Introducción

El presente artículo recupera algunas reflexiones surgidas en el marco de la realización de una estancia postdoctoral en Sevilla (España) durante el año 2022^[1]. La misma perseguía como objetivo general realizar un estudio exploratorio antropológico respecto del rol que asume la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la gestión de la problemática habitacional, sobre la base de considerarlo un movimiento popular que fue pionero en la lucha contra los procesos de financiarización de la vivienda en España (Girado, 2023). No obstante, en el devenir del trabajo de campo, se identificaron otras iniciativas de la sociedad civil organizada para enfrentar la problemática habitacional, tal es el caso de los Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVEs). Estos espacios de asesoría por la vivienda, surgieron en el año 2012 al calor del Movimiento de los Indignados o 15M, siendo su objetivo principal atender y dar respuesta, de manera colectiva, a numerosas personas afectadas por los bancos, entidades financieras y el propio Estado, en materia de acceso a derechos. En este sentido, abonan a generar una interpretación alternativa de las causas estructurales de la crisis de vivienda, de sus responsables y de sus víctimas (García Soto, 2016), así como también propician el empoderamiento y protagonismo de las personas afectadas en la búsqueda por tornar públicas y justiciables las demandas por el acceso a una vivienda digna (Girado, 2023).

El trabajo de campo en uno de los PIVE(s) que persiste en la actualidad, el cual funciona en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) de Sevilla, permite analizar dos aspectos imbricados, por un lado, la centralidad que asume la vivienda en alquiler cuando se hace referencia a las redefiniciones de la problemática habitacional española durante la última década y, por el otro, cómo la judicialización de los casos, lo que comúnmente se suele conocer bajo el nombre de desahucios, habilita a que las personas se vinculen con espacios de lucha y de trabajo descentralizados y autogestionados, a los fines de tramitar una respuesta a su demanda.

A partir de una metodología cualitativa, que privilegia el enfoque etnográfico, se buscó atender a los procesos sociales en su discurrir y en su devenir, sobre la base de recuperar la perspectiva de los actores cultural y localmente situados, en tanto un camino privilegiado para acceder al conocimiento de lo social (Balbi y Boivin, 2008). Las técnicas de investigación que se implementaron durante el trabajo de campo fueron la observación participante y la entrevista antropológica. A través de la observación participante, se expresa el sentido etnográfico del “estar ahí” para registrar situaciones que escapan a las entrevistas. Esto supone reconstruir los modos en que las personas utilizan, se apropian y resignifican sus prácticas y discursos. Y, en lo que respecta a la entrevista antropológica, Guber la define como “una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación” (2001: 70); su valor reside en su carácter referencial y performativo.

De este modo, durante el trabajo de campo en 2022, se realizaron entrevistas antropológicas a informantes clave (participantes del PIVE Diamantino y la PAH Sevilla; trabajadora de la institución Defensor del Pueblo Andaluz, investigadores de la Universidad de Sevilla), así como observación participante en variados eventos (reuniones del PIVE Diamantino y la PAH Sevilla, actividades públicas sobre la problemática habitacional, ejecución de desahucio, etc.). Los registros producidos a través de las mencionadas técnicas de investigación se enriquecieron con el relevamiento y análisis de fuentes documentales (noticias periodísticas, leyes, informes institucionales, documentación de organizaciones sociales, etc.).

Finalmente mencionar que el artículo se estructura en tres apartados que presentan diferentes dimensiones de análisis. En el primero, se reconstruye las particularidades que adopta la problemática habitacional española y su reconfiguración con posterioridad al estallido de la burbuja inmobiliaria-financiera de 2008, lo cual no puede escindirse de las formas de funcionar del capitalismo global y sus expresiones espaciales (Brenner y Theodore, 2002). En este sentido, interesa dar cuenta de los cambios acontecidos en Sevilla respecto a los procesos de organización y movilización vinculados a la vivienda. En el segundo, se realiza una actualización de la situación de los Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVEs), en tanto resulta una invención de lucha emblemática a nivel local. Específicamente, interesa recuperar la experiencia de uno de los pocos PIVEs que persiste, a los fines de discutir algunos aspectos de la crisis de vivienda y de los procesos de desahucios en la actualidad. Y, en el tercero, se aborda un eje de análisis que resultó recurrente en las reuniones del PIVE Diamantino, esto es la dimensión productiva y política de la espera. En el “mientras tanto” se producen los procesos de desahucios, la participación en estos espacios de asesoría permite disputar un proyecto de vida en la ciudad.

Problemática habitacional española: el caso de Sevilla

Desde el fin del ciclo económico-inmobiliario en el año 2008, el problema de la vivienda se ha agravado en España, suscitando la emergencia de diversos conflictos que tienen como protagonistas a movimientos sociales y agrupaciones vecinales, quienes reclaman el derecho a la vivienda digna así como también el cumplimiento de normativa internacional en materia de derechos humanos. Diversos autores (Álvarez de Andrés y Smith, 2019; Colau y Alemany, 2012; Rodríguez Alonso y Espinoza Pino, 2017) señalan que las políticas de mercantilización y financiarización de la vivienda tienen sus raíces en el Franquismo (1939-1975). Durante el mencionado período dictatorial, la estrategia habitacional se orientó a convertir a España en un país de propietarios, no de proletarios, como parte de una política de control social y dinamización económica a través del sector de la construcción. Esta lógica implicó concebir la vivienda fundamentalmente como un bien de inversión y no como un bien de uso. Asimismo, esta matriz de sentido tiende a asimilar el derecho a una vivienda digna con la propiedad privada, lo que ha ocasionado que la vivienda en alquiler no se piense ni promueva como una de las principales formas de garantizar un lugar donde vivir.

Durante las primeras décadas democráticas (1975-1999) se privilegió la construcción de viviendas y tejido urbano en tanto núcleo productivo y económico de España^[2]. En este contexto, se consolidó el acceso a la vivienda mediante crédito hipotecario, una opción que se extendió también entre los sectores de ingresos medios y bajos. Como señalan Álvarez de Andrés y Smith (2019), entre 1999 y 2007 se produjo un crecimiento exponencial del sector de la construcción, acompañado por una fuerte expansión de la especulación inmobiliaria. La entrada de España en la Unión Europea favoreció la inversión extranjera en el sector inmobiliario, lo que consolidó aún más la alianza entre los sectores financiero e inmobiliario, en un contexto de progresiva retirada del Estado en materia de provisión habitacional.

Tras el estallido de la burbuja en 2008, la recesión provocó un aumento abrupto del desempleo y de los desahucios -promovidos por entidades bancarias y fondos buitre-, mientras que la vivienda social sufrió un debilitamiento estructural como consecuencia del colapso financiero y del retroceso del Estado como actor central en la provisión de vivienda^[3]. No obstante, lejos de significar el fin de la especulación inmobiliaria, la crisis sentó las bases para un nuevo ciclo de acumulación financiero-inmobiliaria a escala global (Rolnik, 2021; Gil, 2022). En esta línea, Gil y Martínez (2022) sostienen que la financiarización de la vivienda no puede explicarse únicamente por dinámicas de mercado o reformas financieras, sino que respondió también a un papel activo del Estado español, que impulsó diversas intervenciones -económicas, políticas y sociales- orientadas a consolidar un determinado arreglo espacial. Los autores identifican tres medidas interrelacionadas que conforman dicho paquete de políticas:

(1) la reforma de las SOCIMIS para atraer a los inversores internacionales; (2) la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para permitir una rápida y alta rentabilidad a las caseros globales y facilitar la liquidez de las viviendas de alquiler; y (3) la privatización de vivienda pública para atraer a dos destacados fondos globales como forma de crear expectativas globales sobre el futuro del ciclo inmobiliario español. (2022: 77)

Este entramado de reformas profundizó la lógica de la vivienda como activo financiero y tuvo consecuencias directas en la vida cotidiana de amplios sectores sociales, agudizando los conflictos habitacionales. Así, la explosión de la burbuja y el posterior surgimiento del Movimiento de los Indignados o 15M -en 2011- propiciaron nuevas formas de organización y movilización vinculadas a la vivienda, en un intento de construir una respuesta social frente a la crisis económico-política que atravesaba España (Díaz Parra, 2013; Candón Mena, 2015). En lo que respecta a la ciudad de Sevilla, se generaron heterogéneos espacios colectivos de asesoría y lucha, destacándose la Intercomisión de Vivienda (unión de las comisiones de vivienda de las distintas asambleas de barrio), la red de Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVEs), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Oficina de Derechos Sociales (ODS), la Oficina de Okupación y la Plataforma Interdistritos Barrios Hartos. También se promovieron ocupaciones colectivas de edificios vacíos, para realojar a las familias desahuciadas que se organizaron en grupos de afectados, las cuales recibieron el nombre de Corralas^[4], en alusión a los viejos patios de vecinos característicos de Sevilla. De este modo, se advierte una articulación entre repertorios de acción consolidados a nivel estatal (como la PAH) y formas innovadoras de lucha surgidas desde lo local.

Más recientemente, con la discusión parlamentaria de la Ley de Vivienda^[5] (2023), se dio a conocer públicamente un Informe sobre la situación de la Vivienda en Andalucía y Sevilla. Los datos que se presentan no sólo permiten ratificar la agudización de la problemática habitacional, sino también que el mercado de vivienda español es especulativo, no satisfaciendo las necesidades de las personas. Pero, además, la región de Andalucía tiene ciertas especificidades vinculadas a que la renta media, entre 2008 y 2021, es un 83,8 % de la española; y casi un tercio de los hogares en 2021 se encontraba en situación de riesgo de pobreza. En lo que respecta a Sevilla^[6], debe entenderse como una ciudad polarizada en cuanto a ingresos, por contar con algunas de las rentas más altas y más bajas de Andalucía; diferenciación que también se materializa socio espacialmente, un ejemplo de ello es que cuenta con 6 de los 15 barrios más pobres de España.

En el documento se ofrecen otros datos para pensar la deficiente oferta de viviendas, principalmente en alquiler. Esto se vincula a que durante la última década ha ganado centralidad la actividad económica del turismo, lo cual tuvo efectos en la sustitución del uso residencial de larga duración de las viviendas a partir de priorizarse su alquiler temporario en plataformas de internet. Según el registro andaluz de viviendas turísticas en el primer trimestre de 2023 se contabilizaban 96.898 unidades, siendo su concentración mayoritaria en las grandes ciudades (Málaga y Sevilla). Esta situación se complejiza si se tiene en cuenta que la política pública, implementada por Junta de Andalucía^[7], resulta deficiente puesto que no se avanza en la construcción de vivienda pública (entre 2017 y 2022 se construyeron 100 viviendas en toda Andalucía), y la cantidad de viviendas protegidas que se destinan al alquiler resulta minoritaria.

En este contexto, los procesos de desahucios se constituyen en una de las principales razones para que las personas se vinculen con diversos espacios de asesoría por la vivienda. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el segundo trimestre de 2024, se produjeron un total de 7.850 desahucios en España, lo que supone un incremento del 7,8% con respecto al mismo periodo de 2023. A nivel territorial, Andalucía ocupó el segundo lugar respecto al número total de desahucios (1.129). En relación a los motivos que habilitan los procesos de desahucios, aquellos derivados de impagos de alquiler representan la mayoría de los casos (5.874 en total), lo que supone un crecimiento del 10,7% respecto al segundo trimestre de 2023. La región de Andalucía también presenta cifras elevadas en este punto (765). A los desahucios practicados por el Estado habría que añadir los desahucios invisibles sin orden judicial. En este sentido, las mudanzas muchas veces se presentan como voluntarias pero no dan cuenta de los constreñimientos estructurales que las propician: creciente conversión de pisos residenciales en alquileres turísticos (Parralejo et al., 2022; Lerena Rongvaux, 2022), incremento del precio de los alquileres^[8], acoso inmobiliario, etc.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la situación que se vivencia en Sevilla generó las condiciones de posibilidad para que se produzca el “resurgimiento” de un movimiento por la vivienda. Las masivas manifestaciones públicas desarrolladas en 2023 y 2024, permitieron renovar las articulaciones entre múltiples espacios de lucha existentes en la ciudad. Como se abordará en el próximo apartado, la agudización de la problemática habitacional en Sevilla, permite poner en valor experiencias pasadas en materia de vivienda, como es el caso de los PIVEs; reafirmándose la importancia de construir un accionar colectivo en la tramitación de problemáticas habitacionales, sobre la base de reconocer la trama de relaciones sociales y las condiciones -históricamente definidas- que lo hacen posible.

Movimiento por la vivienda: el caso del PIVE Diamantino APDHA

Ante la permanencia de un patrón de urbanización excluyente (Segura, 2014), existen numerosos autores en América Latina que discuten iniciativas desarrolladas por los sectores de menores ingresos para hacer efectivo el derecho a la ciudad y a la vivienda. En este sentido, el concepto de Producción Social del Hábitat refiere a “la masiva capacidad de autoproducción de los sectores populares respecto de las viviendas, pedazos de la ciudad y, en general, los territorios que habitan” (Di Virgilio y Rodríguez, 2013: 14). Si bien la PSH comprende procesos diversos y complejos, interesa recuperar su compromiso por deslindar el hábitat y la vivienda de la conceptualización que los reduce a meros objetos mercancía, priorizándose las necesidades de habitar de las personas (Zapata, 2021). En sintonía con ello, Ortiz Flores (2010) advierte que son muchos los colectivos que vienen impulsando, tanto a escala latinoamericana como internacional, transformaciones en las formas de producción, gestión, uso y disfrute del hábitat. Por este motivo, la generación de espacios participativos, los cuales pueden o no estar institucionalizados, resultan un elemento primordial en pos de propiciar una gestión democrática de la ciudad y el hábitat (Fernández Cabrera, 2012; Rolnik, 2021). Al respecto, García-Guadilla (2007) ratifica que la lucha por la tierra y la vivienda no resulta sólo una demanda de carácter reivindicativo, “se transforma en la lucha por el ejercicio de un derecho político como lo es el derecho a la participación y, en última instancia, el derecho a incidir en los asuntos de la polis” (2007: 61).

El presente artículo recupera el trabajo de asesoría que realiza el Punto de Información y Encuentro (PIVE) Diamantino, entendiéndolo como un espacio de participación surgido “desde abajo”, que promueve la conformación de redes sociales en pos de afrontar problemas de vivienda. Como señala Díaz Parra (2019), ni las ocupaciones de viviendas ni los espacios de asesoría se han inventado en Sevilla, pero han adoptado “fórmulas interesantes para desarrollar un trabajo importante en el ámbito urbano, con repercusiones en las condiciones de vida de muchas personas, con un impacto ideológico respecto de las formas de entender el derecho a la vivienda, a la propiedad y a la propia ciudad” (2019: 14). El surgimiento de los mismos se encuentra imbricado con la generación del Movimiento de los Indignados o 15M, en tanto propició un nuevo ciclo de protestas de carácter integral en el Estado Español, dando lugar a la conformación de diferentes espacios de participación asamblearios.

Como una respuesta a los embates de la crisis económica, política y social, en el año 2012 en Sevilla surge una red de PIVEs. Según un informe de la Intercomisión de Vivienda (2012), los mismos debían localizarse próximos a las mayores concentraciones de desahucios^[9], de tal manera de que cada persona no se encontrara a más de 1 km de uno de esos puntos. Por este motivo, en sus inicios se contabilizaron trece, número que disminuyó significativamente con el correr de los años, ya que para el 2019 había cinco (Diaz Parra, 2013; 2019) y, para el 2022, solo dos seguían en funcionamiento: el PIVE de Mairena-San Juan del Aljarafe y el PIVE Diamantino. Desde sus orígenes se los definió como:

Locales sociales en los que se atiende y asesora a cualquier persona con problema de vivienda y se facilita su unión con otros afectados para la defensa de sus derechos (…) El servicio es gratuito y se sostiene con el trabajo voluntario de ciudadanos corrientes, entre los que hay abogados/as, otros juristas y personas con experiencia en la lucha por el derecho a una vivienda digna. (Informe sobre subasta de viviendas y presentación de puntos de información y encuentro sobre vivienda, 2012: 6)

Durante la estancia de investigación postdoctoral realizada en 2022, se hizo trabajo de campo en el PIVE Diamantino que funciona en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Como se indica en su página web, se trabaja desde un enfoque basado en la denuncia de la problemática habitacional, el encuentro de las personas afectadas y la autoorganización colectiva.

El PIVE es la reunión de personas que tenemos problemas de vivienda: hipoteca, alquiler, infravivienda, falta de vivienda, ocupaciones, desahucios, etc. y necesitamos encontrar soluciones. En estas reuniones nos escuchamos, informamos, apoyamos y organizamos colectivamente con el apoyo de personas con experiencia. (…) Creemos en el derecho a tener una vivienda digna y asequible y para ello, exigimos a la administración pública que lo garantice cuando las personas no podemos conseguirla con nuestros propios recursos. (APDHA Sevilla, s/f)

En una entrevista realizada a Martina^[10], voluntaria histórica del PIVE Diamantino, se mencionó que estos espacios tuvieron como objetivo no sólo fomentar una organización de base sino también tratar el tema de la defensa del derecho a la vivienda en términos jurídicos; “se buscó lidiar con lo jurídico y promover un compromiso político (…)” (Comunicación personal, 9 de mayo de 2022). Es decir, desde sus orígenes el asesoramiento legal (relacionado a las condiciones de las hipotecas, los contratos de arrendamiento y las implicaciones de la okupación de viviendas) se concibió como la principal tarea^[11] a realizar, lo cual se encuentra íntimamente vinculado con las consecuencias que los procesos de desahucios generan en la vida de las personas.

Ante el creciente involucramiento de alguna instancia del Poder Judicial para exigir la resolución de problemáticas sociales (como es el acceso a la vivienda), en las cuales solían intervenir otros poderes de gobierno (Arcidiácono y Gamallo, 2021), se concibió de manera estratégica contar con la participación de abogados y otros juristas que no solo tengan experiencia en la lucha por el derecho a una vivienda digna sino también un accionar militante, que permita acompañar las acciones que se establecen desde el PIVE. Manzo refiere a la categoría de abogados/as alternativos, para resaltar que:

(…) trabajan profesionalmente en la resistencia o promoción de intereses de grupos o clases sociales históricamente marginados, vulnerados o deslegitimados que ocupan estructuras jerárquicas de desigualdad social, utilizando su activismo y/o militancia política mediante el compromiso con diversas organizaciones sociales. Así en su ejercicio profesional toma centralidad, la arena política, como espacio de lucha para develar, desnaturalizar y transformar factores de dominación y opresión. (2016: 186)

Estos abogados humanizan al cliente, politizan la demanda jurídica, animan a la organización política de las personas, y crean estrategias de lucha y resistencia a nivel político y judicial. Quienes ejercen una expertise jurídica, así como otros profesionales que se vinculan con estos espacios de asesoría, asumen un compromiso militante con causas colectivas que implican la defensa de los derechos humanos. En el caso de estudio, la centralidad que adquiere el enfoque y lenguaje de derechos para pensar la problemática habitacional, se ve reforzada a partir del funcionamiento del PIVE Diamantino en la sede de una organización emblemática en la promoción de los mismos. En la página web de la APDHA Sevilla señalan su compromiso con “los sectores más desfavorecidos de la sociedad, las personas excluidas y que padecen en mayor grado las violaciones de derechos humanos” (s/f); centrándose sus acciones en dos ejes: la sensibilización de la población en materia de derechos y la denuncia social. En relación a este último aspecto, se advierte que es a través de la presión política que se pretende incidir en el rumbo de las políticas públicas a los fines de atender las demandas de los grupos vulnerabilizados.

Respecto al funcionamiento de este espacio de asesoría, las reuniones se hacen cada 15 días. Comienzan con una breve introducción sobre qué es el PIVE, ya que existe una frecuente rotación de las personas que asisten; esta actividad la desarrolla un activista con trayectoria, quién además oficiará de moderador del encuentro a partir de encauzar la participación y de procurar que se trate el temario del día. Este referente asesora a las personas en el marco de los encuentros, pero también lo hace personalmente en otros momentos. Durante los meses que se realizó el trabajo de campo, quién estaba a cargo del PIVE era Manuel, un hombre jubilado que se define como un militante obrero y cristiano; lo acompañaba María, una estudiante de derecho que estaba realizando sus prácticas académicas. Asimismo, en el transcurso de las reuniones se sumaron profesionales de otros espacios, como es el caso de un trabajador social de la ODS.

Al inicio de cada encuentro, se recuerdan las reglas de funcionamiento con el fin de facilitar su desarrollo: puntualidad y continuidad en la asistencia; pedir la palabra para evitar no interrumpir a otra persona; hablar desde el conocimiento que da la propia experiencia pero procurando no dar consejos ni opiniones para que cada quién decida sobre los pasos a seguir; y brindar la mayor información posible para contribuir al trabajo de orientación y ayuda mutua. Posteriormente, se habilita la exposición de los casos de los nuevos afectados y el tratamiento colectivo de cada uno de ellos, para luego continuar con el abordaje de los casos de quienes concurren regularmente en pos de que presenten las novedades. Para los recién llegados, escuchar las experiencias de los demás, ayuda a vislumbrar el itinerario que deberán comenzar a transitar, lo cual incluye comprender los procedimientos judiciales (su tecnicismo, actores, etapas), identificar las instituciones que contemplan sus derechos, así como aprender los argumentos que se van a esgrimir para demandar una solución habitacional y, en algunos casos, resistir un lanzamiento. Además, y en tanto un espacio de formación, al finalizar las reuniones se socializan noticias y/o actividades vinculadas a la temática que se realizarán en la ciudad.

Los motivos que promueven la participación en el PIVE se vinculan con una lógica de la necesidad, con la búsqueda por permanecer en las viviendas. Si bien la base de la autorganización supone la implicación de los afectados y la generación de redes de apoyo mutuo, resulta difícil que las personas se involucren más allá de su caso particular, lo que da lugar a procesos de desvinculación cuando se ha conseguido una alternativa habitacional o bien, cuando no se logra identificar una proyección favorable de resolución de su caso. De este modo, existe una continua tensión entre un accionar individual y colectivo -en lo coyuntural-. En términos de Gago y García Pérez (2014), esa tensión se condensa en un tipo de racionalidad política que se expresa en una suerte de “cálculo urbano” que combina tácticas e iniciativas colectivas con expectativas de progreso individual.

Una manifestación concreta de esa tensión se observaba en la participación simultánea de algunas personas en diferentes espacios orientados a la defensa del derecho a la vivienda. Esa circulación no solo podía generar confusión y exponer a los afectados a orientaciones diversas, e incluso contradictorias, sino que también debilitaba su implicación sostenida en un espacio específico de lucha. En relación con ello, Manuel advertía: “Les pido que elijan en qué agrupación se quedan, para que no se les diga cosas diferentes y los perjudique” (Comunicación personal, 18 de mayo de 2022).

Ahora bien, es en el devenir de la asistencia a las reuniones y en la tramitación de los procesos de desahucios, que algunas personas logran trascender de la lógica de la necesidad hacia una lógica -y lenguaje- de derechos, y desde esta última al lenguaje de la lucha y movilización política, aspecto que supone su permanencia en el PIVE más allá de la resolución -favorable o no- de su caso. Estas diferentes lógicas de representación y acción “son complementarias más que secuenciales, pudiendo coexistir y emerger con distinta fuerza en distintos momentos” (Thomasz y Boroccioni, 2024: 403). Por este motivo, quienes están a cargo del PIVE priorizan el abordaje de las necesidades más básicas de las personas, teniendo como horizonte político más amplio, y a largo plazo, la generación de acciones públicas e insurgentes (Holston, 2008) que se orienten hacia las condiciones estructurales.

Durante el trabajo de campo -en 2022- aparecía en los discursos la necesidad de articular y colectivizar la lucha en Sevilla para avanzar en medidas estructurales, tales como el alquiler social o la creación de parques públicos de vivienda. Sin embargo, también se evidenciaban las dificultades para consolidar alianzas estables, dadas las tensiones entre diferentes espacios colectivos, instituciones y partidos políticos. Si bien este no fue un eje central del análisis etnográfico en ese momento, en 2023 y 2024 adquirió mayor visibilidad la conformación de convergencias tácticas entre asambleas barriales, los PIVEs, la PAH, actores sindicales y plataformas de izquierda, especialmente en convocatorias públicas^[12]. Estas articulaciones, aunque ocasionales y variables, evidencian la búsqueda de trascender un escenario de mera resistencia hacia la construcción de un horizonte nuevo, tanto a nivel nacional como local, en términos de un reconocimiento efectivo del derecho a una vivienda digna.

Atendiendo a lo mencionado, en este artículo se recupera el trabajo de Verón (2017), quien -en diálogo con el concepto de figuración de Norbert Elías- insiste en que las prácticas y decisiones se inscriben en tramas de interdependencia cambiantes. Estas tramas no solo estructuran la acción, sino también cómo las personas se representan el mundo. En particular, interesa su señalamiento de que la trama social que vincula personas e instituciones: “pareciera condensarse significativamente en eventos críticos como son los desalojos, y al mismo tiempo expandirse al ser esta coyuntura una nueva instancia de interdependencia con otros dominios sociales” (2017:14). En este sentido, se busca analizar la dimensión productiva de ciertos eventos críticos, como son los procesos de desahucio, en tanto habilitan la vinculación de personas con el PIVE Diamantino. Asimismo, se advierte que la construcción de una trama de relaciones en pos de garantizar un lugar donde vivir no sólo resulta dinámica, cambiante y contextual, sino que también modela las prácticas, elecciones y representaciones de las personas respecto de cómo satisfacer el derecho a una vivienda digna.

La dimensión productiva y política de la espera en los procesos de desahucios

Durante los últimos años, los espacios colectivos de asesoría reciben cada vez más problemas vinculados a los alquileres. Las personas que se acercan al PIVE, mayoritariamente buscan transmutar su hipoteca en un alquiler social y/o deben enfrentar un desahucio por impago del alquiler. Sin embargo, la demora en la participación para atender dicha problemática, no puede desvincularse del estigma que supone no poder pagar una hipoteca y/o un alquiler, endeudarse, haber perdido el empleo o estar en situación de paro (García Soto, 2016). Por este motivo, se suele señalar que se llega tarde al abordaje de los problemas, ya que se acude cuando no tienen más margen, es decir, cuando existe un proceso desahucio en curso o, en el peor escenario, cuando ya cuentan con una orden de lanzamiento.

Durante la participación en diversas reuniones celebradas en 2022, se evidenció que ante la presentación de los casos era recurrente una serie de recomendaciones para abordarlos. En primer lugar, si existía un proceso judicial en curso con orden de lanzamiento, se sugería ponerse en contacto inmediatamente con un abogado de oficio. Para dimensionar esta situación, Manuel solía señalar que “Aproximadamente cada día en Andalucía hay 20 desahucios… entonces no puedo llenar la boca hablando de derechos de vivienda porque aproximadamente en Sevilla puede haber 3 desahucios cada día” (Canal Sur, 2022).

En segundo lugar, también se debía contactar con los Sistemas Públicos de Servicios Sociales a los fines de confeccionar Informes de Vulnerabilidad, que serían aportados en la causa judicial para otorgarle mayor legitimidad a la solicitud de una respuesta habitacional por parte del gobierno. O’Donell (2008) menciona que las clases sociales vulnerables tienen mayores encuentros con el Estado que las clases más acomodadas, por este motivo se caracterizan por el ejercicio de una ciudadanía de baja intensidad, en tanto tienen que atravesar mayores trámites burocráticos, rutinas y prácticas institucionales para acceder a derechos. Sobre la centralidad de este punto, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla señaló:

Derecho a la vivienda aparece en la Constitución española, pero no aparece protegido como un derecho, sino como un principio que las autoridades pueden cumplir. En cambio, el derecho de propiedad sí que aparece como un derecho protegido en la vida real. Lo que están haciendo los jueces es que siempre priorizan el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda. En la práctica, lo más que se ha conseguido es que cuando se va a desahuciar a una familia que está en situación de vulnerabilidad, el juez antes tiene que pedir un informe a servicios sociales (…) Entonces, cuando una persona está en situación de vulnerabilidad, no se le puede desahuciar hasta que se haya dado una solución habitacional decente a largo plazo y con garantías. (Charla en APDHA, 26 de mayo de 2022)

Y, en tercer lugar, debían inscribirse como demandantes de viviendas protegidas de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (EMVISESA), al entenderse que “la salida de todos los que están aquí es la vivienda pública, normalmente no es en la que viven (…) la salida es que la administración pública conceda viviendas en alquiler o en propiedad” (Manuel, comunicación personal, 18 de mayo de 2022). Lo que además obligaba a tener presente que, el acceso a viviendas de la administración pública resulta una tarea difícil de conseguir producto de las largas listas de espera, “(…) en los casi 10 años que lleva el PIVE solo 8 personas han conseguido un hogar” (Diario el Salto, 21 de mayo de 2023).

Las mencionadas recomendaciones permiten ponderar la categoría teórica y nativa de la espera, a partir de vislumbrar aquellas formas y prácticas cotidianas que moldean las experiencias y representaciones de las personas respecto al derecho a la vivienda (Barrera et al., 2020). El accionar del PIVE Diamantino reafirma la importancia de problematizar la pasividad asociada a dicha categoría. Auyero (2013) analizó las vinculaciones entre el Estado y sectores subalternos, dando cuenta que los sujetos saben por su experiencia, que para obtener algún beneficio por parte del Estado, deben demostrar que se lo merecen esperando obedientemente. Por su parte, el trabajo de Merklen (2010) advierte que la incertidumbre y la espera resultan dos procesos entrelazados que caracterizan al mundo popular. Por este motivo, la incertidumbre constriñe a las personas a una mezcla compleja de espera e iniciativa. Bourdieu (1999) también analizó la relación entre el poder y el tiempo, a partir de evidenciar que el poder absoluto se vincula con la posibilidad de ubicar a las personas en una situación de incertidumbre sin ofrecerles ninguna capacidad de predicción, lo cual favorece que se implementen estrategias desde la desesperación.

Es en el marco de los encuentros que se realizan periódicamente que se procura definir, desarrollar y socializar formas de afrontar la problemática habitacional y, particularmente, de resistir los procesos de desahucios corriéndose de la pretensión de ser “sujetos pacientes” de la atención estatal. Dicha dimensión pedagógica no busca definir formas moralmente correctas de decir y hacer, sino que permite enfatizar la productividad política que tiene la socialización de saberes y experiencias de lucha. Esto ilumina la dimensión productiva de la espera, o mejor dicho, cómo la espera que conlleva todo proceso judicial habilita distintas modalidades de agencia, subjetividades, alianzas y participación. Fainstein nos recuerda que, la forma extendida que han encontrado los sectores oprimidos para conseguir respuestas a sus demandas ha sido “a través de la conflictividad y la acción -en sus múltiples formas- y no de la pasividad o de la adecuación a lo esperado” (2020: 173).

Desde el PIVE se trabaja para que en el “mientras tanto” se pronuncia la justicia y/o la administración pública, se pueda evitar la concreción de desahucios sin alternativa habitacional. Así, el “jugar con el tiempo” resulta crucial para que, en lo inmediato, las personas puedan permanecer en el lugar habitado, lo cual muchas veces supone la posibilidad de ahorrar, de no interrumpir la escolaridad de las niñeces ni la dinámica de funcionamiento del hogar y, fundamentalmente, de reunir cierta documentación que resulta central en la resolución del caso. En relación a este último aspecto, Fassin (2003) refiere a la categoría de tópico del infortunio para visibilizar la confección de una biografía abreviada, que se acompaña con pruebas fácticas, en pos de legitimar la demanda habitacional de las personas. En tanto repertorios de lucha, las prácticas corporales de moverse, ocupar lugares y manifestarse en las distintas dependencias estatales, también se visualizan como cruciales a la hora de generar un vínculo con el Estado y reafirmarse como legítimos demandantes y merecedores de una vivienda pública.

Hay que prepararse, cuando llega la denuncia se solicita el abogado de oficio y se necesitan papeles, los cuales hay que preparar. Hay que estar empadronados, demostrar ingresos, declaración de rentas…Hay que organizar, buscar todo, y también hay que ir con los servicios sociales continuamente, pedir cita e informarles todo. Y también solicitar vivienda pública, el pedido se renueva cada año. (Manuel, comunicación personal, 18 de mayo de 2022)

Cuando se abre un proceso judicial hay que hacer las cosas bien, papel que llega, papel que hay que afrontar. Y también tengo que ir a servicios sociales con toda la dignidad, no con la cabeza gacha porque ellos están para recoger lo que les pasa a las personas. (Manuel, comunicación personal, 2 de junio de 2022)

Luci manifiesta que no consigue una cita con los servicios sociales aunque llama todos los días. Ante esta situación Manuel le dice que debe ir personalmente, ‘tienen que hartarse, ellos tienen que comprobar que tienen mucho interés, voluntad, que no le da lo mismo´. También menciona que pueden ir de manera grupal, como ya han hecho en otros casos, para conseguir una cita. (Comunicación personal, 18 de mayo de 2022).

A los fines de analizar el rol activo que asumen las personas en la búsqueda de una respuesta habitacional, el concepto de experiencia de precariedad de Fernández Álvarez (2018) gana centralidad, ya que permite reponer aquellas prácticas -creativas y colectivas- implementadas por los sectores subalternos para atender la producción y reproducción de la vida. La autora señala que la experiencia de precariedad opera en las condiciones de posibilidad para desarrollar una subjetivación política en pos de mejorar el bienestar material y emocional de las personas. A partir de esta categoría analítica, puede pensarse al PIVE Diamantino como un espacio que permite procesar trayectorias habitacionales heterogéneas. En este sentido, el caso de Ana, una mujer que sostiene la participación en el PIVE, resulta un claro ejemplo de cómo las experiencias de precariedad en lo habitacional, pero también en lo laboral^[13], redefinen la pasividad de las personas a partir de su vinculación con diversos espacios y agrupaciones de lucha en materia habitacional.

Me quedé sin trabajo y de alguna manera tuve que decidir o pagar el alquiler o darle de comer a mis menores. Yo tengo cuatro menores. Entonces decidí darle de comer a mis menores. (Ana, comunicación personal, 11 de mayo de 2022)

La imposibilidad de seguir pagando el alquiler ocasionó que se encontrara a la espera de un desahucio, ya que la propiedad era de un privado. Acceder a un alquiler social resultaba la única salida posible. En el marco de las gestiones que desde hacía meses había iniciado para conseguirlo, Ana mencionó que finalmente una trabajadora social la había llamado ofreciéndole un alquiler, sin brindar mayores precisiones de cómo era el piso ni dónde se localizaba. Ante la amenaza de que si ella no firmaba rápido, no sólo perdía la oportunidad sino que además la sacaban del listado de demandantes de vivienda pública, decide acceder al ofrecimiento. “Firme, pero cuando fui al piso con mis 4 hijos me quería morir” (Comunicación personal, 11 de mayo 2022), esto se vinculaba a las condiciones en que se encontraba el piso; estaba sucio, con las ventanas tapiadas y rotas, y se escuchaban ruidos y gritos de sus vecinos. A los días de la asignación del piso, se contacta nuevamente la trabajadora social para indicarle que había sido ocupado por una familia de etnia gitana, iniciándose un juicio por desahucio. Por su trayectoria de lucha, sabía que el proceso judicial podía demorar más de un año, y tampoco tenía certeza de que se le fuera a ofrecer un nuevo piso en alquiler social; pese a esta situación lo vivenció como un alivio, por las condiciones de la vivienda “no podía meter a mis hijos ahí, eso ha pasado por algo (…) en la calle no me voy a quedar (se ríe al decirlo), le doy una patada a una vivienda de un banco”^[14](Comunicación personal, 11 de mayo de 2022).

En el marco de participar en una acción para impedir que se concretara el lanzamiento de una familia migrante que asistía al PIVE, pude conocer más la trayectoria residencial de Ana. Ella había participado de la PAH en Barcelona ya que contrajo una hipoteca para comprar un piso. Como consecuencia de que su marido tuvo un accidente y quedó imposibilitado para trabajar, debieron afrontar un desahucio. A partir de su participación en la PAH logró la condonación de la deuda^[15] pero fue desalojada del piso, ante esa situación decidió mudarse con sus hijos a Sevilla para rehacer sus vidas. No obstante, a causa de la pandemia por COVID-19 pierde su trabajo y se encuentra imposibilitada de pagar el alquiler del piso, enfrentándose a un nuevo desahucio.

Lo vivenciado por esta mujer advierte que en los espacios de asesoría, en los últimos años, resulta frecuente que una misma persona afronte más de un proceso de desahucio -por hipoteca y por alquiler-. La precariedad, en este caso vinculada a lo habitacional, resulta una experiencia reciente pero también cimentada en experiencias previas, que impacta en el proyecto de vida de las personas (Fernández Álvarez, 2018). Diversos trabajos (Di Virgilio, 2009; Najman, 2021) dan cuenta de que las trayectorias residenciales, en tanto conjunto de cambios de residencia y/o de localización en el medio urbano, iluminan los nexos existentes entre las necesidades y expectativas de los hogares, y los condicionantes estructurales. Los casos que se abordan en las reuniones del PIVE, permiten ratificar que la vivienda no es simplemente un lugar de residencia; se trata de una historia de variación continua en tanto las personas van y vienen, pasan de la legalidad a la ilegalidad y viceversa (Lekerman, 2021), en el marco de procesos socio-históricos más amplios, que habilitan y/o restringen su acceso.

Acceder a una vivienda pública resulta una suerte de odisea por parte de las personas y, cuando finalmente logran hacerlo, se ofrecen pisos que están en pésimas condiciones edilicias. Lo vivenciado por Ana, también da cuenta de una distinción entre lo que es una solución habitacional respecto a lo que tiene que tener una vivienda para que se transforme en un hogar; o dicho de otro modo, advierte sobre la distancia entre la respuesta brindada y la esperada, como parte del no registro de las necesidades y deseos de quienes efectivamente van a ser los destinatarios de las viviendas sociales.

Giglia (2001) señala que los procesos de adquisición de vivienda no serían posible sin la construcción de lazos horizontales, entre vecinos, y lazos verticales, con funcionarios y trabajadores estatales. Resulta posible pensar al PIVE Diamantino como un espacio que fomenta la construcción de ambos tipos de lazos sociales en pos de garantizar el derecho a una vivienda. El caso de Ana, así como lo vivenciado en las reuniones del PIVE, pone en evidencia una experiencia acumulada, un saber hacer, una red de contactos y de preparativos que cada quién debe realizar en el “mientras tanto” se ejecuta una orden de desahucio. Como reiteraba Manuel en cada uno de los encuentros “cada uno tiene que ser el primero que luche por su vivienda, el grupo es un arma para luchar y las asociaciones también son importantes para luchar” (Comunicación personal, 18 de mayo de 2022). De este modo, el trabajo de campo evidencia que en este espacio de asesoría el derecho a la vivienda se disputa, apropia, socializa y, fundamentalmente, se construye a partir de estrategias individuales y colectivas (Schijman, 2022).

Consideraciones finales

A los fines de analizar la intersección entre la problemática habitacional, procesos de desahucios y espacios de asesoría por la vivienda, se recuperó la experiencia del Punto de Información y Encuentro “Diamantino” de la ciudad de Sevilla (España), surgido como una respuesta de acción colectiva a los efectos devastadores que dejó el estallido de la burbuja financiera-inmobiliaria en 2008. La selección del mismo, no se produjo de manera deliberada, sino por el contrario, fue en el marco del trabajo de campo con otros actores que integran el movimiento por la vivienda, que fue posible conocer de su existencia.

Los datos y situaciones de campo que se presentan en los diferentes apartados pueden resultar familiares, ya que la crisis de vivienda no escapa a las realidades de otras latitudes. No obstante, se hizo hincapié en un espacio único de lucha y de trabajo a nivel local, que perdura hasta la actualidad. A partir de las experiencias -en y en relación- con el PIVE Diamantino se procuró visibilizar las trayectorias residenciales de las personas que concurren, las cuales nos hablan de un vasto territorio de precariedad, en términos habitacionales y también laborales, así como de las transformaciones de la problemática habitacional en estos últimos años.

En este sentido, se evidencia la centralidad que asumen los procesos de financiarización de la vivienda bajo la forma de alquiler, puesto que las personas que asisten al PIVE, mayoritariamente buscan acceder a un alquiler social y/o deben enfrentar un desahucio por impago del alquiler. Pero, además, esto permite avanzar en la comprensión de cómo la judicialización de la problemática habitacional, a través de los procesos de desahucios, resulta un elemento central para que las personas se vinculen con abogados, juristas y espacios de asesoría por la vivienda, y puedan construir colectivamente una respuesta a sus demandas.

En sintonía con ello, se identificaron algunos desafíos que enfrentan quienes coordinan el PIVE, en la búsqueda por no reproducir una forma de funcionamiento en clave paternalista y meramente asistencial, lo que muchas veces ocasiona que las personas no puedan sostener la asistencia a las reuniones ni asuman compromisos en términos de reivindicaciones políticas. Por este motivo, se trabaja en pos de que puedan rechazar la idea de padecer pasivamente sus condiciones de vida; que resistan aquellos procesos judiciales que no hacen más que ratificar un destino anunciado, como es un desahucio, siendo corresponsables en la gestión de soluciones.

En este marco, se promueven procesos de aprendizajes y organización colectiva para la comprensión de ciertos discursos, saberes técnicos y procesos burocráticos que, al tiempo que resultan opacos para la mayoría de las personas, se ponen en juego a la hora de garantizar sus derechos. Además, se despliegan diversas estrategias de acción con el fin de ser visibilizados por el Estado y, en consecuencia, ser reconocidos como legítimos merecedores de una vivienda pública.

Finalmente mencionar que, la disminución significativa del número de PIVEs, su labor abocada a la asesoría en el marco de procesos de desahucios -mayoritariamente por alquiler-, y su no coordinación formal con otros espacios, no puede desvincularse del declive que tuvo el Movimiento por la Vivienda en Sevilla con posterioridad al año 2014. No obstante, en la actualidad, se estaría produciendo el resurgimiento del movimiento como consecuencia de que el sistema político y financiero insiste en convalidar un modelo de ciudad ajeno a los deseos y necesidades de sus habitantes. De este modo, se pone en el centro de la escena la necesidad de generar acciones de movilización y activismo entre variados espacios de asesoría, asambleas barriales y organizaciones, en pos de resistir los procesos de desahucios y aquellos cambios legislativos que ponen en jaque el derecho a la vivienda (Abramovich, 2005; Gil y Palomera, 2024).

Referencias bibliográficas

Arcidiácono, Pilar y Gamallo, Gustavo (2021). La otra ventanilla del Estado. Judicialización de conflictos sociales en Argentina. Buenos Aires: Eudeba.

Abramovich, Víctor (2005). Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política. Estudios sociojurídicos, 9, pp. 9-33.

Álvarez De Andrés, Eva y Smith, Harris (2019). La lucha por la vivienda en España (2009-2019): desde la calle a las instituciones. Revista Invi, 34(97), pp. 179-203.

Auyero, Javier (2013). Pacientes del Estado. Buenos Aires: Eudeba.

Báez Bosa, Aurora (2023, 21 de mayo). Derecho a la vivienda. Sevilla se moviliza por la vivienda y contra la especulación inmobiliaria. Diario El Salto. Recuperado el 16 de abril de 2024 de: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/sevilla-se-moviliza-vivienda-especulacion-inmobiliaria

Barrera, Leticia, Lombraña, Andrea Y Ojeda, Natalia (2020). La espera como categoría empírica y analítica. Presentación al dossier etnografías de la espera: derecho, justicia y sociedad. AVÁ, 36, pp. 7-16.

Brenner, Neil, y Theodore, Nik (2002). Cities and Geographies of Actually Existing Neoliberalism. Antipode, 34(3), pp. 349-379.

Balbi, Fermando y Boivin, Maurio (2008) La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. Cuadernos de Antropología Social. 27, pp. 7-17.

Bourdieu, Pierre (1999). Meditaciones pascalianas (Vol. 1). Anagrama.

Cavallero, Luci y Gago, Verónica (2021). Una lectura feminista de la deuda. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! Buenos Aires: Tinta Limón y Fundación Rosa Luxemburgo.

Canal del Sur (11 de junio de 2022). Solidarios. Un techo, un derecho. Recuperado el 15 de junio de 2022 de:

Candón Mena, José (2015). Las luchas por la vivienda en Sevilla: de las okupas a las corralas y más allá. La Ciudad Viva, 7, pp. 36-43.

Colau, Ada, y Alemany, Adriá (2012). Vidas Hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda. Angle Editorial.

Díaz Parra, Ibán (2019). El movimiento por la vivienda en el contexto de la crisis. Las Corralas de Sevilla, entre la cooptación y la innovación social. En: Juan José Michelini, La metrópolis creativa Innovaciones sociales en América Latina y el sur de Europa. Catarata.

Díaz Parra, Ibán (2013). Acción social en la postmodernidad. Ocupación y movimiento por la vivienda en Sevilla. Anduli, 12, pp. 13-35. http://dx.doi.org/10.12795/anduli

Díaz Parra, I. y Sequera, J. (2020). Introducción al número especial “Turistificación y transformación urbana. Debates sobre la especialización turística y sus consecuencias socioespaciales”. Cuadernos Geográficos 60(1), pp. 6-12.

Di Virgilio, María Mercedes (2009). Iguales pero diferentes: trayectorias residenciales, estrategias habitacionales y estratificación social entre familias residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pretil, 19, pp. 71-95. Recuperado de: https://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/8097

Di Virgilio, María Mercedes y Rodríguez, María Carla (Comps.) (2013). La producción social del hábitat en América Latina. Café de las Ciudades.

Ezpinoza Minda, Myrian y Pirita Tenhuenen, Lotta Meri (2021). Hasta que caiga el patriarcado y no haya un desahucio más. Deuda, vivienda y violencia patriarcal. Rosa Loxemburg y Laboratoria Espacios de Investigación Feminista.

Fainstein, Carla (2020). Problemas del mientras tanto: espera y justicia en la causa “Mendoza”. AVÁ, 36, pp. 165-193.

Fassin, Didier (2026). La razón humanitaria. Una historia moral del tiempo presente. PROMETEO.

Fassin, Didier (2003). Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmigrantes en Francia. Cuadernos de Antropología Social, 17, pp. 49-78,

Fernández Álvarez, María Inés (2018). Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina. Íconos, 62, pp. 21-38. http://dx.doi.org/10.17141/iconos.62.2018.3243

Gago, Verónica y García Pérez, Eva (2014). Ciudad próspera, ciudad monstruosa:nuevas racionalidades urbanas a partir del caso Indoamericano. Quid 16, N°4, pp. 66-83.

García-Guadilla, María Pilar (2007). Ciudadanía y autonomía en las organizaciones sociales bolivarianas: los comités de tierra urbana como movimientos sociales. Cuadernos del CENDES, 24 (66), pp. 47-73.

García Soto, Rocio (2016). Cartografías y genealogías de un tipo de activismo político: el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca en Barcelona. Trabajo fin de máster. Universitat de Barcelona.

Giglia, Ángela (2001). Una perspectiva antropológica al estudio de la vivienda. Contraste Regional, 1(1), pp. 157-175.

Gil, Javier (2022). Explotación y rentismo a través del alquiler. Lucha de clases en torno a la vivienda. La brecha, julio 2022, N°4.

Gil, Javier y Palomera, Jaime (2024, 2 de marzo). Estrategias legislativas contrahegemónicas frente al capitalismo rentista. Viento Sur. Recuperado el 15 de marzo de 2024 de: https://vientosur.info/estrategias-legislativas-contrahegemonicas-frente-al-capitalismo-rentista/

Gil, Javier y Martínez, Miguel Ángel (2022) El Estado y la financiarización de la vivienda en España tras la crisis de 2008. Revista Jueces para la Democracia 104, pp. 71-86.

Guber, Rosana (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma.

Girado, Agustina (2023). Somos víctimas, no culpables”: repensando la problemática habitacional española a partir de la experiencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Territorios, (48), pp. 1-25.

Holston, James (2009). La ciudadanía insurgente en una era de periferias urbanas globales. Un estudio sobre la innovación democrática, la violencia y la justicia en Brasil. En: Delamata, Gabriela (Ed.), Movilizaciones sociales: ¿Nuevas ciudadanías? (pp. 45-65). Biblos.

INTERCOMISIÓN DE VIVIENDA (2012). Informe sobre subasta de viviendas y presentación de puntos de información y encuentro sobre vivienda.

Lekerman, Vanina (2021). La vivienda Social como deuda. Prácticas del don y el contradon. En: María Carman, Romina Olejarczyk, Resistir Buenos Aires. Cómo repensar las políticas excluyentes desde una praxis popular (139-169). Siglo Veintiuno.

Lerena Rongvaux, Natalia (2022). Tendencias de mercantilización de la vivienda en América Latina: el submercado de alquileres temporarios a través de plataformas digitales. Airbnb en Ciudad de Buenos Aires. Geograficando, 18 (2), pp. 1-14.

López, Isidro y Rodríguez, Emmanuel. (2010) Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Traficantes de Sueños. Recuperado de:

Manzo, Mariana Anahí (2016). Identidades profesionales: El lugar que ocupa el derecho y la política en el ejercicio profesional de los abogados activistas en Argentina. Revista Direito e Práxis, 7(15), pp.175-212. Recuperado de:

Merklen, Denis (2010). Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática argentina (1983 – 2003). Editorial Gorla.

Najman, Mercedes (2021) ¿Todos los caminos conducen a la vivienda social? Trayectorias residenciales como factor de diferenciación. Revista INVI, 36(102), pp.157-182. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582021000200157.

O’Donell, Guillermo (2008). Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus múltiples caras. Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), 42, pp. 5-30.

Ortiz Flores, Eduardo (2010). Derecho a la ciudad, producción social y gestión participativa del hábitat. La promoción de iniciativas comunitarias incluyentes en la Ciudad de México. Hábitat y Sociedad, 1, pp. 55-70.

Parralejo, Julio José, Díaz Parra, Iban y Pedregal, Belén (2022). Procesos sociodemográficos y alquileres turísticos en centros históricos. Los casos de Sevilla y Cádiz. Revista EURE - Revista de Estudios Urbanos Regionales, 48 (145), pp. 1-23.

Red de Conflictos Urbanos Nodo Sevilla Cádiz (2023). Informe la situación de la Vivienda en Sevilla Andalucía. Recuperado el 1 de abril de 2023 de: https://www.conflictosurbanos.org/2023/05/29/situacion-de-la-vivienda-en-andalucia-y-sevilla/

Rodríguez Alonso, Raquel y Espinoza Pino, Mario (2017). De la especulación al derecho a la vivienda. Más allá de las contradicciones del modelo inmobiliario español. Traficantes de Sueños.

Rolnik, Raquel (2021). La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. El Colectivo.

Schijman, Emilia (2022). Vivir de prestado. Pobreza, deudas y derecho. Buenos Aires: Editorial SB.

Thomasz Ana, Gretel y Boroccioni, Luciana (2024). Necesidades, derechos y lenguajes: un estudio etnográfico sobre habitar y construcción de ciudadanía en Buenos Aires. Etnográfica, 28 (2), pp.385-405. https://doi.org/10.4000/11su9

Verón, Natalia (2017). El derecho a la ciudad: Estrategias habitacionales, desalojos y política habitacional en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires. Antropofagia.

Zapata, Cecilia (2021). Cooperativismo autogestionario de hábitat y asociativismo vecinal. El caso del Programa de Autogestión de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Hábitat y Sociedad, Nº 14, pp. 139-158.

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