7,9%. Sin embargo, en este punto, los subsectores que empujaron la recesión fueron la producción de tejidos mezcla, de punto y medias, que se contrajeron un 40%, 18%, 12% respectivamente. En cambio, la fabricación de tejidos a lanzadera, la principal producción de las tejedurías, se mantuvo estancada10. En este caso, también disminuyó el trabajo diario por telar en un 19%. La diferencia entre el estancamiento de la producción y la caída del trabajo diario por telar, se debió como en caso de las hilanderías, al aumento de los equipos instalados.
En resumen, luego de varios años de expansión, a mediados de 1937, la industria textil se sumergió en una recesión que alcanzó sus mayores dimensiones en 1938 y se prolongó hasta finales de ese año. Una combinación de factores estaba por detrás de la crisis: la contracción de la demanda, el incremento acelerado de la producción textil entre 1935 y 1937, y la recuperación de las importaciones de textiles que sin embargo no alcanzó los niveles de 1929. La caída de la producción, la reducción del nivel de actividad y la expulsión de mano de obra en algunas subramas en el marco de un recesión interna provocada por el fracaso de las cosechas y la caída de los precios mundiales de los cereales, colocaron a la industria textil en el centro de un debate que enfrentaría a diversos actores sociales y políticos.
LAS FUERZAS CONTENDIENTES
Las controversias que estallaron con motivo de la recesión de 1938 deben enmarcarse en las transformaciones estructurales que se produjeron a partir de la Gran Depresión y sus repercusiones sobre la elite económica. Como se sabe, al calor de la crisis, se produjo una apreciable transformación en el seno de las clases propietarias, en cuya cúspide se ubicaba el empresariado vinculado a las finanzas y el comercio, los ganaderos invernadores y, en forma subordinada, el empresariado industrial11. La crisis golpeó con mayor fuerza a la pequeña y mediana burguesía agraria en tanto que durante los años treinta, gracias a la sustitución de importaciones, se fortaleció la presencia de un nutrido sector de empresarios industriales no ligados directamente a la gran burguesía agraria, comercial y financiera.
Las discusiones surgidas por la crisis textil alentaron la constitución de una “alianza proteccionista” integrada por la dirigencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), la más importante entidad representativa del sector manufacturero, los empresarios textiles, y las organizaciones gremiales que agrupaban a los trabajadores y empleados. Esta alianza asumió una actitud ofensiva al plantear, a mediados de 1938, el problema de la crisis y demandar del Poder Ejecutivo y del Parlamento medidas de protección y aliento sectorial. Frente a ellos, se conformó un grupo de interés integrado por los empresarios importadores y del sector comercial. En cambio, ni los productores agrarios pampeanos ni las diferentes entidades que los representaban se sumaron a los debates. En este caso, los límites de la impugnación de la alianza proteccionista tal vez desalentó el apoyo de las entidades agrarias, más preocupadas por el fracaso de la cosecha y la caída de los precios producida durante esa coyuntura. En cualquier caso, como veremos, se destacó la debilidad de los planteos realizados por el sector comercial importador.
Por último, las controversias se trasladaron hacia el interior del estado. El Parlamento, la Dirección General de Estadística de la Nación (DIGEN) y el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) analizaron las causas de la crisis y plantearon soluciones12. Como veremos, en esa coyuntura, predominó una postura cautelosa frente a las demandas del empresariado industrial y el gobierno de Ortiz tuvo escasa disposición de tomar medidas a favor del cierre de la economía y la industrialización.
La ofensiva de la alianza proteccionista alcanzó su punto culminante en julio de 1938. El 6 una comisión de industriales, encabezados por el presidente de la UIA Luis Colombo, se reunió con el presidente Roberto Ortiz. La comisión estuvo integrada por algunos de los más importantes empresarios textiles como Miguel Campomar (Campomar & Soulas), Manuel Fontecha Morales (Manufactura Algodonera Argentina), Carlos Grether (Mitau & Grether), Francisco Prati (Compañía General Fabril Financiera), Walter Pels y Jaime Salzmann (Salzmann & Cía.)13. El memorial presentado sostenía que la industria textil atravesaba una situación grave e imprevista cuyas causas residen exclusivamente en el exterior14. El origen era el vuelco de tejidos importados provenientes de Japón, Alemania e Italia, países con costos salariales reducidos y el uso intensivo de mano de obra femenina e infantil. El documento recordaba que no era la primera vez que la industria argentina enfrentaba maniobras de dumping, gracias a la displicencia oficial en proteger al sector:
Lo sufrimos ya con el vidrio plano de Bélgica, que obligó a cerrar la fábrica argentina en plena prosperidad, y luego elevó los precios a su arbitrio, hasta recobrar las pérdidas ocasionadas por la campaña y obtener después ganancias fabulosas. Luego siguieron la misma suerte los industriales del aceite, el arroz, la sal, los juguetes, las lámparas eléctricas, etc. A pesar de ello, y de que en cada caso esta institución puntualizó los hechos y pidió la defensa indispensable por medio de una ley antidumping, nada se ha conseguido hasta el presente15.
La UIA reclama entonces la sanción de una ley antidumping y la cesión al Poder Ejecutivo de la facultad de incrementar los derechos aduaneros ante estas maniobras. Un argumento clave de los industriales consistía en resaltar el papel del sector como generador de empleo. En este sentido, los empresarios se presentaban como defensores del trabajo nacional y protectores de los obreros y empleados argentinos:
El cariño y la preocupación de los industriales por el adelanto y la independencia del país se ha concretado en diversas iniciativas que, al poner en evidencia su permanente atención por todo lo que signifique un perfeccionamiento de esa rama industrial, no ha olvidado a la masa trabajadora, a quien ha estimulado con la uniformidad de los salarios, estableciendo un mínimo para los obreros de la lana y del algodón, con la intervención del Departamento Nacional del Trabajo. Ha facilitado también el aprendizaje y perfeccionamiento de los obreros, llegando hasta sostener escuelas con ese fin de las que egresan técnicos argentinos de las diversas categorías con el dominio de una profesión útil y lucrativa
Para los empresarios, este compromiso con los trabajadores, contrastaba con la situación reinante en aquellos países que amenazaban destruir a la industria local, particularmente el Japón. Para la UIA, el origen del dumping provenía de los salarios muy bajos, la extensa jornada laboral y la ausencia de toda legislación social. Se trataba pues, de una competencia desleal, que al amenazar al cuerpo social, no podía ser más que castigada mediante la protección a la industria textil.
Debido a esa competencia desleal, el sector se encontraba en una profunda crisis. En cambio la UIA prefería desestimar el papel del rápido crecimiento de la industria local y el debilitamiento de la demanda doméstica. Según los empresarios, en el término de un año, la actividad económica se habían reducido a la mitad, expulsando al 40% de los obreros y reduciendo los jornales de quienes seguían empleados. Se denunciaba así que algunas fábricas sólo trabajaban dos o tres días por semana y que otras firmas habían cerrado por tiempo indeterminado16. Como se observa el diagnóstico era muy grave e interpelaba al gobierno a tomar medidas.
Unos días antes, el 1 de julio, los empresarios textiles habían logrado el apoyo de la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción (CACIP), una entidad empresaria fundada en 1917 que reclamaba la representación de todos los sectores empresarios. Una delegación de la entidad entrevistó al ministro del Interior Pedro Groppo. En un documento presentado en esa ocasión la entidad señaló que la crisis textil coincidía con el incremento extraordinario de las importaciones de tejidos, lo que invitaba a preguntarse sobre si esa era su causa determinante. Para la CACIP, la gravedad de la crisis era tal que amenazaba con perjudicar a toda la economía:
(…) afecta por igual a los productores de materias primas que ven perder su mercado natural, a los obreros que quedan cesantes, o bien ven reducirse sus salarios junto con las horas de trabajo, y el país, en general, a través de la reducción del poder adquisitivo de grupos importantes, lo que a su vez afecta a todos los restantes17.
Si bien la recesión se focalizaba en la industria textil, se sostenía que lo que hoy acontece con esa y otras industrias bien puede suceder mañana aquí, como ha sido el caso en otros países, con todas las demás ramas de la producción. La causa de la crisis estribaba en la guerra comercial que caracterizaba el intercambio entre las naciones. Uno de los instrumentos de esa guerra era el dumping, que alentaba la caída de los precios. Pero a diferencia de las reducciones de precios que se originaban en el incremento de la producción, en estos casos, no había límites para la deflación. Por eso, reclamaba la intervención del estado, que era justificada en estos casos: provocada y amparada por el estado, solo el estado puede defender a quienes son víctimas de esa política18. Esa intervención estatal no negaba el librecambio si no que servía para ampararlo: De poco vale la libertad política sino hay libertad económica, y el dumping sin duda alguna, destruye esa libertad, desde que subordina las condiciones en que se desenvuelve la producción de un país a las que otros quieren imponerle. La entidad reclamaba la sanción de una legislación antidumping y la creación de un organismo que al tiempo que estudiara la existencia o no de maniobras de dumping, impidiera la conformación de mercados oligopólicos.
El bloque empresarial se vio fortalecido por la expresión de los sectores del trabajo y la inquietud que creaba en la economía urbana la pérdida de puestos de trabajo. De todas formas, la posición del gremio textil y de los trabajadores distó de apoyar completamente los reclamos patronales. Si bien los dirigentes obreros alzaron su protesta contra los despidos y la reducción de los salarios, al mismo tiempo rechazaron las maniobras de los empresarios textiles para presentar ante la opinión pública y las fuerzas políticas un frente homogéneo a favor de la protección de la industria nacional.
La Unión Obrera Textil (UOT) era el principal gremio del sector y uno de los principales sindicatos de base industrial. Desde comienzos de 1938, el sindicato era conducido por dirigentes socialistas obreros y comunistas que se habían aliado en el marco del llamamiento del Partido Comunista a la unidad de las fuerzas progresistas en los frentes populares. Desde entonces, el gremio había intensificado su actividad, movilizando a las mujeres que conformaban la mayoría de la mano de obra empleada, denunciando las malas condiciones laborales y los recortes salariales19.
El 27 de junio, la UOT elevó un documento al ministro del Interior, Diógenes Taboada, en el que alertaba sobre las consecuencias del paro forzoso de las actividades fabriles que amenazaba a los trabajadores. El sindicato sostenía que no se movilizaba solo para defender los intereses obreros sino para reclamar una amplia intervención en defensa adecuada para el desarrollo de la industria nacional20. Para el gremio la crisis era el resultado de diversos factores concurrentes, entre los cuales el dumping constituía solo uno. La falta de intervención estatal y la concentración económica eran las otras causas. Así, denunciaba el acaparamiento de las materias primas por parte de empresas extranjeras, el desorden de la industria y la falta de reglamentación en el trabajo. El memorial sostenía que la única rama que no sufría la recesión era la lanera y ello se debía a la firma, en marzo de 1937, del primer convenio colectivo a favor de los trabajadores textiles de la Capital y el Gran Buenos Aires21. Gracias a este convenio, que había introducido la indemnización por despido, esa subrama había padecido menos la expulsión de trabajadores, aunque había declinado el número de horas trabajadas22. La UOT proponía que los empresarios y el estado se avinieran a alcanzar convenios colectivos para las ramas de algodón y seda que sirvieran para uniformar y escalafonar [sic] los salarios y para conseguir para los obreros textiles, la estabilidad en sus puestos.
En ese contexto, el 14 de julio un Comité de Obreros Textiles contra el Dumping compuesto por obreros representantes de las distintas fábricas entregó un memorial a la secretaría de la Presidencia en el que señalaba que unos 30 mil obreros habían sido expulsados de la industria y que se temían mayores reducciones de salarios y nuevos despidos. El memorial, que no era firmado por ningún gremio, informaba que los empresarios habían respondido a las demandas del Comité sosteniendo que no podían hacer nada frente al incremento de las importaciones lo que hacía que los tejidos nacionales no se puedan vender y por lo tanto tenían que reducir la producción. En consecuencia, el Comité recalcaba que los trabajadores constituían los principales perjudicados por la recesión:
Esta situación, que para los señores industriales será más o menos grave, pero que, de todas maneras, les permitirá seguir viviendo con sus familias, no es de la misma importancia para nosotros los trabajadores, para quienes el trabajo diario es el único sostén de nuestros hogares, y a la falta de este nos encontramos expuestos de inmediato al hambre, por no contar con otros recursos. Podemos asegurar al señor presidente que en muchos hogares obreros ha entrado ya la miseria23.
Ese mismo día la UOT presentó otro documento dirigido al presidente Ortiz en el que acusó a los industriales por organizar y financiar ese Comité con el propósito de presionar al estado para la adopción de una política proteccionista en interés exclusivo personal:
La Unión Obrera Textil considera una falta de respeto al primer magistrado de la República (…) que ciertos industriales han sido los gestores de la misma, ejerciendo presión sobre los obreros, pagándoles el jornal diario, costeando viáticos de los gastos que demanda la entrevista y la visita a diarios y transmisoras de radio, lo que demuestra que se persigue fines de lucro personal24.
En rechazo a esta postura, la UOT reclamaba a Ortiz que el auxilio a la industria textil se expresara también en la elevación del nivel de vida de los trabajadores.
En suma, el gremio textil propiciaba la adopción de políticas de apoyo a la industria y de defensa contra el dumping provocado por países fascistas, pero al mismo tiempo rechazaba las maniobras de los empresarios tendientes a obtener mayor protección sin ningún tipo de regulación interna del trabajo. No sólo debía combatirse el dumping sino también la competencia desleal y ruinosa de algunos industriales sin escrúpulos que explotaban a los trabajadores25. En consecuencia, reclamaba que los capitalistas reconocieran a la UOT como actor legítimo para negociar salarios y condiciones laborales bajo la tutela de los Departamentos Nacional y Provincial del Trabajo.
¿Cómo respondieron las fracciones del empresariado ligado al comercio importador de textiles? Especial relevancia tuvo la intervención de los representantes del comercio japonés. Las relaciones comerciales entre la Argentina y Japón venían siendo objeto de gran interés por parte de ambos gobiernos. Para la Argentina, el Japón constituía un potencial mercado para las carnes y eventualmente la entrada de los exportadores argentinos al mercado asiático. Para el gobierno nipón, el mercado argentino –un cliente muy marginal de la industria japonesa- podía convertirse también en la puerta de acceso al mercado sudamericano y a nuevas fuentes de materias primas, especialmente la lana. El interés del gobierno de Justo se había expresado en la formación de una comisión de estudios en 1936 que recomendó la negociación de un convenio bilateral con el Japón26. Si bien el convenio comercial recién fue firmado en 1940, en el ínterin el intercambio argentino japonés creció, aunque las importaciones provenientes de ese país sólo representaron el 4% del valor total entre 1935 y 193827.
En realidad, en el periodo de entreguerras, el Japón puso en marcha una activa política de conquista de nuevos mercados para sus productos industriales entre los cuales se destacaban los textiles de algodón. Esta expansión comercial se focalizó sobre todo los mercados del sudeste asiático, pero también amenazó a las ventas de textiles británicos en países de la Commonwealth como Australia, Nueva Zelanda y Canadá28. En el caso del mercado argentino de textiles, la competencia japonesa se incrementó a finales de los años treinta. Así, por ejemplo, en textiles de algodón, los productos japoneses pasaron de representar el 10% del total en 1935 (un nivel similar al de 1928) a un 27% en 1937, superando ese año los productos británicos29. No sorprende entonces que el incremento de las importaciones japonesas fuera visto como una amenaza para los importadores británicos y los industriales locales.
La acusación de los industriales contra la introducción de productos japoneses fue rechazada por la Cámara de Comercio Japonesa. La Cámara negó las acusaciones sobre dumping realizadas en los medios industriales y afirmó que éstos tenían como objetivo alentar al gobierno a tomar, en una coyuntura de crisis, medidas que les permitirían a los empresarios locales imponer un verdadero monopolio de la producción textil, cerrando las puertas a la manufactura extranjera para luego imponer sus precios y calidades en perjuicio del consumidor argentino30. Para la entidad era claro que el mercado argentino estaba protegido dado que hasta ese momento la industria textil había alcanzado un gran progreso y sus principales empresas obtenían importantes utilidades.
Los importadores japoneses sostenían que la Argentina solo contaba con una producción exportable de carnes y cereales, por tanto sus importaciones estaban condicionadas a la necesidad de sus clientes de vender manufacturas al país. Entonces, interpretaban que era inevitable que la industria sufriera en ocasiones algo, dado que las exportaciones constituían los intereses mayoritarios del país. Cerrar el mercado no podía ser la solución, mucho menos ante el futuro promisorio del Japón como mercado de alimentos, que podía un día llegar a ser el sustituto de esos pueblos de occidente con los que la economía argentina estaba tradicionalmente ligada31.
Según la Cámara, la crisis textil respondía a dos causas fundamentales: la primera, era la excesiva producción local alentada por los empresarios textiles que habían llegado a trabajar durante tres turnos, empleando mayor mano de obra, y acumulando stocks que ahora no podían liquidar. Por supuesto, el verdadero perjudicado resulta ser el obrero que no tiene trabajo, por error de aquellos en exagerar la fabricación32. La segunda causa era coyuntural: la caída de la cosecha de cereales y la declinación de los precios de las exportaciones que habían comprimido el ingreso nacional y la demanda interna. La conclusión era que no se necesitaban nuevas reformas proteccionistas: la crisis que experimenta actualmente el país, será resuelta automáticamente con el aumento del poder adquisitivo de la población, consecuencia natural del resurgimiento económico argentino y de la disminución en las importaciones que no ha de tardar en manifestarse33.
Muy pronto, las controversias entre los contendientes se trasladaron al Parlamento. Por iniciativa del diputado socialista Enrique Dickmann, en julio de 1938, se inició un debate en torno a las características del desarrollo de la industria textil, las condiciones laborales y el comercio exterior. Precisamente, Dickmann fue quien propuso la constitución de una comisión investigadora de cinco miembros que tuviera como propósito aconsejar las medidas necesarias para remediar su actual estado de crisis34. A esta iniciativa se agregó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, formulado por el radical Julián Sancerni Giménez, en el que solicitaba que el gobierno aclarara el origen de la crisis, su gravedad, la evolución de las importaciones y las medidas o leyes que el gobierno estaba proyectando para resolver la situación de los desocupados35.
La posición de la bancada socialista se expresó a través de las intervenciones de Dickmann y Nicolás Repetto. Los socialistas sostuvieron que la crisis textil era producto de un conjunto de causas concurrentes. En primer lugar, se trataba de una crisis de sobreproducción originada por la multiplicación de fábricas y talleres que sin conocimiento, sin capital se habían dedicado a la producción textil, amasando grandes y rápidas fortunas. Incluso, sostenían que la especulación en torno al negocio textil había fomentado una industria domiciliaria que, sobre la base de salarios de acuerdo a la producción, fomentaba el incremento de la oferta por encima de la capacidad de absorción del mercado. En segundo lugar, los socialistas no descartaban maniobras de dumping por parte de los competidores internacionales. Un tercer origen, remitía a la desigual distribución del ingreso que limitaba la demanda doméstica. Como advirtió Repetto:
Los males de esta industria no podrán ser corregidos sino aumentando la capacidad de consumo del pueblo argentino. Mientras nosotros, los argentinos, no pongamos a la población del país en situación de consumir la producción viviremos en crisis permanentes, porque tratándose de la industria textil, que se halla principalmente en las viejas y experimentadas manos de muchas naciones europeas, no será fácil que podamos llevar al mercado exterior los sobrantes de nuestra propia producción. Todo lo que se produzca en la Argentina en materia textil tiene que ser consumido por el pueblo, y para que este hecho se verifique es necesario que demos al pueblo la posibilidad de un consumo creciente de estas materias textiles36.
El análisis de la crisis textil por los socialistas revelaba los cambios ideológicos que venían produciéndose en el Partido desde la Gran Depresión. En efecto, el énfasis en la redistribución de la riqueza y el aliento al mercado doméstico formaba parte de las nuevas concepciones que, introducidas por Rómulo Bogliolo y José Luis Pena, implicaban un alejamiento de la ortodoxia monetaria, la crítica a la vieja postura librecambista del Partido y el apoyo a la planificación socialista37. La posición de Repetto, líder del partido y de la vieja guardia dirigente, ponía de relieve hasta qué punto habían avanzado estas nuevas propuestas, aunque como veremos los principales dirigentes no revaluaron su rechazo al proteccionismo industrial.
Por su parte, la posición del radicalismo valorizaba el papel de la industria argentina. Para el diputado porteño Julián Sancerini Giménez la crisis tenía su origen en el dumping provocado por las naciones industrializadas como Japón, Italia y Alemania. Por lo tanto, el diputado exigía al gobierno medidas adecuadas para no matar la gallina de los huevos de oro38. Invirtiendo el análisis de los socialistas, sostenía que para que la industria pagara salarios adecuados era imprescindible que el gobierno amparara el sector frente al dumping: sólo a industrias prosperas se le puede exigir el pago de salarios adecuados39. Entre los argumentos en defensa de la aplicación de políticas proteccionistas reemergía la idea de que la industrialización evitaría el pavoroso problema de la desocupación.
Finalmente, Simón Padrós, empresario azucarero de orientación conservadora, se acercó a las posiciones del diputado radical para reclamar la intervención del estado en la protección de la industria. Para el empresario azucarero, la crisis que atravesaba la Argentina desde principios de la década tenía que ver con la pérdida de ingresos de los agricultores. A ello se sumaban los efectos del dumping originado en políticas oficiales y en los bajos costos laborales de los países exportadores de textiles40.
Aunque con matices, existía entonces un amplio consenso sobre las causas que habían provocado la crisis. En cambio, donde el acuerdo se diluía era en la posición del Parlamento. Los conservadores propusieron votar el pedido de informes del diputado radical, con la idea de que el gobierno estaba elaborando proyectos de ley. En cambio, rechazaban la constitución de una comisión investigadora. Pero a la hora de la votación, la Cámara se quedó sin quórum, y no pudo votar ninguno de los dos proyectos. No obstante, al siguiente día, la Cámara votó el pedido de informes del diputado alvearista Sancerini Giménez. Un año más tarde, en agosto de 1939, el Parlamento aprobó la constitución de una comisión investigadora sobre la industria textil, como había pedido Dickmann, aunque finalmente después de la renovación de la Cámara Baja, la comisión no logró constituirse por el desinterés del oficialismo41.
La expresión de las entidades empresarias, las organizaciones sindicales y el Parlamento obligó al gobierno a analizar la cuestión, formular un diagnóstico y proponer soluciones. Se dispuso que el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Trabajo (DNT) realizaran estudios sobre la situación del sector y las causas de la recesión. La Dirección General de Estadística (DIGEN), por ejemplo, realizó una encuesta sobre unas 200 empresas que se consideraban, por su importancia económica, representativas de la rama. El informe señaló que la crisis afectaba a las subramas de algodón, lana y seda, y más específicamente en la producción de hilados y tejidos. En cambio, artículos de punto y medias, que desde 1935 había crecido a menor ritmo, no habían padecido con la misma gravedad la coyuntura, por lo que sostenía que ese sector se encontraba en cierto modo al margen de la depresión42. Para la DIGEN el análisis de la evolución de la producción y las importaciones permitía aseverar que la crisis era producto de la confluencia de una mayor producción, por ampliación de las fábricas y la inauguración de nuevas empresas, así como por el aumento de las importaciones. En definitiva, el mercado no ha podido descongestionarse de la cantidad de artículos textiles que a él concurrieron43.
Por su parte, el DNT inició una investigación sobre la capacidad de producción del sector durante la década de 1930 y los problemas vinculados a los salarios, la jornada laboral y la mano de obra. El informe es bien conocido y sirvió de base para análisis históricos sobre las características del crecimiento industrial en los años treinta, aunque sus datos provenían solo de la Capital Federal44. El estudio fue preparado por la División Estadística dirigida por José Figuerola y presentado por el presidente del DTN, Emilio Pellet Lastra. A partir de los datos relevados, se señalaba que la expansión industrial había dado lugar a un aumento notable, aunque a ritmo menor que la producción, de la mano de obra empleada. La implantación de nuevas empresas con instalaciones modernas y, sobre todo, la introducción de telares automáticos en las tejedurías de algodón, habían alentado una mayor retención de personal masculino adulto en detrimento del trabajo de mujeres y menores.
Para el DNT, las ramas que habían incrementado su producción eran la de seda y de algodón, en tanto que la fabricación de textiles de lana se había crecido a menor ritmo. No obstante ello, la crisis era general, aunque se daba con mayor fuerza sobre las dos primeras subramas. ¿Cuál era el origen de la recesión? El informe no buscaba determinar sus causas, pero mencionó al pasar que las diferencias en el comportamiento de las subramas indicaban que las políticas estatales podían hacer mucho por salvaguardar al sector. El aumento de la producción vía multiplicación de talleres en la subrama del rayón era el origen de la crisis. En cambio, en la hilandería de algodón, el mismo incremento de la producción no había provocado la recesión debido a que la protección había permitido al sector desplazar las importaciones45.
El estudio ponía la atención sobre el alto nivel de racionalización de la industria –la más moderna de América Latina- que gracias a sus modernas maquinarias, incrementó la productividad del trabajo. Este proceso había desacelerado el desplazamiento de la mano de obra masculina adulta. De esta manera, el informe afirmaba que se ha volcado a la industria textil una gran cantidad de hombres, rompiendo los hábitos y tendencias que esta industria había reflejado en su sucesivo desarrollo46.
Otro aspecto de interés, mencionado al pasar en el documento, era la afirmación de que la crisis en la subrama lanera no generó una gran expulsión de la mano de obra. Por el contrario, las tejedurías redujeron su jornada laboral pero reteniendo la mano de obra. Por supuesto, los salarios habían disminuido, básicamente porque en el sector se había aplicado el pago a destajo47. Aunque el estudio no se atrevía a establecer relaciones entre esos factores, esa subrama había sido la primera en la que se aplicaron convenios colectivos de trabajo.
Estos informes fueron presentados al Parlamento en esas fechas, pero ya en septiembre de 1938, el presidente Ortiz y el ministro de Agricultura, José Padilla, habían remitido al Congreso un documento que respondía las preguntas formuladas por el diputado radical Sancerni Giménez y los socialistas Dickmann y Repetto. El estudio oficial partía de analizar el origen de la expansión industrial textil, a la que consideraba acentuada por la protección aduanera a partir de 1931. Se mencionaba que durante los años treinta las empresas habían trabajado incluso durante tres turnos, sustituyendo los productos anteriormente importados y dando lugar a la formación de trabajadores especializados. A la hora de analizar las razones de la caída, sostenía que se trataba principalmente de una crisis de sobreproducción. La recesión también reconocía un origen en la crisis del sector externo y la contracción del ingreso nacional. En cambio, desestimaba el papel de las importaciones. En efecto, contrariamente a lo que sostenían los empresarios industriales, el gobierno consideraba que no se habían producido cambios apreciables en la evolución de las importaciones de textiles, que habían variado tanto como el conjunto del comercio exterior argentino48. En realidad, las importaciones se habían incrementado con respecto al periodo previo a 1935 como respuesta algo tardía a la mejora del ingreso nacional. A pesar de desestimar el papel de las importaciones, el gobierno declaraba su propósito de enviar al Parlamento un proyecto de ley antidumping. Finalmente, sobre la legislación laboral, se mencionaba que el DNT vigilaba estrictamente su cumplimiento y que no había denuncias sobre la violación de las regulaciones ni de la existencia de listas negras de dirigentes obreros49. La conclusión a la que arribaba el gobierno era particularmente optimista al sostener que la recesión:
(…) alcanza de manera especial, a algunos establecimientos, mientras otros, si bien sufren sus efectos, no han resultado ellos suficientes para paralizar parcialmente su actividad. Quiere decir que la situación del negocio textil, como conclusión general, debe observase más bien como el reflejo de una desordenada acción interior agravada por una incontrolada acción externa a su propia existencia50.
La imagen de una crisis originada en la sobreinversión previa ganaría el favor de los burócratas vinculados al accionar económico del estado. Estos lo emplearían como una advertencia frente a las nuevas condiciones en que funcionaría el sector industrial durante la guerra51.
EL DEBATE OLVIDADO. EL CONGRESO Y EL PROTECCIONISMO EN 1938
El debate sobre el origen de la crisis textil se insertó en una controversia previa que, aunque permanecía larvada, retornó al primer plano del escenario político: las discusiones sobre la política arancelaria52. En realidad, a mediados de 1937, diversas organizaciones del comercio habían retomado su campaña a favor de la reducción del arancel adicional de 1931. Entre ellas figuraban las más importantes vinculadas al comercio importador: la Cámara Argentina de Comercio, la Unión de Asociaciones de Importadores -que agrupaba a las principales organizaciones del comercio importador encabezadas por el Centro de Importadores53-, la Cámara de Comercio Británica en la Argentina y la Cámara Gremial de Representantes54. En el documento remitido por la primera al presidente de la Cámara de Diputados, se cuestionó el mantenimiento del gravamen adicional del 10% argumentando que la crisis fiscal que había justificado su instauración estaba superada. Según el memorial, el superávit financiero que la exitosa cosecha de ese año aseguraba permitiría anularlo. Paralelamente, convocaba al Poder Ejecutivo a reducir sus gastos como otra vía para crear las condiciones que permitieran eliminar la presión impositiva. Además, la Cámara Argentina de Comercio sostenía que la reducción de las tarifas aumentaría las importaciones, beneficiaría al consumidor, al comercio y a la verdadera industria nacional55.
La ofensiva del comercio fue acompañada por propuestas de la bancada socialista y radical en el mismo sentido. El 2 de junio un proyecto de ley del diputado socialista Manuel Palacín propició la eliminación del arancel de emergencia al que calificaba de antieconómico e impolítico, socialmente bárbaro y fundamentalmente injusto. El proyecto sostenía que el impuesto no respondía a concepto fiscal y castigaba el consumo popular, sin contar que elevaba los derechos sobre todas las mercaderías sin distinción56. La propuesta radical, realizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando el gobierno presentó el presupuesto para 1938, sostenía el mismo criterio pero abogaba por la reducción progresiva del 2% anual del adicional de manera que quedara eliminado en cinco años57.
La respuesta de la UIA no se hizo esperar. La entidad señaló las ventajas económicas de la industria que, a diferencia del comercio, implicaba una inversión cuantiosa de capitales. A ello se sumaba que el establecimiento de nuevas fábricas suponía la ocupación de un número importante de obreros, mientras que el comercio importador ocupaba sólo unos cuantos empleados58. La organización empresaria rechazó el argumento de que la elevación de 1931 dificultaba la recuperación ya que según señalaba desde 1932 las importaciones no dejaban de crecer. Tampoco se encarecían las importaciones ya que según los industriales la falta de una industria nacional era lo que permitía a los importadores obtener ganancias elevadas al impedir la competencia. Finalmente, argumentaba que el arancel de 1931 no perjudicaba las exportaciones tradicionales que estaban determinadas por la demanda externa59.
La discusión quedó postergada por la parálisis de la Cámara de Diputados en los meses finales de las sesiones ordinarias de 1937. En enero de 1938, se reinició la consideración ante la inminente inauguración del nuevo mandato presidencial. En el debate, el diputado demócrata y empresario azucarero Juan Simón Padrós sostuvo la necesidad de mantener el arancel adicional. Afirmó que el país había vivido mirando hacia el exterior sin preocuparse por la industrialización de sus productos durante muchos años; mientras que desde la última guerra se había acelerado la diversificación de la estructura productiva. Este proceso invitaba, según el diputado tucumano, a mirar con relativa tranquilidad las nuevas crisis cíclicas que fatalmente atravesará el mundo y a las que la Argentina no podrá escapar60. Simón Padrós justificó el superávit de la balanza comercial, que se lograba en parte con el incremento de los aranceles, para hacer frente al pago de la deuda externa y la remisión de utilidades de las empresas extranjeras.
La respuesta ante la tentativa oficial de prorrogar el arancel provino, en primer término, del socialista Enrique Dickmann quien retomó la tradicional oposición de su partido ante el proteccionismo industrial. Para el diputado porteño, el arancel pesaba como una lápida sobre el consumidor puesto que implicaba en promedio una suba de los aranceles del orden del cuarenta por ciento. Paralelamente, rechazaba los argumentos que esgrimía Simón Padrós ya que según el ministro de Hacienda Eduardo Acevedo, el arancel sólo tenía motivos fiscales y no de protección industrial61. Para Dickmann, la elevación de los derechos creaba condiciones de sobreprotección en industrias que si bien se consideraban nacionales, al emplear materias primas del país como la cementera, sólo permitían satisfacer el afán de lucro y de desmedidas ganancias de los empresarios, desalentando el progreso técnico del sector62.
En la sesión del día 20 de enero el diputado radical Mario Sáenz fundamentó la postura de su sector afirmando la necesidad de defender a los consumidores contra los poderosos intereses industriales. Al día siguiente, señaló que su postura coincidía con el repudio de todos los órganos representativos de las actividades nacionales (....) y los grandes órganos de opinión La Nación y La Prensa63. El argumento evidenciaba la oscilación del partido frente al tema del proteccionismo, probablemente signado por la coyuntura política.
La respuesta de los representantes oficialistas fue doble. Por un lado, la derogación del arancel era impracticable debido a las necesidades fiscales. En este sentido, para el catamarqueño Ahumada no existía virtualmente una disidencia entre los bloques ya que él también creía que el arancel debía ser derogado, pero sólo cuando la situación fiscal lo permitiese y previa reforma del régimen impositivo64. Por otra parte, Simón Padrós, si bien no rechazaba el argumento del equilibrio fiscal, reiteraba los efectos benéficos de la protección sobre nuevas industrias y refutaba las acusaciones de socialistas y radicales sobre las altas ganancias y la situación de cuasi monopolio que la tarifa supuestamente creaba. Reiterando argumentos de la UIA, el diputado tucumano sostenía que la implantación de nuevas industrias destruía el monopolio creado por los importadores que les permitía imponer cualquier precio. A la vez, la tarifa protectora de 1931 constituía un estímulo evidente para la inmigración extranjera que se estaba reactivando y para la inversión de capitales norteamericanos65.
La doble argumentación del oficialismo generó la reacción inmediata de Dickmann quien señaló que la industria local no necesitaba protección porque estaba ultraprotegida; lo que se evidenciaba en que después de 1931 algunos chapuceros se han puesto a fabricar cosas malas y caras. Aunque no rechazó la posibilidad de que algún estímulo fuera necesario, reiteró que la sobreprotección no generaba crecimiento sino estancamiento.
El debate finalmente terminó con la propuesta de encarar una discusión más profunda sobre la cuestión industrial en otra oportunidad. La votación final del presupuesto mantuvo el arancel eximiendo de impuestos a pocos bienes como materiales para impresión, tintas y negro de humo para su fabricación local66.
El mantenimiento del arancel fue recibido negativamente por los importadores que manifestaron su decepción67. Por su parte, la UIA festejó la medida aplaudiendo la postura nacionalista de Simón Padrós y criticando a la oposición. En especial, señaló la contradicción de los socialistas que estaban atacando indirectamente las fuentes de trabajo de los obreros68.
Durante 1938 la cuestión volvió a plantearse pero en un contexto de crisis. Como en los años previos no se trató de un debate sobre la conveniencia de estimular o limitar la industrialización, ni mucho menos sobre el tipo de industria deseable. Era la cuestión fiscal la que renovaba la polémica. Dada la situación de crisis económica y el fuerte déficit fiscal resultante de la paralela reducción de las exportaciones y el incremento de las importaciones, la posibilidad de la reducción o eliminación del arancel era menor que en 1937. De cualquier forma, los opositores en la comisión plantearon la necesidad de derogar el arancel adicional. En especial, Dickmann argumentó la necesidad de reducir los gastos públicos para poder aliviar las cargas al comercio exterior. Previendo la oposición demócrata, propició la derogación progresiva del arancel durante cinco años para moderar su efecto sobre las finanzas públicas. En su reemplazo propuso incrementar el impuesto a los réditos y a la herencia como la mejor forma de sustituir el arancel de 1931 y el impuesto a las ventas. Esta propuesta era justificada por la mejor distribución de la riqueza que promovería al reducir el peso de los impuestos indirectos69. Según Dickmann había posibilidades de incrementar los impuestos directos en Argentina ya que la tasa máxima del impuesto a los réditos era de sólo 12% mientras que en Estados Unidos era del 76% y en Gran Bretaña del 64%. El diputado estimaba que el gobierno recaudaría 100 millones de pesos suficientes para cubrir los 76 millones que aportaba el arancel adicional. Si bien Dickmann proponía alternativas al arancel, contando como en 1937 con el apoyo de los diputados y de los importadores, la coyuntura no beneficiaba su propuesta. Como lo reconoció el ministro de Hacienda Pedro Groppo:
No podemos pensar (...) en elevar nuestras tarifas en el momento actual. Tampoco podemos hablar, por ahora, de desgravación. Es evidente que el régimen aduanero argentino soporta una pesada carga. Además de los distintos derechos ad valorem tiene el adicional del 10%. Todos los partidos políticos han coincidido en esta cámara en que es necesario comenzar en algún momento por una desgravación lenta hasta suprimir ese diez por ciento
Pero era necesario dejar la propuesta para los años de bonanza70. Con todo, la coincidencia oficial en la derogación del 10%, que dejaba atrás la argumentación proteccionista de Simón Padrós, no significaba la aceptación de la propuesta socialista. Al respecto, Groppo señalaba la inconveniencia de elevar el impuesto a los réditos, dado que este tributo recién había terminado de ser aceptado por los empresarios. En este sentido, la Argentina se diferenciaba claramente de los países con los que Dickmann la comparaba. Para Groppo una economía agraria ponía límites a la posibilidad de aplicar políticas impositivas que pesaran sobre los capitales. A diferencia de los países industrializados, la Argentina necesitaba atraer inversiones, por tanto no debían incrementarse los impuestos directos71.
Aunque el ministro había asegurado en el debate su acuerdo en la reducción de la protección para la industria, la actitud del gobierno era menos tajante. Por un lado, la crisis fiscal impedía en lo inmediato la reducción, de manera que la votación del presupuesto para 1939 renovó el arancel adicional72. Meses antes, sin embargo, el gobierno de Ortiz había remitido al Parlamento un proyecto de ley antidumping que constituía una respuesta a la crisis textil y una vieja aspiración de la UIA73. Por su intermedio se autorizaba al gobierno a establecer derechos adicionales frente a maniobras de dumping. El proyecto había recibido el rechazo de la Unión de Asociaciones de Importadores que señaló que la crisis no era producto de maniobras externas sino de la superabundancia de fábricas, que sobrevivían por la protección aduanera. Aunque la entidad advertía que el proyecto no era cuestionable en sí (incluso preveía la participación de representantes del comercio importador), representaba un gran peligro para el intercambio internacional74.
Era evidente que el gobierno no se mostraba dispuesto a responder a las demandas de los importadores. El proyecto de ley antidumping de 1938 así lo demostraba, y si bien no logró ser sancionado, el cambio de la coyuntura económica con el inicio de la guerra mundial hizo que la medida fuera innecesaria para la protección de la industria. Además, como consecuencia de la crisis, el gobierno había tenido que devaluar sensiblemente la moneda; reforzar el control de las importaciones extendiendo el requisito del permiso previo sobre el mercado de licitaciones; y, a través del Banco Central, expandir la oferta monetaria a fin de mantener el nivel de actividad interna y paralelamente lograr el equilibrio del balance de pagos. Ahora bien, el apoyo estatal brindado a la industria era tímido. Antes que basarse en consideraciones de desarrollo industrial, la política económica oficial privilegiaba las necesidades inmediatas de las finanzas públicas y los efectos que una apertura aduanera demasiado amplia podía provocar sobre un sector de la economía que absorbía crecientemente mano de obra y estimulaba el mercado interno.
LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE 1940
Entre 1930 y 1945, la industria se transformó en el sector más dinámico de toda la economía pero sin las ventajas que podrían haber ofrecido la implementación de políticas industriales. El crecimiento sectorial se basó inicialmente en la incorporación masiva de mano de obra no calificada, integrada fundamentalmente por mujeres y menores, en un mercado laboral escasamente regulado por el estado, donde la sindicalización obrera era muy combatida por las empresas75. La recesión de 1938, que constituyó una breve pausa en el crecimiento textil, puso de relieve la falta de un enfoque más amplio para promover la inversión sectorial. La caída de los precios internacionales de los cereales y el fracaso de la cosecha argentina, junto con una recuperación de importaciones de textiles, fue el origen de la recesión textil. Al año siguiente, la recuperación de la producción primaria exportable y una contracción de las importaciones ofrecieron un contexto macroeconómico que permitió a la rama textil iniciar la reactivación. Como se observa en el gráfico 2, el crecimiento de la ocupación obrera y del valor de la producción permitió recuperar la contracción previa, aunque la tasa de crecimiento del número de obreros en las tejedurías de punto y de rayón no compensó la caída de 1938.
Gráfico 2: Variación anual de la ocupación obrera y el valor de la producción en 1939 (en porcentaje). Fuente: Elaboración propia en base DIGEN, Estado de la industria textil primaria al 31 de diciembre de 1939, reproducido en Gaceta Textil, enero y febrero de 1941: 29-38.
El progreso sectorial se había dado hasta ese momento en el marco de una economía abierta. De hecho, los textiles continuaban siendo el principal rubro de las importaciones, alcanzando entre el 21% y el 24% del total. Este escenario se modificó durante la Segunda Guerra Mundial76. Tres fueron las principales modificaciones del entorno macroeconómico. En primer lugar, luego de los temores provocados por la caída de las exportaciones de granos en los años iniciales, se revirtió la situación del sector externo, determinado fundamentalmente por la balanza comercial. El valor y el monto de las importaciones declinaron verticalmente, lo que permitió a la Argentina acumular divisas. En el rubro textil, donde la competencia externa había jugado un papel destacado en el estallido de la recesión de 1938, el inicio del conflicto provocó el retiro de la oferta japonesa y luego de la británica del mercado atlántico. Incluso hubo un crecimiento de las importaciones desde Brasil y Estados Unidos. Como se observa en el gráfico 3, la introducción de hilados y de tejidos se redujo verticalmente con lo que la industria argentina quedó con el control del mercado interno.
Gráfico 3: Importaciones argentinas de hilados y tejidos, 1935-1945 (en toneladas). Fuente: Elaboración propia sobre la base delDIGEN, 1935-1945.
En segundo lugar, la perturbación del mercado mundial se tradujo en presiones inflacionarias debido a la escasez de insumos, materias primas y manufacturas. El gobierno argentino respondió a estas novedades con una intensa regulación del mercado local. En septiembre de 1939, el presidente Ortiz promulgó la ley 12.591 que otorgó al Poder Ejecutivo amplias atribuciones para asegurar el abastecimiento del mercado doméstico mediante la fijación de precios máximos. La ley también autorizó al gobierno a implantar cuotas y prohibiciones para la exportación de productos, así como expropiar mercaderías, medidas que comenzaron a aplicarse a partir de 1942. Esta novedad tendría importantes repercusiones en el desarrollo de la industria textil ya que esta se convirtió en el principal rubro de las exportaciones industriales durante la Guerra. Así se exportaron textiles en distintos mercados latinoamericanos, con excepción de Brasil77.
Finalmente, una tercera novedad estuvo vinculada a la reducción de la oferta internacional de equipos textiles, imprescindibles para mantener e incrementar la capacidad productiva. La rama textil, como el conjunto del sector manufacturero, estuvo mal preparada para transitar un periodo de retracción de la oferta mundial de equipos. La debilidad del tejido industrial local hizo que esos bienes fueran difícilmente sustituidos por la producción interna a precios razonables. En ese plano, las políticas oficiales se mostraron poco flexibles ante los cambios de la coyuntura internacional. En 1938, como respuesta a la depresión, el Banco Central había impuesto un permiso de cambio previo obligatorio para los importadores, un instrumento que siguió vigente hasta 1941. Para cuando el Banco Central eliminó este requisito que buscaba evitar el incremento de compromisos de pagos con el extranjero, ya no había oferta de maquinarias para casi ninguna industria. Por lo tanto, el crecimiento durante la Guerra se realizó sobre la base del uso intensivo de los equipos instalados. En menor medida, la industria local de equipos, logró algunos avances. Así, por ejemplo, en 1942, el Grupo Fabril Financiera junto con Sedalana S.A., fundaron Talleres Coghlan S.A., que erigió su planta en Munro para la fabricación de equipos de hilandería de algodón cardado, maquinaria para tejeduría, tintorería y apresto. Dos años más tarde, la empresa ocupaba cerca de 600 obreros y 40 técnicos78. Sin embargo, la producción para la hilandería de algodón promediaba 35 mil husos anuales, lo que era insuficiente para la renovación anual de la industria. La fabricación de telares también logró algún avance gracias a la instalación de empresas vinculadas a pequeñas y medianas firmas textiles. Así nacieron Famatex (fabricante de telares para seda), IMAT (telares para lana), Beserman & Cavadini (telares para algodón y seda), Establecimientos Metalúrgicos Textiles Abraham Mehler y Cindemel (equipos para lana).En general, estas empresas desarmaban y copiaban modelos importados. La producción se realizaba en lotes pequeños y estaba bastante diversificada para reducir los riesgos propios de la especialización en un mercado pequeño. Por supuesto, en el contexto de escasez de equipos importados, los costos de producción locales de maquinaria pasaban a segundo plano frente a la disponibilidad de equipos.
En contraste con estos cambios, el enfoque oficial hacia el sector industrial se mantuvo sin cambios. En 1940, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, presentó un Plan de Reactivación Económica para enfrentar la coyuntura inicial de la Guerra79. El objetivo principal del Plan era responder a la crisis del agro pampeano mediante la puesta en marcha de un ambicioso programa de adquisición estatal de las cosechas. En segundo lugar, propuso la construcción de viviendas para revertir los efectos de la crisis externa sobre la ocupación y el consumo doméstico, alentado una actividad intensiva en mano de obra y que empleaba insumos nacionales. Este programa se financiaría mediante la creación de un régimen crediticio que, con el respaldo del estado, movilizaría los depósitos privados en el sistema bancario para la concesión de créditos a mediano y largo plazo. El mismo régimen se emplearía para promover la inversión en el sector manufacturero, donde se promoverían nuevas industrias destinadas tanto a sustituir importaciones como a la exportación. No obstante, los recursos previstos para la industria eran notablemente inferiores a los previstos para los otros sectores. De cualquier manera, el Plan fracasó en medio de un conflicto político por el retorno al fraude electoral. Al año siguiente, la mejora de la situación del sector externo, que pasó de ser deficitario a superavitario como resultado de la declinación de las importaciones- relegó al programa al arcón de los recuerdos.
Como una derivación del Plan Pinedo, en 1941, se presentaron varios proyectos sobre crédito industrial80. El proyecto del Ejecutivo, que a diferencia del plan se anunciaba como una reforma de carácter permanente, establecía que el Banco Central proporcionaría los recursos a los bancos y entidades financieras para fomentar industrias que extraigan, manufacturen o utilicen productos del país, especialmente las que se orientaran al mercado interno81. Para ello se contaría con 20 millones de las reservas de la institución; los fondos provenientes de préstamos o depósitos con destino al fomento industrial y de la colocación de obligaciones por parte del Banco Central. El monto máximo de recursos quedaba limitado a 240 millones. A diferencia del Plan Pinedo, el gobierno nacional no asumía compromiso alguno, mientras que se facultaba al Banco Central a establecer indirectamente la tasa de interés máxima que los bancos privados podrían establecer82. Si bien se mantenía el criterio de industrias naturales, se establecía que los créditos se acordarían de acuerdo a un plan general de desarrollo industrial, que sería elaborado por representantes oficiales y de la UIA. El despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se produjo el último día de sesiones ordinarias y recogió el proyecto oficial. En la sesión, no hubo discusión en cuanto a los límites de la industrialización ni referencia a los planes futuros por los que se orientaría el régimen legal83. Finalmente, recibió media sanción, con 71 votos sobre un total de 80 diputados presentes.
Un año después, en septiembre de 1942, la Cámara Alta, trató otro proyecto del senador José H. Martínez había presentado otro proyecto84. Su tratamiento tampoco dio lugar a debate sobre la cuestión a pesar de que, como afirmó el senador conservador Arancibia Rodríguez, era la primera vez que el alto cuerpo consideraba los problemas del desarrollo industrial85. El senador puntano Rodríguez recogió las demandas de la UIA sobre la falta de estímulo oficial al sector, los desajustes de la Tarifa de Avalúos y los problemas creados por la invasión del Estado sobre los negocios particulares y el aumento de los gastos públicos, que crea una situación inquietante al capital y al trabajo; pero ratificó la necesidad de fomentar industrias con una base económica y seria. El proyecto de Martínez recibió media sanción, pero no llegaría a ser considerado por la Cámara Baja. Meses después, en junio de 1943, el régimen político instaurado a principios de los años treinta colapsaría ante una nueva rebelión militar.
BALANCE DE UNA COYUNTURA
El análisis de la breve crisis textil de 1938 y sus repercusiones sociopolíticas exterioriza el lugar destacado que esa industria había adquirido en el sector manufacturero y en la economía argentina en su conjunto. Como derivación de la recesión y de la expulsión de mano de obra, la rama se convirtió en objeto de atención del gobierno de Ortiz, del Parlamento y los partidos políticos, actores que debieron definir posturas frente a la coyuntura recesiva. De esta manera, se fue definiendo un problema textil en un debate que incluyó no solo al gobierno y los partidos políticos, sino también al empresariado industrial y comercial, los representantes de los trabajadores y las diversas agencias del estado que fueron convocadas para realizar un diagnóstico y bosquejar soluciones.
La posición predominante entre los actores políticos fue adjudicar la crisis a un conjunto de causas vinculadas con la proliferación de fábricas e incluso al surgimiento de un estrato de productores marginales, los efectos distributivos de la pérdida parcial de la cosecha de granos y de la caída de los precios mundiales, y el incremento moderado de las importaciones. Además, los socialistas intensificaron su planteo sobre la cuestión laboral en el gremio, que venía siendo seguida de cerca al menos desde 1937: la falta de regulaciones laborales, los bajos salarios, la persecución de los empresarios contra activistas sindicales. Las agencias estatales consultadas –la DIGEN y el DNT- intervinieron con argumentos que mostraban la complejidad de los factores que habían provocado la crisis, apartándose de la interpretación que ponía acento en la competencia desleal de la producción de Japón e Italia.
En contraste, los industriales no lograron articular un programa a favor del sector que concitara el apoyo de las fuerzas políticas. No obstante ello, la coyuntura de 1938 estuvo lejos de significar una derrota para los empresarios industriales. Si bien el diagnóstico oficial era cauteloso a la hora de analizar el origen de la recesión, en el Parlamento se hicieron oír voces tanto del oficialismo como de la oposición radical en defensa del sector industrial, entre otras razones por su capacidad de generación de empleo. Como muestra el debate de 1938 sobre la renovación del arancel general de emergencia introducido en 1931, el gobierno se mostró receloso de revertir las medidas adoptadas entonces que habían alentado un mayor ritmo de sustitución de importaciones. Si bien el argumento se focalizaba sobre la cuestión fiscal, es decir la imposibilidad de reducir impuestos en el momento en que los gastos se ampliaban como resultado del amplio programa de compras oficiales de cosechas y obras públicas, no por ello dejó de beneficiar a la industria. Al mismo tiempo, el presidente Ortiz propuso al Congreso una ley antidumping que si bien no logró ser considerada, reveló cierto interés en brindar una respuesta a la industria textil.
Finalmente, como se sabe, el cambio de la coyuntura fue lo que permitió al sector salir de la recesión. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la caída de las importaciones de textiles aceleró el ritmo de la sustitución, completando hacia 1945 un proceso iniciado en la década de 1920. Mientras el mercado doméstico quedaba solo disponible para las fábricas argentinas –e incluso la industria lograba exportar por primera y única vez algunos de sus productos-, la cuestión laboral no recibió ninguna atención, con excepción de las propuestas de la minoritaria bancada socialista. Esa marginalidad muy pronto cambiaria con el inicio, en 1943, del proceso histórico que daría origen al peronismo.
Anexo 1: Origen de las importaciones de textiles de algodón, 1928-1938. Total en toneladas y porcentajes
Fuente: Elaboración propia sobre la base de DIGEN, 1928-1938.
*Agradezco los comentarios y sugerencias de los evaluadores anónimos de la revista. Esta investigación se benefició de un subsidio UBACYT 2018-2021. Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.
1 Un estudio pionero sobre el crecimiento sectorial es el de Petrecolla, 1968; para los años treinta, véase Colman, 1992. Un análisis del comportamiento del sector frente a las crisis de 1913-1917 y 1929-1932, se encuentra en Belini, 2008. Para estudios de las subramas lanera y del rayón durante los años treinta véase Belini, 2011 y 2010ª, respectivamente.
2 Abe, 2004; Farnie y Yonekawa, 1997; Robertson, 1997.
3 Dorfman, 1970; Villanueva, 1972; Díaz Alejandro, 1975; Schvarzer, 1994; Barbero y Rocchi, 2002 y Belini, 2017.
4 Aquí empleamos ambos términos como sinónimos aunque estrictamente, el episodio de 1938 en el sector textil debe ser visto como una recesión (es decir una caída del PBI de al menos dos trimestres) y no como una crisis (una caída del PBI de tres años de duración).
5 Sobre el manejo de la cuestión monetaria frente a la crisis de 1929 véase, Campos, 2005 y Gerchunoff y Machinea, 2015.
6 La explicación aceptada sobre las causas de la recuperación pone el acento en la mejora de los precios mundiales de los cereales: O’Connell, 1984. Una interpretación diferente que destaca el papel de las políticas económicas se encuentra en: Villanueva, 1975. Sobre los cambios en las instituciones económicas, véase Della Paolera y Taylor, 1999.
7 Díaz Alejandro,1975: 100.
8 Banco Central de la República Argentina, 1939: 1-3; O’Connell, 1984: 497-498.
9 La diferencia entre ambos porcentajes se debió a que aún durante 1938 se incrementó el número de husos instalados. Esto se explica por el tiempo distante entre la decisión de invertir y la importación e instalación de los equipos. Véase, Boletín Mensual de la Junta Nacional del Algodón, nº55, noviembre de 1939: 765-766.
10 Ibídem: 777.
11 Sobre el tema véase el estudio clásico de Murmis y Portantiero, 1971.
12 Para la historia de estas agencias estadísticas véase, González Bollo, 2014: 199-203.
13 La Prensa, 8-7.1938:10.
14 La Nación, 7-7-1938: 11.
15 Ibídem.
16 La Prensa, 8/7/1938: 10.
17 La Nación, 1/7/1938: 9.
18 Ibídem.
19 Sobre la Unión Obrera Textil véase, Horowitz, 1990: 119-121; y Di Tella, 2003: 289-295. Sobre las condiciones laborales, especialmente de mujeres, véase Lobato, 2007: 81-100; Norando, 2013; Norando y Wertheimer Becich, 2018.
20 La nota fue publicada por El Obrero Textil en julio de 1938 y reproducida en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (en adelante DSCDN) 1938, Vol. II: 1958.
21 Gaceta Textil, enero-febrero de 1937: 10-11. El convenio había sido firmado por la Confederación Argentina de Industrias Textiles que agrupaba a la mayoría de los empresarios.
22 Scarpellini, 1938: 440.
23 La Nación, 15/7/1938: 11.
24 Nota Elevada al Señor Presidente de la Nación, Buenos Aires, 14 de julio de 1938. Reproducida en DSCDN, 1938, Vol. II: 1959.
25 Declaración de la Unión Obrera Textil, Buenos Aires, 26 de julio de 1938. Reproducida en Ibídem: 1960.
26 Sobre las relaciones comerciales, véase Sanchís Muñoz, 1997: 73-96.
27 En cambio, Japón como mercado absorbía sólo el 2% de las exportaciones argentinas. Cálculos propios sobre la base de DIGEN, 1935-1939.
28 Robertson, 1997: 501-503.
29 En 1937, Gran Bretaña alcanzaba el 25% del valor total en tanto que Italia, que había a partir de 1928 era el segundo proveedor de textiles de algodón, fue relegado al tercer lugar con el 23%. Cálculos propios basados en DIGEN, varios años.
30 Cámara de Comercio Japonesa en la Argentina, 1938: 6.
31 Ibídem: 16.
32 Ibídem: 9.
33 Ibídem: 13.
34 DSCDN, 1938, Vol. II: 1930
35 Ibídem: 1931.
36 Ibídem: 1950.
37 Bogliolo y Pena serían las figuras principales en esa renovación de las ideas económicas. En 1938, el programa del Partido retomó varias de sus propuestas a favor de las nacionalizaciones y la planificación, pero la dirigencia mantuvo su oposición con respecto al proteccionismo industrial. Sobre estos temas, véase Portantiero, 2005: 299-320.
38 DSCDN, 1938, Vol. II: 1937.
39 Ibídem: 1938.
40 Ibídem: 1946.
41 DSCDN, 1941, Vol. III: 887-888.
42 Dirección General de Estadística, 1938: 10.
43 Ibídem: 26.
44 Colman, 1992: 123-155.
45 Departamento Nacional de Trabajo, 1939: 76-77.
46 Ibídem: 88.
47 Ibídem: 77.
48 DSCDN, 1938, Tomo IV: 4616-4617. Una interpretación similar se encuentra en Héctor Scarpellini, 1938: 456 y ss.
49 DSCDN, 1938, Tomo IV: 4620-4621.
50 Ibídem: 4622.
51 González Bollo, 2014: 202-203.
52 Este debate se daba en un momento de discusión entre los especialistas sobre los límites de la industrialización y los medios para alentarla. Para esas discusiones, véase Belini, 2010a; González Bollo, 2012; Rougier y Odisio, 2018.
53 Centro de Importadores, 1937: 17.
54 DSCDN, 1937, Tomo II: 95.
55 Revista de la Cámara Argentina de Comercio, n° 102, octubre de 1937: 25.
56 DSCDN, 1937, Tomo I: 279-280.
57 DSCDN, 1937, Tomo II: 798.
58 Revista de la Unión Industrial Argentina, (825), 1937: 57.
59 Ibídem: 57-58.
60 DSCDN,1937, Tomo II: 554.
61 Ibídem: 566.
62 Ibídem: 567.
63 Ibídem: 798.
64 Ibídem: 601.
65 Ibídem: 799.
66 Ibídem: 803 y ss.
67 Centro de Importadores, 1938: 15.
68 Revista de la Unión Industrial Argentina, (830), febrero de 1938: 3.
69 DSCDN, 1938, Tomo VI: 590-594.
70 Ibídem: 649.
71 Ibídem: 650.
72 Ibídem: 659.
73 Revista de la Unión Industrial Argentina, (837), 1938: 4.
74 Centro de Importadores, 1939: 40.
75 Colman, 1992: 135-139; Horowitz, 1990: 51-53.
76 Sobre la economía argentina durante la Guerra, Vázquez Presedo, 1992 y Jáuregui, 2013.
77 Sobre las exportaciones industriales véase Belini, 2012 y 2017: 204-217.
78 Gaceta Textil, mayo de 1944: 40-47.
79 El Plan Pinedo ha sido presentado como una rectificación parcial del modelo de desarrollo que la Argentina había asumido a finales del siglo XIX y el reconocimiento de la hegemonía norteamericana. Véase, Llach, 1984. En contraste, otras lecturas han puesto el acento sobre el carácter coyuntural del Plan: Cramer, 1998.
80 El primero fue propuesto en mayo por el santafesino Francisco Scarabino donde proponía la creación de una Sección de Crédito Industrial en el Banco de la Nación. Un mes más tarde, este diputado presentó proyectos de prohibición de exportación de metales y desgravación de derechos de importación de maquinaria para la siderurgia y metalurgia; preferencia de compra para artículos nacionales por parte del estado; limitación de exenciones de derechos para artículos no fabricados en el país; creación de una Comisión Aduanera y la devolución de derechos (draw back) para las exportaciones industriales. DSCDN, 1941, Tomo I: 172-179. Ninguno de estos proyectos recibió tratamiento parlamentario. A su vez, el gobierno remitió dos leyes sobre crédito industrial y antidumping. DSCDN, 1941, Tomo III: 719-720.
81 Ibídem: 575. El mercado internismo industrial era propiciado en el mensaje remitido por el gobierno y no por el despacho de la Comisión controlada por el radicalismo como señala Llach.
82 Se establecía como garantía la hipoteca y un régimen de prenda industrial. También se acordaba la creación de una sección especial en el Banco de la Nación.
83 DSCDN, 1941, Tomo III: 810-814.
84 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 1942, Tomo II: 2. A diferencia del proyecto oficial, Martínez propiciaba que los bancos crearan una sección de crédito industrial con capitales propios y los depósitos que recibieran con ese objeto. También proponía un aporte del Banco Central que se elevaba a unos 30 millones de sus reservas facultativas (un 50% mayor que el proyecto oficial), aunque se limitaba el monto máximo de las obligaciones que el Banco podría colocar a unos 180 millones (60 millones menos que el proyecto oficial). Además los créditos serían hasta un máximo de 10 años.
85 Ibídem: 140.
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