Conflictividad docente, organización sindical y represión militar en el Noreste de Chubut (1969-1972): el Plan de Lucha nacional, la Fuga/Masacre de Trelew y la detención de Mario Amaya

Teacher conflict, union organization and military repression in the Northeast of Chubut (1969-1972): the national Plan of Struggle, the Trelew Massacre and the arrest of Mario Amaya.

Resumen. En este artículo tomamos como punto de partida la Fuga y Masacre de Trelew (agosto de 1972), pero nuestro eje principal será el ciclo de conflictividad docente en la región (1969-1972) en el marco del Plan de Lucha Nacional que condujo el Acuerdo de Nucleamientos Docentes.

El nexo entre ambas situaciones es la presencia de Mario Abel Amaya (docente, miembro de la Asociación Gremial de Abogados, dirigente de la UCR y presidente de la recién constituida Asociación de Docentes del Este de Chubut), en el aeropuerto de Trelew al momento en que se producía la fuga de presos políticos del penal U6 de Rawson. Por su mediación en ese momento con las fuerzas represivas para garantizar la rendición pacífica de lxs 19 guerrillerxs fugadxs, fue acusado de complicidad y detenido por la dictadura militar. Esto sucedió hasta que la movilización popular del “Trelewazo” consiguió su libertad tres meses más tarde.

Ese es nuestro punto retrospectivo de partida, para analizar la unidad que se fue forjando entre los sectores docentes y el incremento de su combatividad, en el marco del primer acto de terrorismo de estado. Encontramos en la figura de Amaya una trama de relaciones que nos permiten hilvanar analíticamente las luchas políticas y económicas de la región.

Abstract. This article starts from the “Escape and Massacre of Trelew” (August 1972); But but it focuses in the theachers struggle of the region (1969-1972), in the context of the National plan fight lead by the Acuerdo de Nucleamientos Docentes.

The link between both situations will be the presence of Mario Abel Amaya (teacher, member of the Association of Lawyers, leader of the UCR and president of the recently constituted Association of Teachers of the East of Chubut) at the Trelew airport at the time of the escape of political prisoners from the U6 prison in Rawson. Due to his mediation with the repressive forces to guarantee the peaceful surrender of the 19 fugitive, he was accused of complicity and detained by the dictatorship; until the popular mobilization of "Trelewazo", got his freedom three months later.

From there we will analyze the unity that is being forged between the teaching sectors and the increase in their combativeness, in the context of the first act of state terrorism; the figure of Amaya and his relationships will allow to interweave weave the political and economic struggles of the region.

I. Sobre la Fuga y la rendición

Durante el atardecer del 15 agosto de 1972 comenzó la fuga de presos políticos del penal U6 de Rawson. La acción conjunta de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros permitió llevar a cabo una espectacular fuga de una cárcel de máxima seguridad en la Patagonia, custodiada por una base militar con más de 2000 combatientes.

La posibilidad de una eventual fuga de “guerrilleros”, no fue algo que tomase por sorpresa a las FF.AA, ya que la “comunidad de inteligencia” se encontraba advertida al respecto. En consecuencia, en marzo de ese año se habían enviado mil marinos y se constituyó el Comando Aeronaval Trelew, dando inicio a las actividades en la zona de la Escuela Aeronaval Nº6, que pasaba a tener asiento en la base de Trelew, Almirante Zar. Eso trajo aparejado mayores operativos y acciones de contrainsurgencia que fueron generando una exacerbada militarización de la región; y, como contrapartida, un mayor rechazo social a la presencia militar (en particular) y a la dictadura (en general) que fue irritando a la población local. Un informe de inteligencia de la Armada Argentina, evaluaba:

En distintas oportunidades se ha hecho circular la versión, de un posible intento de evasión o rescate de los detenidos y que, consecuentemente, hizo converger hacia el lugar Fuerzas de Seguridad. Estas al adoptar los controles del caso, ocasionaron las consecuentes molestias en la población que desde el inicio del proceso no vio con agrado que su provincia fuera elegida para estos fines. Una información de febrero del corriente año, indica que un grupo de ex integrantes de la Juventud Peronista, expulsados por su manifiesta ideología comunista, había formada un denominado “Comando Evita”, cuya única actividad hasta el momento ha sido la de inscripción de murales. Por último cabe destacar que en el mes de marzo fue encontrado en las calles de Madryn un folleto suscripto por el "Ejército Revolucionario del Pueblo" (E.R.P), siendo esta la única manifestación concreta que se conoce de las organizaciones conocidas. (ARA, 1972)

Sin embargo, lo que no esperaban, era que la fuga se desarrollara con la toma del penal desde su interior; y que el apoyo externo se usara para llegar al aeropuerto de Trelew y secuestrar un avión rumbo a Chile. Contando con la colaboración de un guardiacárcel y vestidos con uniformes confeccionados por los presos dentro del penal, la toma comenzó copando uno a uno los puestos de vigilancia. Todo transcurrió en pocos minutos y sin inconvenientes, hasta que llegaron a la puerta principal y uno de los guardias -de apellido Valenzuela- actuó rápidamente: abrió fuego contra el grupo que avanzaba y resultó herido durante el tiroteo, muriendo casi inmediatamente.

Debido a desinteligencias con el grupo externo, dos de los tres vehículos de apoyo se retiraron. Sólo uno se quedó y pudo trasladar al primer grupo que tenía prioridad de fuga (integrado por seis de los más importantes dirigentes de las organizaciones político-militares[1]). Este grupo fue el que primero pudo llegar al aeropuerto de Trelew y abordar el avión. El otro grupo, integrado por 19 militantes de segunda línea[2], debió trasladarse en taxis que fueron llamados desde la unidad carcelaria. Cuando finalmente lograron arribar al aeropuerto, el avión ya había tenido que partir; y el vuelo siguiente –advertido ya de la situación- no descendió en Trelew, por lo que procedieron a tomar las instalaciones.

Llamaron a la prensa, a un médico y a un juez, para negociar las condiciones de su entrega y garantizar la integridad física, ante un régimen que ya era sabido que usaba la tortura y el asesinato para lidiar con sus opositores políticos. Tres representantes de las organizaciones armadas explicaron ante la prensa y las cámaras de televisión los motivos de la fuga y sus opiniones sobre el régimen, remarcando la importancia de una lucha conjunta contra la dictadura. Cuando el periodista -Daniel Carreras- preguntó sobre las condiciones de rendición, Mariano Pujadas (Montoneros) dijo:

entregarnos incondicionalmente; en estos momentos nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de daño a los civiles. Los hemos declarado, lo hemos reiterado y si simplemente los mantenemos aquí es incluso por seguridad de ellos, ya que afuera está la represión, mientras pactamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. (Urondo, 2011, p. 132)

En ese momento se encontraba en el Aeropuerto de Trelew, Mario Abel Amaya: reconocido dirigente del radicalismo local, querido docente del Colegio Nacional de Trelew y comprometido miembro de la Asociación Gremial de Abogados que desde fines de los ’60 había asumido la defensa de presos políticos (siendo entre otros, Agustín Tosco uno de sus representados; Cfr. Debattista y Gatica, 2017). Rápidamente se ofreció como mediador en las negociaciones, sirviendo de garante durante el proceso de rendición y acompañándolos en el colectivo que los condujo hasta la Base Almirante Zar, donde nadie imaginó que una semana más tarde serían finalmente fusilados.

La Zona de Emergencia decretada por la noche del 15/08/1972, planteó una situación extraordinaria situando localmente una “problemática” de alcance nacional y de interés internacional (por el salvoconducto a Cuba que el gobierno chileno de Salvador Allende brindó a los 6 dirigentes fugados; Cfr. Míguez y Núñez, 2020). El movimiento de abogados defensores, familiares, equipos de prensa, periodistas nacionales e internacionales y funcionarios de gobierno, daba cuenta de la trascendencia del acontecimiento[3]. El suplemento especial que lanzó el diario local Jornada por motivo de la fuga, se agotó de inmediato ante la avidez de un público sorprendido por la espectacularidad de la hazaña:

constituyó un éxito periodístico. No era para menos, porque la población ansiaba completar su información sobre la cruenta fuga de los guerrilleros, y Jornada la brindó en 8 páginas dedicadas exclusivamente a los sucesos que conmovieron la zona (…) cuando la impresora comenzó a marchar, a las 19.30, la fisonomía de la calle España, entre Fontana y Sarmiento, era impresionante por la cantidad de público reunido y de automovilistas que transitaban a marcha lenta esperando la salida de los canillitas. Cuando la primera tanda de ejemplares ganó la calle, se produjo un espectáculo inusitado, que incluso motivo un taponamiento de tránsito, obligando a intervenir a efectivos policiales. Durante una hora y media el público, renovándose, mantuvo ocupada la vereda a lo largo de 50 metros (…) un récord de tiraje: 8000 ejemplares…”. (Diario Jornada, 18/08/1972, p. 8)

La presencia de Mario Abel Amaya en el aeropuerto de Trelew había despertado inmediatas sospechas entre los militares a cargo de la Zona de Emergencia, y fue acusado de haber actuado en connivencia con las Organizaciones Político-Militares (OPM). El 18 de agosto, tres días más tarde, Amaya se encontraba almorzando en el Hotel Provincial con otros miembros de la Asociación Gremial de Abogados (Ortega Peña, González Gartland, Duhalde y Mattarollo) cuando fueron detenidos por personal policial. Todos fueron liberados rápidamente, a excepción de Amaya, que continuaría preso a disposición del Poder Ejecutivo hasta el mes de noviembre (Cfr. Pérez Álvarez y Fernández Picolo, 2016).

La detención de Amaya abrió un breve ciclo de lucha que se cierra con su liberación el 13 de noviembre de 1972, atravesando dos hitos trascendentales para la historia regional y nacional: La Fuga/Masacre de Trelew en agosto de 1972 y el “Trelewazo”[4] (50 días después), movilización popular que consiguió la liberación de los habitantes detenidos durante un operativo militar en el mes de octubre, incorporando a su reclamo la liberación de Amaya (Cfr. Fernández Picolo, 2014; Ramírez, 2007; Martínez, 2004).

A partir de ese momento, la conflictividad regional que se encontraba signada fundamentalmente por luchas de índole económico-corporativas, incorpora como rasgo inmanente las acciones de protesta por motivos políticos (contra la represión y el autoritarismo).

Es cierto que la defensa de presos políticos había dado un salto cualitativo en la región cuando el régimen militar hacia mediados de 1971 trasladó a la U6 de Rawson a los miembros de las OPM (lo que alentó el surgimiento de Comisiones de Solidaridad[5]). Pero la detención de Amaya vino a mostrar que la represión militar también podía alcanzar a la sociedad civil y a sus más respetados vecinos. En otras palabras, el autoritarismo, la represión y la persecución de la dictadura militar dejaban de ser algo “externo” a la realidad local.

El 20 de agosto -a dos días de su detención- se creó la Comisión por la Libertad de Mario Abel Amaya, que estuvo integrada por las siguientes fuerzas políticas[6]: los sindicatos de Luz y Fuerza (de Córdoba y la Patagonia), lxs docentes de secundaria[7], los trabajadores de la administración pública y de vialidad provincial (Cfr. Gatica, 2007); los partidos políticos[8], la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos, la Comisión Peronista de Solidaridad, el grupo de Teatro El Grillo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Colegio de Abogados[9].

En esa lucha se condensan y reafirman los alineamientos de las fuerzas políticas opositoras al régimen y se despliegan algunas de las estrategias de lucha que -semanas más tarde- veremos también en el Trelewazo (Cfr. Binder, 2019a). Sin embargo, esa iniciativa de articular en acciones a las fuerzas políticas opositoras, se vería momentáneamente paralizada tras los fusilamientos en la Base Zar de Trelew la madrugada del 22 de agosto. No obstante, a pesar del aturdimiento social que produjo la Masacre, la detención de Amaya logró “activar” y sincronizar algunas acciones entre las fuerzas políticas opositoras al régimen (especialmente partidos políticos y sindicatos)[10].

Ese 22 de agosto, cerca de las 03.30, los 19 militantes políticos encerrados en los calabozos de la Base Zar de Trelew, fueron despertados con patadas en las puertas y a los gritos. El capitán Sosa, los tenientes Bravo y Del Real, el capitán Herrera, y los cabos Marandino y Marchant los obligaron a salir de las celdas y a formar dos filas en el pasillo, con la cabeza hacia el piso. Luego abrieron fuego sobre los diecinueve, descargando por completo sus ametralladoras. Cuando finalizaron las ráfagas, quienes todavía se encontraban vivos fueron rematados con tiros de gracia.

A pesar de ello, lograron sobrevivir seis de lxs presxs (María Antonia Berger, Ricardo Haidar, Alberto Camps, Miguel Ángel Polti, Alfredo Kohon y Rubén Bonet). Luego de algunos minutos de estar en el piso de sus celdas desangrándose y sin recibir ningún tipo de atención médica, fueron llevadxs en camillas hacia la enfermería, donde se les dejó varias horas más sin atención, esperando que muriesen. Finalmente, fallecieron Kohon y Polti durante el transcurso de la mañana, y Rubén Bonet en horas del mediodía, fusilado de un tiro en la cabeza (Binder et. al 2015, Fernández Picolo, 2014). Berger, Haidar y Camps, sobrevivieron para dar testimonio de la masacre, relatando los hechos en conferencias, entrevistas y en declaraciones judiciales (Urondo, 2011). Esos expedientes serían “cajoneados” en los años siguientes; los tres sobrevivientes luego fueron asesinados durante la última dictadura militar[11].

La Masacre de Trelew conmocionó a la sociedad argentina y conmovió el escenario político nacional, evidenciando un salto cualitativo en la represión y demostrando hasta donde era capaz de llegar la dictadura militar. Los fusilamientos fueron la respuesta a la humillante derrota que había significado la espectacular fuga del penal de Rawson, aplicando el terror como mensaje disciplinante. En ese sentido, la Masacre anticipó la metodología criminal que la dictadura siguiente habría de dispensarle a la vanguardia revolucionaria y a lxs luchadorxs sociales que levantaban el programa de la clase obrera.

A diferencia del episodio de la Fuga, luego de la Masacre no hubo un número especial ni “éxito periodístico” alguno; las ansias y la necesidad de información que tenía la población no fueron satisfechas esa vez. En su lugar, la prensa -tanto regional como nacional- se encargó de difundir e instalar las versiones oficiales que planteaban que los “guerrilleros” habían muerto durante un enfrentamiento, tratando de fugarse de la Base militar donde habían sido trasladados. Esa misma madrugada del 22 de agosto se promulgó el decreto 19.797 que establecía penas de prisión de seis meses a tres años, a quienes publicaran cualquier otra versión que no fuese la oficial[12].

Los fusilamientos del 22 de agosto (1972), el amedrentamiento y el posterior encubrimiento, se desarrollaron en el marco de un paradigma militar de lucha contrainsurgente, que desde mediados de 1971 (luego del “Viborazo” o “segundo Cordobazo”[13]), había asumido oficialmente la “Hipótesis de guerra en el marco interno”[14], subordinando a las policías y colocando a las Fuerzas Armadas al frente de la “lucha contra la subversión”. Desde esa perspectiva (la planificación represiva, las directivas militares, el asesinato de presos políticos, el mensaje de terror inoculado en la sociedad, el encubrimiento del hecho y la impunidad garantizada), la Masacre de Trelew representa uno de los eslabones fundacionales del Terrorismo de Estado, siendo su prueba piloto o “ensayo general”[15].

Ese mismo día, la docencia regional había resuelto adherir al paro nacional convocado por el Acuerdo de Nucleamientos Docentes[16], siendo esa la primera vez que todos los sectores (privados, nacionales y provinciales, de la educación primaria y secundaria) participaban conjuntamente de una acción de fuerza, lo que reflejaba el grado de madurez que la organización, unidad y lucha docente iban alcanzando en la región.

II. Sobre la situación económica

La conferencia de prensa que brindaron los miembros de las organizaciones político-militares en el aeropuerto de Trelew tras la fuga del penal de Rawson (15/08/1972), ofrece una clara síntesis del proceso económico, político y social, reflejando el momento que atravesaba la lucha de clases en el país. Cuando el periodista local –Daniel Carreras- les preguntó si las soluciones que ofrecían a la situación del país eran todas por la “vía violenta”, Mariano Pujadas (Montoneros) respondió: “…La vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo. Cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente. (…) entendemos que el problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, cortando todas las salidas posibles”. Y Rubén Bonet (ERP) agregó

para ello tentemos ejemplos claros del porqué: cualquier hecho en el pueblo, en el proletariado, el aumento de la luz, en cualquier de los distintos sectores de clases sociales, en cualquier sector del pueblo, generan inmediatamente la represión; cualquier manifestación por pacífica que sea, genera represión y la muerte de obreros, de gente del pueblo; y esto puede venir de la luz o de cualquier otra cosa (…) la situación es que el gobierno reprime cualquier manifestación por pequeña que sea. Mata un obrero de Peugeot. (…) mata gente del pueblo porque pide por las tarifas eléctricas. Mata por cualquier cosa. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, es la respuesta a la violencia del capitalismo. (Urondo, 2011, pp.134-135)[17]

Al momento de esa conferencia se encontraba también en el aeropuerto de Trelew, Mario Abel Amaya. Recientemente nombrado presidente de la Asociación de Docentes del Este de Chubut, se había dirigido al aeropuerto (en momentos en los que el segundo grupo de fugados se encontraba realizando la toma del edificio) para entregarle las credenciales de delegada a una profesora que viajaba a un congreso docente en Buenos Aires. Pero en lugar de eso, acabaría mediando en las negociaciones entre las fuerzas represivas y lxs “guerrillerxs”, buscando garantizar la integridad física de todas las personas allí presentes. Esa intervención, le valdría a Amaya (profesor del Colegio secundario Nacional de Trelew) la acusación de haber colaborado con la fuga y 3 días más tarde fue detenido.

Tanto los lineamientos generales de la conferencia de prensa (cfr. Urondo, 1973; Gleyzer, 1972), como la presencia de Amaya en el aeropuerto (más allá de los matices, las circunstancias y de las obvias diferencias entre la lucha gremial y la lucha armada), respondían a una creciente situación de conflictividad común. Ambos representaban fuerzas políticas que, opuestas a la dictadura militar, buscaban resistir su embestida política y la crisis económica que presionaba sobre amplios sectores de la sociedad.

La inflación de precios y tarifas se había convertido desde 1969, en un problema estructural que la dictadura trataba de morigerar interviniendo en la economía, estableciendo controles y campañas de divulgación de precios. Al año siguiente, ya bajo el gobierno de Levingston, se comenzaron a fomentar las exportaciones, la apertura al mercado externo y la restricción al consumo interno, como medidas para desacelerar la crecida inflacionaria.

Esas políticas económicas afectaron a la industria nacional: el encarecimiento de insumos, el estancamiento de la productividad y las caídas en las ventas impactaron rápidamente de manera negativa en el Producto Bruto Interno (PBI). Las devaluaciones aplicadas, el consecuente alza del costo de vida y el congelamiento de salarios eran medidas regresivas que implicaban una transferencia de ingresos de las clases populares al establishment económico. Todo ello redundó en un incremento de la lucha de clases, alimentando una movilización social y una participación política que la dictadura buscó contener aplicando una mayor política represiva.

En la región NE de Chubut (Rawson, Trelew y Puerto Madryn), a pesar de las medidas de promoción industrial que la “Revolución Argentina” había estipulado para conformar polos de desarrollo en Patagonia (Cfr. Pérez Álvarez, 2016), el Producto Bruto Geográfico (PBG) mostraba para 1971 sensibles mermas. En 1972 la crisis económica y social era aguda; se proyectaba que para diciembre de ese año el aumento del costo de vida fuera del 72%[18]. También subirían las tasas de desempleo, la inflación, las tarifas de los servicios, y la canasta familiar. Para octubre de 1972, la inflación regional -que se calculaba en un 30% más que la de Buenos Aires- ya se había incrementado un 59,2% respecto del año anterior[19].

Las clases populares (pequeña burguesía y proletariado), en franco proceso de pauperización, no se mantuvieron pasivas ante esa acuciante situación socioeconómica, registrándose un notable incremento de las acciones de conflicto en la región (tanto por reivindicaciones económicas como de repudio al autoritarismo y a la represión).

Así, la creciente represión y militarización que en la región había impulsado el traslado de presos políticos a la U6 de Rawson desde julio de 1971 (Binder, 2019), se combinaba con los efectos políticos y sociales de una crisis económica cada vez más aguda, que durante 1972 precipitaría la conflictividad social, planteando serios obstáculos a la gobernabilidad de la dictadura en la región.

Conflictividad docente: el Plan Nacional de lucha docente 1971-1972

La lucha del colectivo docente en la región había comenzado a resurgir en 1969 (a tres años del golpe de Estado que encabezara Onganía), encontrando en el campo de las reivindicaciones laborales y salariales su principal motivo. Sin embargo, esa conflictividad no tardaría en “saltar” al campo de la lucha política, una vez que la represión y el autoritarismo del régimen comenzaron a imponerse sobre sus legítimas aspiraciones salariales y educativas.

La organización sindical, la participación en medidas de fuerzas nacionales y la solidaridad política y gremial fueron caracterizando al sector docente del NE de Chubut, que entre 1970 y 1972 comienza a ganar protagonismo en la región. Sus acciones en esos años fueron nutriendo el ciclo de rebelión regional (Iñigo Carrera, 2008) que en octubre de 1972 encontró uno de sus puntos más álgidos: el Trelewazo, donde docentes y estudiantes tuvieron un marcado protagonismo junto a la clase obrera, sosteniendo el proceso de lucha con su participación asamblearia y las diarias movilizaciones callejeras (Binder, 2019a).

Como ya anticipamos, el día 22 de agosto de 1972 lxs docentes de la región -que ya venían participando del Plan de Lucha a nivel nacional- se plegaron a un nuevo paro de 72 horas, dispuesto por el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes.

En esa jornada confluyeron los diferentes sectores de la docencia regional (nacionales, provinciales y privados), que entre 1970 y 1972 habían ido profundizando su organización gremial e incrementando sus acciones de lucha. Esa huelga constituye un hito en el ciclo de lucha docente, en tanto que es la primera medida de fuerza “oficial” que realiza la Asociación Docente del Este de Chubut (que unificaba la docencia primaria y secundaria tanto nacional como provincial).

Reclamaban un aumento masivo de salarios y rechazaban la reforma integral del sistema educativo que la dictadura buscaba impulsar[20]. Ese era el eje central de una problemática nacional que desde 1971 había dinamizado localmente al sector, luego del reflujo de la conflictividad (y la interrupción de los planes de lucha) que había inducido el golpe de estado de 1966 y la represión a estudiantes y docentes[21].

Durante 1970, los gremios de la provincia (maestrxs de primaria y profesorxs del secundario) atravesaron una etapa organizativa y de refundación sindical, que se refleja en el creciente número de reuniones y asambleas que realizaron. Pero fue al calor del Plan de Lucha nacional de 1971, que comenzaron a desarrollar nuevas medidas de fuerza[22]. Un informe de inteligencia de la Armada consignaba que a nivel nacional, el accionar del sector docente/estudiantil se había “constituido en un reflejo de la situación política e institucional imperante en el país, teniéndose así que tanto educadores como educandos (en particular estos últimos), han continuado politizándose” (ARA, 1971)[23].

La particularidad que asume regionalmente esta “renovada” ola de lucha docente, es que comienzan a articularse los conflictos de los diferentes niveles educativos (primarios y secundarios, tanto nacionales como provinciales) conformando paulatinamente un frente de lucha común contra el gobierno de la dictadura.

Y si bien es cierto que la mayor parte de las medidas de fuerza durante esos años fueron del orden nacional (conflictividad indirecta[24]), sirvieron para dar un marco de acción regional que permitió ir acumulando experiencias de lucha y organización; en especial entre lxs docentes de secundaria (nacionales) que a la vez que participaban de las medidas de fuerza, avanzaban en su propia organización gremial y en la elaboración de sus estatutos (destacándose en esos procesos las figuras de Encarnación Díaz de Mulhall[25] y Mario Abel Amaya).

Durante el periodo ‘71-’72, el sector docente en su conjunto se posicionó como una de las fuerzas asalariadas (detrás de los empleados provinciales, y junto al sector de la construcción) que mayor cantidad de acciones de conflicto desplegó. En esa fase ascendente de lucha, fueron lxs docentes nacionales de la educación primaria (con organización en el Centro Maestros del Valle del Chubut) y secundaria (que se organizarían provincialmente hacia 1972), los que primero tomaron medidas de acción directa.

Lxs maestrxs de escuelas provinciales (nucleados en la Asociación de Docentes Provinciales), tardaron un poco más en plegarse a los paros dispuestos por el Acuerdo de Nucleamientos Docentes. Sin embargo, transitan durante 1971 (al calor de esa conflictividad nacional) un proceso interno de redefinición y renovación sindical, que no tardaría en realizar acciones de fuerza y en trasladar las presiones de las bases al gobierno provincial.

En cuanto a la docencia privada de la región -si bien no participó en ninguno de los 5 paros nacionales de 1971- manifestó su solidaridad y apoyo moral, expresando la legitimidad y fuerza del reclamo docente[26].

A partir de abril de 1971, -en el marco del Plan de Lucha nacional- se incrementan las acciones de protesta docente a nivel regional, rechazando por insuficiente el aumento que había propuesto el Ministerio de Educación (ante el constante alza del costo de vida). Ese primer paro nacional tuvo alto acatamiento en Trelew y Puerto Madryn; se plegaron lxs maestrxs y profesorxs de establecimientos nacionales, mientras que lxs docentes provinciales “asistieron normalmente a sus lugares de trabajo por cuanto la asociación que los agrupa no adhirió a la medida de fuerza” (Diario Jornada, 1/04/1971).

Al mes siguiente (mayo), el Plan de Lucha programó un nuevo paro, esta vez por 48 horas. Nuevamente fueron lxs docentes nacionales (de educación primaria[27] y secundaria) los que participaron activamente de la medida. Para esta ocasión, la Asociación de Docentes Provinciales resolvió adherir “espiritualmente” a la huelga[28], reflejando la progresiva y paulatina politización del sector que se encontraba en plena reorganización sindical, comenzando a sostener asambleas y reuniones con funcionarios del gobierno provincial para discutir incrementos en sus salarios[29].

En paralelo, un grupo de ese sector de docentes provinciales, excediendo las demandas estrictamente salariales, reclamaron también por la libertad del maestro Elvio Ángel Bel, que había sido detenido en 1970 en el marco del decreto 17.401 de represión al comunismo. Mario Abel Amaya ofició de abogado defensor de Bel, y también integró el grupo de docentes (junto con la docente del Colegio Nacional, Encarnación Díaz de Mulhall) que mediaron políticamente: entregaron en mano al Ministro del Interior Mor Roig (que se encontraba de gira por la zona) un memorial para que intercediera en la liberación de Bel. Mantuvieron también entrevistas con el Ministro de Gobierno, Educación y Justicia de la Provincia (Enrique Vernengo), a quién le solicitaron intervenir ante las autoridades nacionales[30].

Muy reconocido y respetado por la comunidad, Bel tenía 32 años al momento de su detención. Había enseñado en comunidades del interior de la provincia, así como en Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew. En esta última ciudad había impulsado -junto a otros militantes del PC- el Movimiento Estudiantil Pro Enseñanza Superior (MEPES)[31]. También estuvo vinculado a la organización del sindicato docente provincial (Asociación de Docentes de la Provincia de Chubut). Durante la “Revolución Argentina”, se había visto imposibilitado de integrar organismos públicos y de ejercer la docencia, debido a sus “antecedentes ideológicos”[32], por lo que se empleó como obrero en la fábrica textil de Rawson, PRENYL[33].

Al tercer mes del Plan de Lucha, el paro fue por 72 horas y el ausentismo fue alto entre lxs docentes primarixs y secundarixs de establecimientos nacionales. Estos últimos fijaron su posición en un comunicado firmado por Encarnación Díaz de Mulhall, Mario Abel Amaya y Francisca Hernando, en el que se comprometían a acatar en adelante los paros que dispusiese el Nucleamiento Docente[34].

Los docentes privados -a diferencia de las huelgas anteriores- pasaron a adherir moralmente[35] a la medida de fuerza, reflejando la fase ascendente de una lucha docente que seguía en expansión incorporando nuevos sectores educativos al conflicto. En un comunicado, expresaron además “rechazar la opinión de que la reforma es impulsada por la enseñanza privada, y busca el desmantelamiento de la escuela pública en provecho propio”, y exhortaron “a los padres de alumnos a tomar conciencia de la afligente situación económico social de lxs docentes del país, y a apoyarlos en sus justos reclamos” (Diario Jornada, 1/06/1971).

Sobre la reforma educativa que la dictadura estaba buscando impulsar, lxs maestrxs nacionales de Chubut manifestaron que la reforma era un trasplante del sistema de otros países y no algo elaborado de manera acorde a la realidad argentina:

primero hay que resolver los problemas económicos (…) desconocen la realidad del país; se olvidaron que el contribuyente del interior tiene derecho a que sus hijos reciban una formación y una escuela igual que la que tiene la Capital Federal (…) hay escuelas con 7 grados y un solo maestro, y otras que aunque les faltan muchas cosas tienen un maestro para cada grado (Comunicado del Centro Maestros del Valle del Chubut, Diario Jornada, 1/06/1971).

En cuanto a lxs docentes provinciales, un grupo decidió plegarse al paro, evidenciando una división al interior del gremio entre un sector más proclive a la lucha (acción directa) y uno más conservador (dialoguista). Lxs que dieron clase, se excusaron explicando que su posición

obedecía al hecho de que la última asamblea de docentes provinciales había determinado prescindir, por distintas causas, de formalizar adhesión activa al movimiento de fuerza. Aclararon que aunque se identificaban con los móviles del paro, un cambio de actitud debe responder a la decisión de una asamblea de docentes. (Diario Jornada, 4/06/1971)

En el mes de agosto, la Asociación de Docentes Provinciales tomaría un rol más activo, pasando a reclamar un aumento del índice salarial y expresando a su vez el rechazo a las modificaciones del estatuto docente en la provincia (evidenciando como la presión de “las bases” empujaba a la conducción del gremio a tomar decisiones institucionales más comprometidas políticamente). Para ello, elevaron un petitorio que había sido consensuado en Asamblea, y dieron al gobierno un plazo de 15 días para que presentara soluciones, “habiendo decidido llamar a asamblea de maestros al término de dicho plazo para considerar las medidas a adoptar de acuerdo a los resultados obtenidos” (Diario Jornada, 23/08/1971).

Esta actitud de confrontación con el gobierno (y la velada amenaza de proceder con medidas de fuerza) trajo mayores escisiones al interior del gremio, provocando la reacción por parte de un grupo de delegadxs “participacionistas” que se oponían a esa estrategia:

se quiere dejar por sentado que no es el gremio en su totalidad el que comparte la posición del secretariado. Es por eso que se ha solicitado a la conducción gremial el llamado a una asamblea general de delegados para tratar este punto que consideramos candente. (Diario Jornada, 4/09/1971)

Luego negaron que la Asociación estuviese en estado de alerta y solicitaron al gobierno continuar con el dialogo abierto, excusándose por la “forma en que se redactaron las notas enviadas al Ministerio de Gobierno y al Subsecretario de Educación, no eran las ideales para dirigirse a las autoridades constituidas” (Diario Jornada, 4/09/1971). Lxs delegadxs del sindicato también respaldaron la decisión de iniciar un sumario a la secretaria de la Comisión Directiva, alegando que había sido una falta mayor tomar “decisiones tan importantes sin que se nos consultara por medio de integrantes zonales de la comisión directiva” (Diario Jornada, 1/09/1971).

Esa reacción aplacaría momentáneamente las actuaciones de los sectores más combativos. La Asociación de Docentes Provinciales alcanzaría luego un acuerdo con el gobierno provincial, aceptando su propuesta de una financiación “compartida” con el Estado Nacional, hasta alcanzar los índices convenidos[36]. Esa resolución, y las promesas de infraestructura escolar (ampliaciones y nuevas escuelas en el interior de la provincia) fueron cejando las acciones de lxs docentes provinciales, que hasta el año siguiente no volverían a manifestarse.

Quienes sí siguieron participando del Plan de Lucha, fueron lxs docentes nacionales, sumándose a los paros de septiembre y octubre. En total, fueron cinco las jornadas nacionales de lucha docente que coordinó el Acuerdo de Nucleamientos en 1971.

Durante 1972, el problema salarial y el rechazo a la reforma educativa del gobierno persistirían, involucrando por igual a docentes de primaria y secundaria (nacionales y provinciales). Ese año se posicionarían como la segunda fuerza política que más acciones de conflicto realizó, dando cuenta del momento organizativo y de la creciente movilización/politización que experimentaba el sector.

Docentes y estudiantes (entre otros sectores políticos, culturales y económicos) eran también objeto de espionaje y persecución; estaban en la “mira” del mismo aparato represivo montado por la “Revolución Argentina” que castigó y reprimió la Fuga (15/08/1972) con una Masacre (22/08/1972). A nivel nacional, la Armada Argentina consignaba en un parte de inteligencia que la politización en el ámbito educativo continuaba en ascenso, procurando

por todos los medios y ante cualquier circunstancia favorable, de alterar el orden y producir el desgaste de las autoridades educacionales (…) dicho accionar se traduce en la materialización de numerosos conflictos estudiantiles, enfrentamientos de profesores con autoridades superiores del ámbito educacional y huelgas y planes de lucha de los docentes de todo el país (…) El problema docente no cabe duda que continuará a lo largo del corriente año, debido a la imposibilidad del gobierno de satisfacer la totalidad de las exigencias, entre las que se destacan las de tipo salarial, desactualizado desde hace muchos años y en abierta contraposición con la situación financiera del país (ARA, 1972).

Como expresión regional de esa intensidad que asume la lucha de clases, en abril de 1972, la Asociación Docentes Provinciales anunció “oficialmente” que participaría -por primera vez- del Plan de Lucha nacional, ya que los índices pautados habían quedado obsoletos ante la constante inflación del costo de vida. Por ello reclamaban al gobierno provincial aumentos del 45% (Diario Jornada, 28/04/1972).

De cara a la huelga en el mes de mayo (la primera del año 1972)[37], lxs docentes provinciales interpelaban a los padres e informaban a la opinión pública sobre las dificultades del sector y el atraso salarial:

Hoy en día, cuando todo aconseja austeridad, el maestro se ve obligado a comprar textos y material informativo a fin de modernizar los métodos educativos y mantenerse actualizado. Sabiendo el elevado costo de cualquier libro (…) deduzca que milagros debe hacer el educador que vive de tan injusta retribución (…) ¿Sabe Ud. que el maestro, a quien confía la educación de sus hijos, sólo recibe como retribución por tan delicada e importante función un magro sueldo de 39.282 $? (…) Si usted ve la necesidad de maestros concientes (sic) de su misión educativa, pero dignamente retribuidos, apóyenos en la demanda de un salario justo. (Diario Jornada, 26/04/1972, p.16).

La dictadura provincial buscó desactivar la medida, y a fines de abril abonó los sueldos docentes con nuevos índices. Pero acatando la resolución previa de la asamblea extraordinaria de Esquel (el día 25/03/1972), la Asociación de Docentes Provinciales fue al paro, por primera vez. Ese 4 de mayo, se plegaron a la huelga nacional todos los sectores docentes, incluidos los privados que se nucleaban en la Asociación de Educadores y Docentes Privados de Chubut. Esto es un claro indicador de la cohesión y del grado de desarrollo que estaban alcanzado las luchas docentes en la región.

Para esa oportunidad, contaron además con el apoyo de la nueva conducción del SOYEAP[38], que manifestó “su solidaridad con el gremio docente y le hace llegar su más profundo apoyo en la lucha por el logro de sus justos reclamos”[39] (reflejando además del grado creciente de movilización y organización que iba desplegando la docencia regional, la articulación con otras fuerzas asalariadas de la provincia).

La siguiente jornada de lucha fue en julio y duró dos días. En esa oportunidad, la Supervisión Seccional de Escuelas Nacionales distribuyó un comunicado del Consejo Nacional de Educación, en el que explícitamente asociaba el reclamo docente con la “subversión”:

la docencia argentina asiste con asombro a un proceso de politización y manejo ideológico subversivo y lamenta que reclamaciones gremiales sirvan de interés en sectorías creando confusión, desorientación y división en la familia argentina (…) siendo el niño el centro de la educación, no sería responsable una conducta tendiente a privarlo de los bienes propios de la educación escolar (…) El Consejo espera que sus maestros asuman el compromiso histórico del momento en una actitud madura y responsable, asistiendo como diariamente lo hacen a sus escuelas, para demostrar con ello que sus intereses no se detienen con la violencia, la subversión y el tumulto y con métodos ajenos a sus reales expectativas y justos requerimientos (Diario Jornada, 5/07/1972).

Sin embargo, la amenaza no aplacó el ritmo de lucha, y en las ciudades de Trelew, Rawson y Esquel el paro fue total (aunque sólo lo hicieron lxs docentes primarixs, tanto nacionales como provinciales). Entre lxs de educación secundaria, no hubo consenso para plegarse a la medida nacional y se limitaron a emitir un comunicado denunciando la problemática salarial[40]. Lxs docentes del Colegio Nacional y de la Escuela Nacional de Comercio, se encontraban en pleno proceso organizativo, discutiendo los estatutos de cara a la constitución definitiva del gremio. Mario Abel Amaya y Encarnación Díaz de Mulhall estaban entre sus organizadores: ambos (aunque en distintas circunstancias) serían detenidxs ese año por el régimen militar y liberadxs con la movilización popular de octubre, conocida como Trelewazo.

Hacia el mes de agosto de 1972, ese principio de organización sindical de lxs docentes de secundaria, dio un enorme salto cualitativo y anunciaron la unificación de los distintos sectores docentes. Reunidos en asamblea, convinieron en la necesidad de actuar coordinadamente, y emitieron un comunicado en el que manifestaron:

que es voluntad de la totalidad de los educadores de la provincia que el gremio se unifique, a tal efecto resuelven actuar conjunta y unitariamente ante los graves problemas que afligen al ámbito educacional. Que ratifican su voluntad inquebrantable de continuar la lucha por las reivindicaciones que como trabajadores les corresponde a los docentes en defensa de un régimen educativo acorde con la realidad de nuestra sociedad y alejado del arbitrio y la improvisación./ Que tales objetivos sólo pueden concretarse mediante una acción gremial coherente y democrática que contemplando las aspiraciones de las bases constituyan un gremio único de carácter nacional. Conforme a tal planteo, la docencia del Chubut en sus niveles primarios y secundarios se compromete a una acción común y a concretar su organización definitiva en procura de los objetivos prefijados (Diario Jornada, 13/08/1972).

Surgía así la Asociación de Docentes del Este de Chubut, que tendría como presidente a Amaya; quien unos días más tarde se encontraba en el Aeropuerto de Trelew realizando tramitaciones gremiales, cuando lo sorprendió la toma del 15 de agosto, tras la fuga de Rawson. Cómo dijéramos, tres días más tarde Amaya fue detenido sin orden judicial, sospechado de haber colaborado con la fuga de presos del penal. La recientemente constituida Asociación de Docentes debió salir a aclarar públicamente las razones gremiales que habían llevado a Amaya al aeropuerto:

El día 15 de agosto próximo pasado, el Dr. Amaya estaba en el aeropuerto local cumpliendo una tarea de carácter de Presidente de la Asociación. En efecto: se había designado a la señora profesora María N.L. de González Gass como delegada de la Asociación ante los organismos docentes nacionales CUTE y Acuerdo de Nucleamiento Docente para lo cual debía contar con el poder que acredite en forma el carácter que investiría. Por ese motivo, el Dr. Amaya fue el encargado de obtener la impresión del papel con membrete de la asociación de reciente formación (…) y despachar el nuevo poder sellado, en el avión de Austral que debía pasar a última hora… (El Chubut, 23/08/1972, p. 8).

Inmediatamente, representantes de ese sector docente integraron una Comisión de Lucha, implicándose directamente en otro frente de conflicto, al margen de la disputa salarial. Previamente habían convocado a una asamblea extraordinaria, para escuchar el informe de la delegada regional que había participado en Buenos Aires de las reuniones del Nucleamiento Docente; y para “considerar la situación creada con respecto al profesor Dr. Abel Amaya” (Diario Jornada, 20/08/1972).

El día 22 de agosto, como ya hemos referido, el sector secundario (nucleados en la recientemente conformada Asociación de Docentes Secundarios) y primario de la provincia, unificados en la Asociación de Docentes del Este de Chubut, participaron conjuntamente del paro nacional de 72 horas. También realizaron la convocatoria a una movilización para el día siguiente, reclamado junto al pliego de reivindicaciones laborales, contra la detención de Amaya.

No hemos podido hallar en la prensa escrita (diarios Jornada y El Chubut) mayores datos sobre esa manifestación, pero su sólo anuncio evidencia el grado de combatividad y unidad que estaba alcanzando el colectivo docente de la región; en medio de un contexto de militarización, represión y amedrentamiento que vino a anticipar la fase terrorista que el estado habría de desplegar sistemáticamente pocos años después.

Para ese momento, la Armada Argentina evaluaba que la “agresividad” que venía expresando el sector docente, había comenzado a decrecer luego de las reuniones de trabajo y del dialogo abierto con las autoridades nacionales; pero que a pesar de ello, no habían “desistido en sus intenciones de agremiación, lo que significa no haber abandonado la idea de crear una conciencia sindical en la docencia, de matiz combativo” (ARA, 1972a).

III. Sobre la figura de Amaya (consideraciones finales sobre el nexo entre lucha económica y lucha política)

Analizando el ciclo de rebelión de lxs docentes en el NE de Chubut (1969-1972), puede apreciarse cómo las reivindicaciones económicas se imbrican con las demandas políticas contra la dictadura.

Así como el factor económico y la resistencia a la reforma educativa fueron los principales fundamentos de movilización y organización docente, el autoritarismo y la represión sobre maestrxs, profesorxs y estudiantes potenció la solidaridad, la unidad y la combatividad del sector. Esa fase ascendente de lucha se expresa en una mayor participación en acciones de conflicto, que comienzan a trascender el campo de lucha económica: como por ejemplo, el reclamo por la libertad del maestro Elvio Ángel Bel (mayo de 1971) o el repudio a la represión docente durante el Mendozazo (abril de 1972), que se suma al pliego de reivindicaciones del Plan Nacional de lucha (cfr. Agüero, 2014).

Pero fue la detención de uno de sus principales dirigentes (Mario Abel Amaya) el factor decisivo que acabó por involucrar al sector docente en las luchas políticas de la región, que comienza a sincronizar acciones con otros sectores que también se oponían al régimen militar. Al analizar el derrotero de organización y lucha docente, vemos como la trama represiva termina atravesándolo y retroalimentándolo. La amenaza del Consejo Nacional de Educación asociando lucha docente a “subversión”, refleja cómo rápidamente se fue achicando la distancia que separaba los “actos de terror subversivo” de las acciones de lucha obrera y protesta política.

Esa equiparación se hace explícita en un memo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dirigido al Servicio de Informaciones (SI-Chubut) en abril de 1972. Allí se notifica al estado provincial sobre las nuevas “Normas de Funcionamiento para Paros y Actos de Terrorismo”. Una de las “necesidades informativas a satisfacer” era el porcentaje de ausentismo en huelgas de los siguiente sectores: “transportes, actividades portuarias, servicios públicos, empleados públicos, actividades comerciales, actividades docentes-estudiantiles, sectores industriales, agrarios, alteración del orden (manifestaciones y/o actos), atentados y detenidos (dirigentes de primera línea y/o figuras de gravitación"[41]. También se notificaba que deberían informar sobre las “adhesiones y/o repercusiones en distintos ámbitos” (estudiantil, político, religioso, económico), y “evaluar repercusión del paro a nivel de opinión pública masiva y si es posible, discriminando por sectores sociales” (ibíd.).

A esa altura ya era más que visible que la estrategia general de las FF.AA. se orientaba a dividir y descentralizar al campo opositor para desmovilizar a unas clases populares cuya energía y combatividad iban en ascenso, combinando para ello la represión clandestina, las operaciones psicológicas y la coerción jurídica.

Todo ello se hizo explícito en Trelew, en un lapso de no más de 50 días: primero con el fusilamiento de 16 presxs políticxs en la Base Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972; y luego con el “Operativo Vigilante” en octubre[42], que fue la continuación de la Masacre de Agosto, atacando ahora a los supuestos “enlaces locales” que habrían colaborado con la fuga. No casualmente, también fueron 16 lxs detenidxs.

La Masacre de Trelew y el Operativo Vigilante constituyen dos hechos represivos que expresan territorialmente la ofensiva contrarrevolucionaria general que inicia la dictadura, especialmente cuando las FF. AA asumen el control operativo de la represión interna a mediados de 1971. De ese proceso en ciernes (esto es, de la institucionalización de una represión del tipo contrainsurgente) se desprenderá el posterior proceso de terror. De allí la importancia de tomar la Masacre de Trelew (1972) no sólo como uno de los primeros actos palmarios y explícitos de violencia contrarrevolucionaria en la región NE de Chubut, sino también como el “ensayo general”^{^[43]} de un embrionario sistema de terror.

Sin embargo, esa intención de desmovilizar y amedrentar a las fuerzas sociales opositoras no resultó como la dictadura de Lanusse esperaba. Y el colectivo docente, que entre 1969 y 1972 se fue posicionando como una de las principales fuerzas opositoras (por la cantidad de acciones de conflicto que desarrollan), acabaría teniendo una decisiva participación en el Trelewazo de octubre de 1972.

Junto a los estudiantes, fueron las fuerzas políticas que nutrieron y dinamizaron la huelga política y la acción de masas durante la pueblada, imprimiéndole un curso “rebelde” (al abogar por medidas de acción directa, como huelgas generales y movilizaciones). De hecho, lxs alumnxs del colegio secundario Nacional de Trelew, llegaron a realizar un piquete en las escalinatas del establecimiento para sostener el paro, en solidaridad con lxs profesores Amaya y Díaz de Mulhall detenidxs a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El Trelewazo, vino a darle un “contenedor” marco de acción que permitió renovar la fuerza en el reclamo por la libertad de Amaya, cuyo nombre vino a sumarse a la lista de los 16 habitantes de la zona que habían sido detenidos a raíz del “Operativo Vigilante”. Y si bien todos los detenidos en aquella oportunidad recuperaron su libertad a fines de octubre, la “Asamblea del Pueblo (cfr. González Canosa, 2005; Fernández et. al, 1991, Ramírez, 2006), sostuvo la vigilia hasta concretar la liberación de Amaya, el 13 de noviembre de 1972.

De la misma manera en que la Masacre de Trelew representa la síntesis del proceso de reestructuración del sistema represivo que se precipita luego del Cordobazo[44], la persona de Mario Abel Amaya sintetiza -en parte- las luchas del ámbito político (como abogado y dirigente radical, contra la dictadura y su represión) y de la esfera económica (como docente contra la pauperización) de la región entre 1969 y 1972. Tanto Amaya como Encarnación Díaz de Mulhall, fueron docentes que desde su compromiso sindical, solidaridad política y conciencia social expresan una trama de relaciones que condensa aspectos trascendentales de las luchas sociales en nuestra región a comienzos de la década de 1970.

La biografía de Amaya (Rosemberg 2020; Gatica y Debattista, 2017), tal como escribiera Iñigo Carrera sobre Agustín Tosco (de quien Amaya fuera abogado también), fue producto de una singular combinación de múltiples relaciones sociales en un determinado tiempo y espacio; personifican y sintetizan procesos históricos, siendo expresión de una fracción social y de un momento determinado de la lucha de clases en Argentina (Carrera, Grau y Martí, 206, p. 9-11).

Su praxis de defensa de presos políticos en la región, desde el traslado de los detenidos en el Cordobazo al penal de Rawson en 1969; y la paralela acción gremial como docente secundario (contribuyendo a una conciencia sindical de matriz combativa), confluyen dramáticamente en agosto de 1972, cuando se dirigió al aeropuerto de Trelew para entregar una credencial a una delegada docente, y acabó oficiando de mediador entre lxs 19 guerrillerxs fugadxs y las fuerzas de la represión.

Esa situación fue razón suficiente para que se volviese blanco del mismo aparato represivo que perpetraría, días más tarde, uno de los primeros actos palmarios de Terrorismo de Estado de nuestra historia reciente. Finalmente, la posterior reacción y movilización popular ante el “Operativo Vigilante” (buscando los “enlaces locales” de la Fuga) que consigue su liberación[45], cierra ese ciclo de rebelión.

En esa oportunidad, más de cien personas que se dirigieron hasta el aeropuerto de Trelew, ingresaron a la pista y “apenas descendió del avión Amaya fue levantado en andas por un grupo de simpatizantes que coreaban estribillos y hacían flamear cartelones alusivos” (Diario Jornada, 16/10/1972, tapa). Uno de esos carteles decía: “AMAYA RESCATADO POR EL PUEBLO”. Y así lo entendería también el propio Amaya, agradeciendo a “la acción popular como el método que logró arrancar a los presos de las cárceles”[46]. Con tono épico, el Diario El Chubut comunicaría en su portada:

Dijimos hace un tiempo que el último capítulo de la Epopeya de Trelew lo íbamos a escribir cuando liberaran a Amaya, porque esa libertad significaría el broche de oro de una reacción popular ejemplar, sin antecedentes en la historia argentina de los últimos tiempos (Diario El Chubut, 14/11/1972, tapa).

Referencias

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[1] Fernando Vaca Narvaja (Montoneros) Domingo Menna, Roberto Mario Santucho, Enrique Gorriarán Merlo (ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR)

[2] Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar.

[3] “El valle centro de la noticia: nuestra zona se transformó ayer en el objetivo de la noticia principal para todos los medios periodísticos del país. desde el momento en que se conocieron las primeras informaciones sobre la fuga de guerrilleros de Rawson y el secuestro del avión de Austral en Trelew, el teléfono de radios, diarios y canal de televisión locales repiqueteó constantemente en demanda de datos sobre el operativo./ hoy a las 4 de la mañana llegaron los primeros enviados especiales de los medios metropolitanos: un avión del diario “La Razón” con periodistas de ese vespertino y un enviado especial de United Press International, Jorge Brinsek. Más tarde arribaron otros aviones y en un vuelo regular de Austral, numerosos cronistas y fotógrafos de diarios, radios, canales de televisión y agencias noticiosas. Una vez que tomaron los primeros contactos en Trelew, se dirigieron a Rawson, sede del comandante de la zona de emergencia, para cumplir su misión informativa (Diario Jornada, 16/08/1972, tapa).

[4] El 11 de octubre de 1972 las fuerzas armadas de la dictadura que encabezaba Agustín Lanusse, realizaron en el Noreste de la provincia de Chubut un operativo militar secuestrando a 16 personas sospechadas de “subversión”. Inmediatamente comenzó a organizarse y a tomar cuerpo una protesta demandando la devolución al pueblo de Trelew de sus presos políticos. La magnitud de la convocatoria, las nutridas marchas por las calles de la ciudad, el paro total de actividades y la ocupación del Teatro Municipal donde se sostuvieron participativas asambleas, obligaron al interventor provincial a mediar con el Poder Ejecutivo Nacional la liberación de todos los detenidos. Al quinto día de lucha, se obtuvieron los primeros resultados favorables: la mitad fueron liberados; el resto iría retornando a la ciudad en los siguientes días. (Cfr. Binder, 2019a)

[5] El traslado masivo de presos políticos a la Unidad 6 de Rawson, que comenzó desde mediados de 1971 (ya bajo la “presidencia” de Lanusse), fue parte de una estrategia represiva que buscaba aislar en el sur a los detenidos políticos y “descomprimir” así la presión que ejercían sus familiares y abogados. Sin embargo, no contaron con que también en la lejana geografía patagónica numerosos habitantes asumirían el compromiso político de convertirse en apoderados legales de los presos, conformando, por ejemplo, la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos (Cfr, Binder, 2019; Fernández Picolo, 2014; Canosa, 2005; Fernández Picolo, Western y De Oto, 1990).

[6] Retomamos de Antonio Gramsci (1980) la iniciativa teórica de referir con “fuerza política” a un grupo social que –confrontando- ha alcanzado cierto grado de homogeneidad, conciencia, identidad y organización, en torno a intereses y objetivos “corporativos”. Por ej. grupos de teatro, agrupaciones estudiantiles, asociaciones profesionales, gremios, partidos políticos asociaciones barriales, culturales, deportivas, propietarias, patronales, etc. Al hablar de fuerza social, nos estamos refiriendo a la agregación de fuerzas políticas que llegan a componer una coalición de fracciones sociales. (Bonavena et. al, 1998)

[7] La utilización de la “x”, responde a la necesidad de remarcar la amplia mayoría de mujeres que integraban el colectivo docente. Algo que particularmente también sucede en la rama textil durante el mismo periodo (Cf. Pérez Álvarez, 2021). Al referirse genéricamente como “los docentes”, y en muchos casos al tratarse de dirigentes masculinos, esta mayoritaria presencia femenina como mano de obra, tiende a invisibilizarse.

[8] Unión Cívica Radical, Movimiento de Integración y Desarrollo, Partidos Socialista Popular, Partido Demócrata Progresista, Partido Revolucionario Cristiano, Juventud Peronista y Encuentra Nacional de los Argentinos

[9] Este último sector profesional, realizó paro general en sus actividades, el día 21 de agosto, luego de haber cursado despachos telegráficos a Lanusse, Mor Roig y Costa reclamando por la libertad e integridad física de Amaya.

[10] La movilización popular no parecía ser en ese contexto de terror una opción prudente, por lo que se desarrollaron otras estrategias de mediación más institucionales (cursando notas, telegramas y reuniones), propias de los partidos políticos que fueron los que hegemonizaron la Comisión por la Libertad de Amaya.

[11] “María Antonia es secuestrada el 16 de Octubre de 1979, fue trasladada al centro clandestino de detención de Campo de Mayo y, probablemente asesinada en 1980. Alberto resiste el sitio a su casa y es asesinado el 16 de agosto de 1977. Ricardo fue secuestrado en Brasil el 19 de diciembre de 1982 y permanece desaparecido” (Fernández Picolo, 2014, p.165).

[12] Por ello, el periodista Tomás Eloy Martínez fue despedido de la revista Panorama luego de publicar menciones sobre irregularidades y contradicciones entre las distintas versiones oficiales. El decreto estipulaba: “No podrá divulgarse noticia, información o comentario sobre los hechos de Trelew que no hayan sido previamente autorizados por los señores Burnet Merlin, (Astur) Morsella o Bugatti (de la Secretaría de Prensa y Difusión). En caso de duda, deberá abstenerse de informar. Deben evitarse entrevistas y reportajes sobre problemas anteriores o posteriores a los hechos ocurridos en Trelew. Solamente podrán utilizarse los cables de noticias de la agencia Télam, siempre que se tenga seguridad sobre su fidelidad”.

[13] “El nombre de ‘Viborazo’, se pensó como una respuesta a la declaración que había hecho unos días antes el entonces gobernador de la provincia, José Camilo Uriburu, refiriéndose a que su misión era “cortar la cabeza de la víbora comunista” que anidaba en Córdoba. El levantamiento popular se inició el 15/03/1971, un día de paro declarado por la CGT regional. Los gremios clasistas y combativos, junto a algunas agrupaciones políticas se citaron en un acto en el centro de la ciudad, al que asistieron cerca de 10.000 personas (...) Se atacaron “blancos” que simbolizaban el imperialismo, como Xerox, Iccana, Banco de Galicia y el Jockey Club. Luego llegó la represión policial con gases y un muerto. En la madrugada, la brigada antiguerrillera de la Policía Federal, al mando del Crío. Villar, rastrilló el barrio de Clínicas, con un resultado de 400 detenidos y 19 heridos”. (Ortíz, 2013, p.6)

[14] Documento de la J.C.J. (LCS-106) “Pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”, 14/6/1971. Esta documentación fue incorporada al juicio por la Masacre de Trelew (2012) y su análisis forma parte del capítulo “Polo Represivo” de la tesis de doctorado de Axel Binder.

[15] En alusión al último ensayo de teatro previo al estreno de la obra. Esta noción que retomamos de la declaración testimonial de Rodolfo Mattarollo (Binder et. al, 2015), defensor de presos políticos y miembro de la “Asociación Gremial de Abogados”.

[16] Precedente de lo que sería CTERA, fue creado “…luego de la disolución del Comité Unificador de Acción Docente (CUDAG), en 1970, en un Congreso realizado en la provincia de Córdoba” (Gudelevicius, 2020).

[17] El video y los audios de la entrevista son reproducidos en el documental “Ni olvido ni perdón” que ese mismo año realiza el cineasta Raimundo Gleyzer (“Cine de la Base”, ERP). Los “crudos” de esas entrevistas, fueron presentados también como prueba durante el juicio por la Masacre de Trelew (Rawson, mayo de 2012).

[18] Diario Jornada, 24/01/1972.

[19] Diario Jornada, 4/10/1972.

[20] “… José Mariano Astigueta (hasta junio 1969), Dardo Pérez Guilhou (junio 1969-junio de 1970), José Luis Cantini (julio de 1970-mayo 1971) y Gustavo Malek (desde mayo 1971). Las cuatro gestiones sostuvieron, con éxito diverso, la implementación de un proyecto educativo que socavaba tanto la continuidad del sistema de instrucción primaria vigente desde 1884 y sus principios, como los derechos laborales de la docencia de ese nivel adquiridos tras años de lucha” (Gudelevicius, 2011a: 118). Para ampliar sobre la Reforma Educativa durante el onganiato ver también Vuksinic, 2017.

[21] Hasta ese momento, regionalmente venían reclamando por las actualizaciones salariales y por la aplicación del Estatuto Docente; situación que generaba tensiones con el Consejo Provincial de Educación, acaloradas asambleas de delegados y disputas al interior de la Asociación de Docentes Provinciales del Chubut. Tras el golpe de Estado no se registrarían localmente nuevas acciones de conflicto en el sector. Recién en mayo de 1969 (en el marco de la huelga general que deriva en el “Cordobazo”) volvemos a encontrar indicios de lucha docente, plegándose al paro general convocado por el Comité Unificador Docente de Acción Gremial (CUDAG). El comunicado lo firmó Mario Abel Amaya en representación de lxs docentes secundarixs, siendo este un antecedente de su compromiso gremial. No obstante, esa expresión de conflicto fue más bien circunstancial, ya que hasta 1971, no se registrarían en la prensa local nuevos indicios de medidas de fuerza en el sector.

[22] “Entre 1969 y 1972 se sucedieron infinidad de paros y movilizaciones docentes en todo el país, siendo el punto más alto entre noviembre de 1970 y durante todo 1971. Hubo paros de 24, 48 y 72 horas a nivel nacional con cese total de actividades. Uno significativo por sus resultados fue el paro nacional de 72 horas del 1 de junio de 1971. Al día siguiente, el ministro Malek anunciaba la suspensión de la reforma educativa a nivel nacional” (Gudelevicius, 2011).

[23] Documentación incorporada al Juicio por la Masacre de Trelew realizado en Rawson, en el año 2012.

[24] Por conflictividad indirecta, hacemos referencia a las luchas, conflictos y/o reclamos cuya raíz está fuera de la región Noreste del Chubut, pero que sin embargo tienen un impacto activando réplicas locales de dicha conflictividad (con especificidades propias).

[25] Docente del Colegio Nacional de Trelew que fue secuestrada y puesta a disposición del Poder Ejecutivo junto a otras 15 personas, la madrugada del 11 de octubre de 1972 (“Operativo Vigilante”, Cfr. Binder 2019, 2019a), acusadas de “subversión” y (al igual que Mario Abel Amaya) sospechadas de haber colaborado con la fuga del penal de Rawson dos meses antes.

[26] A nivel nacional, los docentes del ámbito privado fueron la única rama que formó parte de la Comisión Nacional de Análisis y Evaluación del Sistema Educativo que había creado el gobierno de la dictadura para proyectar los lineamientos de la reforma del sistema.

[27] El Centro de Maestros del Valle del Chubut reclamaba “…activa intervención de la docencia en los planes de reforma educativa; 2º) respecto del régimen previsional contemplado en el original de la ley 14.473; 3º) pago normal y actualizado a los jubilados del 82 por ciento móvil; 4º) sueldos actualizados y que contemplen la realidad del costo de vida” (Diario Jornada, 5/5/1971).

[28] La Asociación de Docentes Provinciales se manifestó en todo “solidaria con los propósitos que animan y persiguen los docentes nacionales, uniéndose a los mismos, haciéndolo sólo en forma espiritual…” (Diario Jornada, 5/5/1971).

[29] “Con una concurrencia estimada en el centenar de personas se llevó a cabo ayer en dependencias de la escuela provincial Nº21, la asamblea general convocada por los docentes provinciales para tratar la organización del gremio y el pedido de incrementación del índice por mayor costo de vida” (Diario Jornada, 8/5/1971).

[30] Diario Jornada 11/04/1971.

[31] Explica Fernández P., que el MEPES estaba integrado por un grupo de jóvenes y estudiantes secundarios de Trelew, que funcionó entre 1963-1965: “El proyecto del MEPES proponía la expansión de la universidad pública, gratuita y no confesional. La intensa actividad desplegada logró una gran cantidad de adhesiones y se transformó en un proyecto de ley que es aprobado, en 1965, por la legislatura provincial, creando el Instituto de Estudios Superiores” (Fernández Picolo, 2014: 119).

[32] “La SIDE, de acuerdo a un informe producido por la Comisión Asesora para la Calificación de Ideología Extremista (CACIE) con fecha 30 de octubre de 1968, recomienda su ‘EXCLUSIÓN PARA OCUPAR CARGOS EN LA ADMIMINSTRACION PUBLICA’ según el Destacamento de Inteligencia Militar 9 de Comodoro Rivadavia que lo había investigado porque Bel había sido maestro titular en una escuela de esa ciudad” (Fernández Picolo, 2014: 125).

[33] Luego trabajaría en los diarios locales Jornada y El Chubut, y al momento de su desaparición en 1976 se desempeñaba como zapatero, en un comercio céntrico de Trelew del que fue secuestrado cuando terminaba su jornada laboral.

[34] “Los profesores del Colegio Nacional, Escuela Nacional de Comercio y Escuela Nacional de Educación Técnica, reunidos en asamblea el día 25 de abril resolvieron apoyar el paro previsto para esa oportunidad y todos los que con posterioridad fueran decretados por el Nucleamiento de Entidades Docentes para la concreción de los mismos fines. Por lo tanto, mantienen en esta oportunidad la posición asumida por los asambleístas-ratificada por la mayoría en la Escuela Nacional de Educación Técnica- adhiriendo al paro docente que se llevará a cabo los días 1º, 2, y 3 de junio” (Diario Jornada, 1/06/1971).

[35] Expresaron su adhesión moral a los reclamos: “a) de orden económico social (salarios, previsión y obras sociales); b) de política educativa (legislación escolar y docente y reforma educativa)” (Diario Jornada, 1/06/1971).

[36] “Con un verdadero esfuerzo la provincia financiará la diferencia existente, derivada del mayor puntaje que el Estatuto Docente establece para el maestro provincial con relación al maestro nacional, y no habrá de ahorrar gestiones en el futuro para mejorar las remuneraciones de sus docentes” (Diario Jornada, 13/10/1971).

[37] Que además de los reclamos económicos, se hacía también en solidaridad con las docentes reprimidas en Mendoza, durante una marcha a la Casa de Gobierno en el mes de abril (cfr. Rodríguez Agüero, 2014).

[38] Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública Provincial.

[39] Diario Jornada, 5/05/1972.

[40] En él, declaran su “unánime repudio a la actual situación de los educadores argentinos, ya sea en remuneraciones, régimen provisional, normalización de pagos, como así también ante la política educativa que se cumple en el país, cuya improvisación crea el caos y afecta sensiblemente a la escuela pública” (Diario Jornada, 5/07/1972).

[41] Memorando “Normas de Funcionamiento para Paros y Actos de Terrorismo”, SIDE, 12 de abril de 1972, Archivo Provincial de la Memoria Chubut.

[42] Durante la madrugada del 11 de octubre de 1972, cerca de las 5.30am (Diario Jornada, 13/10/1972, p.6) se dio inicio al Operativo Vigilante, ordenado por el juez militar Carlos Tomás Di Pietro (Fernández et. al, 1991; González Canosa, 2005) y a cargo del V Cuerpo del Ejército, con participación de efectivos de la Armada y de la Policía Federal (Diario Jornada, 13/10/1972). Durante las 5 horas que duró el operativo, se produjeron cientos de allanamientos simultáneos en Trelew, Rawson, Madryn y Puerto Pirámides. Muchos de esos domicilios pertenecían a los “apoderados legales” de los presos políticos, cuya lista ascendía a más de 50 personas y a gente vinculada con las comisiones de solidaridad.

Mientras tanto, camiones del Ejército y de la Armada con efectivos armados, patrullaban las calles de Trelew. También se bloquearon las rutas que conducían a las localidades vecinas, quedando “bajo el control de efectivos militares que con ropas de fajina y armas largas y cortas practicaban un riguroso control de los vehículos y sus ocupantes” (Diario Jornada, 13/10/1972, p.6). Esto generó largas colas de vehículos de los trabajadores de la administración pública que se dirigían a Rawson (Diario Jornada, 13/10/1972), los cuales fueron violentamente requisados. El comunicado que emitió radialmente el comando del V cuerpo del Ejército exponía que “Esta actividad ha sido desarrollada para garantizar el orden y la tranquilidad pública de la comunidad de Trelew que ha sido directamente afectada por la acción de elementos vinculados a actividades subversivas. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.081 y en atención a diversas denuncias realizadas por distintos sectores de la población y las investigaciones efectuadas, se han dispuesto los procedimientos mencionados” (Diario Jornada, 13/10/1972, p.6).

[43] Esa noción la retomamos de la declaración testimonial de Rodolfo Mattarollo, defensor de presos políticos y miembro de la “Gremial de Abogados”. Con ella se alude no sólo al acto criminal de los fusilamientos en la Base Zar, sino también a la cadena de mandos que lo hizo posible y a todos los mecanismos y recursos desplegados para ocultar responsabilidades, garantizar la impunidad del hecho y enviar una advertencia de terror no sólo a las organizaciones político-militares, sino a toda la sociedad.

[44] Las fuerzas armadas en el poder (negando obstinadamente la política y velando celosamente por los intereses imperialistas y el éxito de su proyecto económico) respondieron potenciando los mecanismos coercitivos, desplegando una doble faz en su accionar represivo: por un lado, una cara legal, a través de la adecuación del sistema jurídico de modo tal que permitiera el control de sus enemigos políticos (sancionando leyes, como la 17.401, de represión al comunismo; o creando la Cámara Federal en lo Penal para juzgar y encarcelar -de forma expeditiva y dentro de un supuesto “marco legal”- a todos aquellos sujetos sospechados de estar vinculados con actividades “subversivas”). Paralelamente reforzaba la otra cara: una ilegal, que implicaba el espionaje, la persecución, el secuestro, la tortura, hasta la desaparición de todo aquél al que considerase su adversario político. Prácticas, estas últimas, que desde 1970 comenzaron a afianzarse estructuralmente, y cuya continuidad y “perfeccionamiento” darían forma al inhumano Leviatán Terrorista de 1976. La Masacre de Trelew, entonces, habría de ser el primer ensayo terrorista de las fuerzas armadas.

[45] Como coralario de ese proceso histórico, su elección en 1973 como diputado nacional por la UCR: “En la cámara, se distinguió por las constantes denuncias de torturas y detenciones ilegales lo cual le valió la atención especial, de la organización paramilitar Triple A”. (Gatica y Debattista, 2017, p. 43).

[46] Ibíd.