Proyección: estudios geográficos y de ordenamiento territorial / ISSN 1852 -0006
Vol. XVI, (32) / Sección Dossier / pp. 5-38 /
Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
revistaproyeccion@ffyl.uncu.edu.ar https://doi.org/10.48162/rev.55.027
Enviado 23/03/2022 – Aceptado 15/07/2022

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Consideraciones para el análisis de la urbanización periférica en ciudades mexicanas

Considerations for the analysis of peripheral urbanization in Mexican cities

Agustín Méndez Pérez

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México.

al2201800573@azc.uam.mx

María González Villanueva

Universidad de Guanajuato, México.

maria.gv989@gmail.com

Francisco Javier de la Torre Galindo

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México.

fjdtg@azc.uam.mx

Resumen:

En este trabajo se presentan los resultados parciales de dos investigaciones sobre el crecimiento urbano metropolitano en dos ciudades mexicanas: Aguascalientes y Ciudad de México. Tiene como objetivo demostrar la relevancia del aprendizaje basado en la experiencia desde la aproximación analítica al proceso de urbanización periférica. Se aborda a partir de dos categorías analíticas, la confusión territorial y la configuración asimétrica del territorio, las cuales se proponen como herramientas teórico-metodológicas que tratan de comprender la complejidad del fenómeno urbano periférico, destacando la importancia de problemáticas como la apropiación capitalista, irregularidad, especulación inmobiliaria y la expansión urbana desigual promovida por distintos agentes sociales impulsados por el Estado en detrimento de sus habitantes. Al final, y con base en estas dos categorías, se exponen algunas consideraciones para el análisis de la urbanización periférica en las ciudades mexicanas.

Palabras clave: periurbanización, asentamientos irregulares, capitalismo, especulación.

Abstract:

This paper shows the partial results of two studies about metropolitan urban growth in two Mexican cities: Aguascalientes and Mexico City. Its aim is to demonstrate the relevance of experience-based learning through an analytical approach of the peripheral urbanization process. The theoretical-methodology is based on two analytical categories, territorial confusion, and asymmetric territorial configuration. These are proposed to understand peripheral urban phenomenon, highlighting the importance of problems such as capitalist appropriation, irregularity, and unequal urban expansion, and real estate speculation. Different kinds of people are part of this process improved by the government, making this kind of problem. The two categories proposed allow us to identify some considerations for analyzing peripheral urbanization in Mexican cities.

Keywords: periurbanization, irregular settlements, capitalism, speculation.

En un ejercicio cartográfico sobre el proceso de crecimiento urbano de la Ciudad de México, (Flores A. , 2020) propone una lectura histórica de corta y larga duración para intentar comprender la multiplicidad de problemáticas que las comunidades urbanas enfrentan en estas primeras dos décadas del siglo XXI. Identifica un fenómeno de urbanización que se ha desarrollado desde finales del siglo XIX, a partir de la expansión del mercado inmobiliario y de infraestructuras, y que reconoce como el megaproyecto de la megalópolis, es decir, la estrategia de apropiación capitalista de la ciudad. De esa aproximación se pueden destacar dos asuntos: el primero es el recordatorio de que la ciudad de hoy es el capítulo más reciente de una historia larga y compleja; el segundo es que esa historia ha sido conducida por un vaivén de la acción pública y un sostenimiento (con momentos de alza como el actual) de la presencia del capital privado en la producción física y simbólica del espacio urbano.

Queda claro que en la historia nacional la escala también importa. En el país, la explotación minera sobrepasa el 11% del territorio nacional con un dominio de empresas canadienses, pero un impacto ambiental y social de grandes proporciones y un aporte menor al 1% del PIB nacional (Llano, 2017). A esto se deben sumar las concesiones y los megaproyectos de explotación y extracción de agua, petróleo, gas y recursos forestales, así como la producción de energía. Por otro lado, la reproducción de capitales por medio del aprovechamiento de las rentas del suelo urbano no solamente sostiene la expansión de los asentamientos humanos, sino que acelera la transformación física y social de las zonas consolidadas en su interior. El resultado es la multiplicación de desarrollos inmobiliarios de mayores dimensiones físicas y económicas a las que caracteriza el entorno en donde son implantados.

Fig. N° 1: Mapa de ubicación de las dos ciudades de estudio

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020)

La Ciudad de México es un claro ejemplo de este fenómeno de transformación que se radicaliza en el siglo XXI. La reproducción exponencial de intervenciones urbanas y megaproyectos inmobiliarios representa la impronta de la ideología neoliberal que se impone y se reproduce, pero que, paradójicamente, también propicia la reproducción o generación de movimientos opositores y de resistencia con base en la apropiación cultural del territorio.

Pero la capital del país no es un caso único, esta transformación se ha multiplicado en todo el territorio nacional y la ciudad de Aguascalientes es un ejemplo que permite reconocer otras dinámicas del mismo fenómeno ya que en los últimos cuarenta años el crecimiento de esta ciudad media ha estado condicionado y determinado por la instalación de diversas industrias transnacionales automotrices así como grandes parques industriales que se derivan de estas actividades económicas.

Desde los primeros días del 2020, una complejidad de escala mundial se ha sumado a la trama de apropiación del territorio: la pandemia por Covid-19. La crisis sanitaria ha evidenciado y acentuado los problemas preexistentes en los centros urbanos como el hacinamiento, los procesos de segregación y fragmentación, la insostenibilidad ambiental, así como el aumento de la informalidad laboral por la pérdida de empleos. Los núcleos y redes más cercanos son los más vulnerables ante la rápida propagación del virus. Así, y a dos años de su inicio, la pandemia ha demostrado tener un impacto importante en las condiciones deficitarias y desiguales que vienen de décadas atrás, por lo que también se ha convertido en un llamado de urgencia para repensar las formas en que se ocupa, aprovecha, utiliza y conserva el territorio.^[1]

Distintas alternativas aparecen, entre ellas: reducir significativamente la entrega del territorio a capitales financieros especulativos; modificar la dirección de las reformas al marco normativo y los instrumentos urbanos, hacia el enfoque de derechos humanos y del bien común; instalar y potenciar la redistribución de la riqueza y las oportunidades para detener y revertir la desigualdad; mejorar la recuperación de impuestos en los municipios. Otros puntos se podrían sumar a esta lista, pero todas reconocen necesidades históricas (De la Torre, 2020).

El actual gobierno federal (2018-2024) se ha propuesto dar un paso en esta dirección. Aunque sustentado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) fue aprobada en 2016 por el gobierno anterior y reformada en 2021 por el actual^[2], ha lanzado tres instrumentos que pretenden reconducir la manera en que se aprovecha el territorio nacional: en 2020 la Política Nacional de Suelo (PNS), y en 2021 la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU).

La PNS 2020 se propone como un instrumento para recuperar la función socio-ambiental del suelo y fortalecer la rectoría del Estado en el desarrollo territorial. Reconoce tres problemas en el modelo crecimiento urbano: irregularidad (tanto jurídica como urbana), especulación y expansión urbana desigual, y sus costos en transporte, riesgo, medio ambiente, inseguridad, salud. Para abordar estos problemas y sus costos, se centra en la coordinación institucional para la gestión del suelo por medio de principios y retos en los que destaca una tensión entre un nuevo enfoque que reconoce la deuda histórica del Estado y el sostenimiento de categorías globales como resiliencia, gobernanza y sostenibilidad.^[3]

Por su lado, la ENOT, con su horizonte de largo plazo 2020-2040, se propone como el mecanismo que articula la acción sectorial del Estado en el territorio^[4] con el fin de reducir desigualdades y generar asentamientos sostenibles, seguros e incluyentes. Como la PNS, la Estrategia reconoce la deuda con grupos históricamente desfavorecidos y propone su atención por medio de principios como el enfoque de derechos y el de justicia socioespacial, a los que suma otros como los derechos individuales y colectivos; derechos de los propietarios y núcleos agrarios; acceso libre y seguro al espacio público; derecho al medio ambiente sano; derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Por medio de sus tres ejes: estructuración (usos del suelo), desarrollo (mejoramiento del bienestar) y gobernanza territorial (coordinación y concertación), la ENOT propone una visión que aspira a la recuperación de la rectoría del Estado por medio de la articulación de instrumentos de los tres órdenes de gobierno, para reducir la desigualdad social, propiciar ciudades y territorios justos, equitativos y sostenibles. Nuevamente aparece la tensión entre el enfoque y categorías globales que se materializa en las metas como la número 16 sobre ciudades compactas que supone la recuperación de la función social del suelo, pero a través del aprovechamiento del suelo intraurbano o la idea de la ciudad compacta y densa que los capitales inmobiliarios han implementado en todo lo que va del siglo XXI.

“Hacia un territorio justo y sostenible para todos” es la premisa del PNOTDU el cual necesariamente reproduce tensión, es decir que apuesta a la institucionalización de la planeación (fortalecimiento de la planificación territorial por medio de adecuaciones normativas y la promoción de la gobernanza (colaboración, coordinación, ajuste de enfoques)) para generar un modelo de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible. La respuesta es que la recuperación de la rectoría del Estado en el territorio ante la desigualdad territorial es el resultado de la concentración del desarrollo durante la fase del milagro mexicano 1940-1970 y de la fase de crisis a partir de los ochenta (desarrollo industrial, expansión horizontal y desordenada).

Las preguntas que emergen: ¿la realidad urbana y territorial puede ser atendida desde esta tensión?, ¿la tensión afronta la desigualdad estructurante del territorio?, ¿confronta las dinámicas y fuerzas dominantes? La respuesta es: no. Entonces, se vuelve imperativo construir otro enfoque que permita reconstruir la respuesta a estas interrogantes.

En este artículo se sostiene que ese planteamiento de tensión tiene un vacío importante: el aprendizaje de la historia propia, tanto en la escala local como en la regional. Por lo tanto, ese aprendizaje se convierte en el punto de partida del cual deben emerger las categorías necesarias para comprender y proyectar cualquier tipo de acción que primero cuestione las ideas de “función social del suelo” y “rectoría del Estado”, para enseguida configurar las alternativas. Con base en esta postura, el objetivo de este texto es demostrar la relevancia del aprendizaje basado en la experiencia desde la aproximación analítica al proceso de urbanización periférica en dos ciudades mexicanas: Ciudad de México y Aguascalientes.

El texto se estructura en tres apartados. Los primeros dos (territorio como fuerza sociohistórica y territorio como fuerza político-económica) exponen los procesos analíticos con los que se aborda la expansión urbana en dos casos (Zona Metropolitana del Valle de México y Zona Metropolitana de Aguascalientes) para determinar dos categorías analíticas que permiten comprender y redirigir las intervenciones: la confusión territorial (Méndez, s.f.) y la configuración asimétrica del territorio (González, s.f.).^[5] El apartado de cierre articula las dos categorías para aproximarse a la definición de algunos principios o consideraciones para el análisis de la urbanización periférica en las ciudades mexicanas. (Flores A. , 2020)

Territorio como fuerza sociohistórica

Este apartado propone abonar a la conceptualización de la categoría de confusión territorial como herramienta teórico-metodológica que permite identificar dinámicas, actores y posturas en los procesos de territorialización periférica. Para lograrlo, se exponen algunos resultados del análisis al caso de la periferia oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El apartado se estructura en tres partes: inicia con el marco teórico-metodológico, donde se exponen las principales teorías que sustentan la categoría de confusión territorial; en la segunda se analiza el reparto agrario como momento histórico que transformó los límites territoriales de los pueblos tradicionales de la cuenca de México y construyó una base territorial fragmentada que trascendió hasta nuestros días; la última parte está dedicada al proceso de metropolización en la periferia oriente de la ZMVM, específicamente en la subcuenca de Chalco, que identifica tres procesos predominantes: la informalidad masiva del valle de Chalco a cargo de los fraccionadores y su aparato político; los barrios altos promovidos por las familias originarias de los pueblos, irregulares hasta la actualidad; y los asentamientos promovidos y controlados por Antorcha Campesina en las zonas montañosas, organización política afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Confusión territorial: marco teórico metodológico

El crecimiento urbano es un proceso que refiere al incremento natural de la población en los centros urbanos, sin embargo, los desequilibrios regionales como la concentración de actividades económicas, la demanda de mano de obra, la desintegración de los esquemas agrícolas y el escaso apoyo al campo derivan en una intensa migración en busca de empleo y mejores oportunidades (Solà-Morales, 1997), esto ocasiona la expansión fuera del límite de la ciudad central y constituye un mosaico de carácter metropolitano que trasciende sus límites administrativos y absorbe comunidades históricamente alejadas de la urbe.

En este sentido, el mosaico metropolitano se conforma por distintos fragmentos urbanos distribuidos de manera dispersa en el territorio, con procesos de constitución y limites administrativos propios, pero integrados entre sí funcionalmente donde “las relaciones jerárquicas de éstos con la ciudad central se han relajado (Boeri et al., 1993; Hall, 1997; Indovina, 2007 en (Montejano, 2013, pág. 38) en su conjunto conforman el límite general, el área metropolitana.

Así, la periferia, en términos geográficos y administrativos, se ubica entre el límite de la ciudad central y el área metropolitana, es decir que “la urbanización periférica no es más que aquélla que resulta de la intensa migración de población de origen rural hacia las afueras de la ciudad: la sobrepoblación del centro de la ciudad crea (…) la periferia” (Hiernaux & Lindón, La periferia: Voz y sentido en los estudios urbanos, 2004, págs. 111-112), que a su vez construye “(…) líneas divisorias de dos espacios que pertenecen a dos mundos sociales” (Hiernaux & Lindón, La periferia: Voz y sentido en los estudios urbanos, 2004, pág. 111), quiere decir que no solo tienen características físicas, sino que también refiere a límites de “(…) pertenencia, márgenes en los que erigimos contornos simbólicos y desplegamos imaginarios de la identidad y estereotipos de la diferencia” (Portal & Zirión , 2019, págs. 11-12). En el contexto latinoamericano, este es el escenario donde surgieron y se desarrollaron nuevas modalidades de urbanización en donde “las viejas concepciones sobre su “espontaneidad” y “marginalidad” [fueron] rebasadas por nuevos fenómenos urbanos, principalmente vinculados al sector inmobiliario que opera en esos asentamientos populares de carácter ilegal” (Legorreta, 1991, pág. 45).

De esta manera, partimos por definir la informalidad urbana que de acuerdo con Abramo (2011) es un conjunto de irregularidades (territoriales y jurídicas) que se mezclan para comercializar y producir un bien fuera de los marcos jurídicos reguladores (normas, leyes y reglamentos), que opera por medio de su propio mecanismo basado en las relaciones de confianza y lealtad entre compradores y vendedores, lo que para el autor “significa que no cualquier conflicto puede ser resuelto por los instrumentos de mediación y ejecución legal” (Abramo, 2009, pág. 345). Este proceso se transforma en incertidumbre y tensión social dado que no siempre se respetan los acuerdos establecidos y son susceptibles a cambios inesperados. Asimismo, clasifica el mercado urbano informal en dos submercados inmobiliarios: 1) lotificación^[6]: principal causante de la expansión urbana por el fraccionamiento de grandes tierras periurbanas que produce una “forma difusa de territorio informal” (Abramo, 2009, pág. 355); 2) consolidado: en estos asentamientos se busca un uso más intenso del suelo por medio de la compra-venta de lotes vacíos y el alquiler, sus principales atracciones son la “libertad urbanística y constructiva” que refiere a la nula intervención del Estado en la regulación constructiva, otra es la “externalidad comunitaria^[7]” que permite establecer relaciones de reciprocidad en redes dentro del barrio (Abramo, 2009).

Cada uno de los dos procesos tienen distinto impacto en el territorio. Por un lado, los asentamientos consolidados buscan intensificar la aglomeración en su interior, contrario a la lotificación que busca extender los asentamientos hacia su periferia de manera difusa. En conjunto, las dos modalidades del mercado informal, de acuerdo con Abramo (2011), producen una estructura urbana confusa, compacta y difusa simultáneamente. Sin embargo, es un fenómeno “que se repite y se multiplica de manera aislada pero masivamente en todas nuestras ciudades” (Bazant, 1999, pág. 2) y es producto de múltiples territorialidades que concurren y se sobreponen mediante “intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflicto” (Montañez & Delgado, 1998, pág. 123), donde no solo se mezclan las maneras en las que se desarrollan, sino que

“Se combinan a lo largo del tiempo las distintas operaciones sobre el suelo y la edificación, y la complejidad de su resultado no es sólo repetición de tipos o yuxtaposición de tejidos, sino que expresa el proceso encadenado en que las formas y los momentos constructivos se suceden con ritmos propios. Distancias o continuidades, alineaciones y vacíos, perfiles y encuentros, solares y monumentos describen así la secuencia de un proceso temporal materializado en formas estáticas” (Solà-Morales, 1997, pág. 19).

En conjunto, se desarrolla una confusión más compleja, es decir que las maneras de operación construyen formas urbanas diversas que se distribuyen en distintas escalas y regiones topográficas con diferentes impactos sociales y territoriales. Tal es el caso del crecimiento urbano informal de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)^[8], el cual se desarrolla en distintas direcciones, sin embargo, la periferia oriente es una de las “más importante[s] por su magnitud, hacia los municipios de Chalco y Amecameca, que comprende casi la totalidad del área municipal de [Nezahualcóyotl], Chimalhuacán, [La Paz], Ixtapaluca [y] Chicoloapan (…)” (Legorreta J. , 1992, pág. 205).

La ZMVM está emplazada en la cuenca de México, un sistema hidrográfico cerrado compuesto por cinco subcuencas que se caracterizaban por tener

“espejos de agua someros y fondos relativamente planos, con secciones pantanosas y lagunetas, (…) en el sur se encontraban los dos lagos de agua dulce más importantes (Chalco, a oriente y Xochimilco, a occidente)” (Rojas, 2004:23 en (Tirado, 2007, pág. 162).

Fig. N° 2: Zona Metropolitana del Valle de México y su periferia oriente

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020) y el Registro Agrario Nacional (RAN, 2019).

En la subcuenca de Chalco, como en toda la cuenca, ya existían pueblos antes de la llegada de los españoles, otros fueron fundados o refundados durante el virreinato (Portal M. , 2019) y un registro cartográfico es el plano de Alzate (1767) donde “aparecen los pueblos circundantes al lago de Chalco que son Santa Catarina, Venta Nueva, Tlapizagua, Ayotla, Tlapacoya, Chalco, Santiago, Ayozingo, Mesquique, Cuitlatetelco, Tuliagualco^[9]” (Tortolero, 2015, pág. 83). Cada pueblo sufrió transformaciones con el paso del tiempo, “algunos desaparecieron, otros permanecieron y otros se reconfiguraron” (Portal M. , 2019, pág. 136) con procesos históricos posteriores, uno de los más importantes fue el reparto agrario como resultado de la revolución mexicana a principios del siglo XX y con impacto hasta nuestros días.

Fragmentación agraria

Después del movimiento revolucionario en México, inició una de las transformaciones territoriales más importantes que consistió en el reparto masivo de tierras suficientes para trabajarse y disfrutarse de manera colectiva por la población solicitante y para llevarlo a cabo fue necesaria la elaboración normativa en materia agraria. El reparto de tierras se llevó a cabo, principalmente^[10], a partir de tres acciones: restitución, dotación y ampliación. La primera dirigida a las comunidades indígenas despojadas de sus tierras con documentos que lo comprobaban; la segunda vía, dirigida a los pueblos carentes de tierras, o que “no pudieren lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados” (Ley Agraria 1915, Art. 3, 2022); la tercera, posterior a la dotación, dirigida a los poblados con mayor número de habitantes y tierras insuficientes para cubrir sus necesidades, acción que se podía repetir hasta agotarse las tierras afectables con posibilidad de ubicarse fuera del centro de población.

De esta manera se distribuyen los Núcleos Agrarios, los cuales pueden estar constituidos por uno o más polígonos con ubicaciones que trascienden los límites de los pueblos, incluso municipales y entidades federativas, además de tener distintos usos de la tierra: Tierras de Uso Común como sustento económico colectivo; Tierras de Asentamiento Humano, ubicadas en zonas urbanizables y destinadas al desarrollo de la vida del núcleo agrario; Tierra Parcelada, terrenos fraccionados y repartidos a sus miembros para explotarse de manera individual. No obstante, el Núcleo Agrario recibía de manera global la dotación de tierras para constituir una propiedad colectiva inalienable, aunque en algunos casos “los campesinos no recibían sus títulos parcelarios y el ejido se fraccionaba de ‘manera económica’; es decir, por acuerdo de los miembros, pero sin amparo legal” (Fabila, 1959, en Aguado, 1998, pág. 46), esto generó confusión e incertidumbre en la posesión del suelo.

En conjunto se construye una estructura agraria con límites difusos tanto territoriales como jurídicos, esto genera “distintas calidades agrarias”, de las cuales Robles (2020) identifica:

i) ejidatarios con todos los derechos a superficie parcelada, tierras de uso común y solares, ii) ejidatarios sólo con derechos a tierras de uso común, iii) ejidatarios con derechos sólo a tierras parceladas, iv) ejidatarios con más superficie que otros, v) posesionarios con certificados parcelarios, vi) posesionarios sin documentos o con documentos comprados que se consideran propietarios privados, vii) avecindados con títulos expedidos por el ran, viii) personas sin documentos que viven en la zona urbana titulada y desincorporada en el ejido.” (Robles, 2020, pág. 15).

Sin embargo, el ejido solo reconoce como miembros a los que tienen título parcelario, documento que les permite emitir su opinión en las asambleas y formar parte del reparto de tierras.

En cuanto a la escala Estatal, la manifestación del reparto agrario en el Estado de México comenzó con la distribución masiva durante el mandato de Abundio Gómez (1921-1925) que benefició las regiones de Zumpango y Texcoco, es decir, en la periferia norte y oriente de la Ciudad de México; las acciones agrarias en el Estado de México continuaron con la misma intensidad hasta 1940, en ese año “se habían repartido 750 mil hectáreas, mientras que en los restantes 45 años (…) se repartieron menos de 100 mil” (Aguado, 1998, pág. 92), de tal manera que, de acuerdo con el VIII Censo Ejidal en 2001, dicha Entidad Federativa queda en lugar 11 con 1,220 Núcleos Agrarios^[11]. Así se construye la base territorial periférica fragmentada, sin contemplar suelo para la industria, ni prever suelo para el posterior proceso de metropolización de la Ciudad de México.

Periferia oriente de la ZMVM: la subcuenca de Chalco

Con la temprana llegada de la fábrica de yeso “El Tigre” al pueblo de Tlalpizahuac desde los años treinta, comienza la transformación del campesino a obrero que se intensificó con el modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones implementado a nivel nacional a partir de 1940, momento en el que el capitalismo destruyó las formas agrarias y expulsó al campesinado hacia las ciudades (Pradilla, 1981 en (Pradilla, 2014). Durante esa época los ejidatarios comenzaron a lotificar las primeras colonias ejidales del valle^[12] a las afueras del pueblo; una vez fraccionado, los lotes se repartieron entre los ejidatarios y se destinaron para uso urbano. Sin embargo, con la llegada de las fábricas Ayotla Textil en los cincuenta, Celulosa El Pilar en Ayotla y Seagrams México en Tlapacoya en los sesenta, la zona atrajo las primeras corrientes migratorias que se incorporaron a la industria, principalmente en la Ayotla Textil, en conjunto con los hijos de ejidatarios y originarios de los pueblos. 

El aumento de la demanda de suelo barato y las expropiaciones ejidales para uso industrial motivaron a los ejidatarios a realizar la misma operación de lotificación, ahora en las afueras del ejido y cerca de las fábricas, fraccionadas y repartidas para los hijos de los ejidatarios con perspectiva de venta al personal obrero. Dicho proceso se interrumpió a finales de los setenta por el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y Similares de la República Mexicana (STITSRM) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que dejó sin trabajo a una parte de la población local (Tapia & Vargas, 2014). Sin embargo, la constante migración y la consolidación de municipios aledaños como Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán (Matías, 2012) aumentaron la demanda de suelo y motivaron a “los nuevos ejidatarios” así como a los llamados “comuneros” a lotificar los barrios altos, zona a pie de cerro con topografía accidentada dentro de los límites de la propiedad incierta del pueblo. Estos barrios se producen de manera autogestiva y lenta debido al territorio montañoso, la escasa intervención del Estado y de las familias lotificadoras, de tal manera que es la zona con mayor concentración de Asentamientos Humanos Irregulares (PDUMI 2019-2021, 2022).

Durante la misma década se termina de desecar el lago de Chalco (Hiernaux y Lindón, 1997) y la mayor atención se centra en el proceso de metropolización del valle^[13] promovido por “los fraccionadores” a través de la compra de tierras ejidales y la venta masiva de lotes. Para ello, construyeron un aparato político que les permitió mantener el control del territorio; Legorreta (1992) identifica agentes distribuidos en el sector gubernamental, sobre todo las oficinas de Desarrollo Urbano, presidencia municipal y su cabildo, síndico y regidores, diputados federales y locales, así como autoridades auxiliares como delegados, agrupaciones priístas y de oposición, y autoridades agrarias. Como complemento, el Estado mantiene una postura de “dejar hacer”, como un “sistema de control de los grupos urbanos de escasos recursos para la obtención máxima de ganancias políticas y económicas con la menor inversión” (Aldrete-Hass, 1991, pág. 20).

Su poder comienza a disminuir en los ochenta debido a la aprobación de sanciones con cárcel en los códigos civiles de la Ciudad y el Estado de México para fraccionadores de tierras ejidales (Legorreta, 1991), esto derivó en disputas y destituciones por los cargos del Comisariado Ejidal, casos que marcaron lo que Hiernaux y Lindón (1997) denominan la ejidatarización de la urbanización, es decir que los ejidatarios se encargaron de consolidar de manera directa el crecimiento urbano informal del valle y de administrar los recursos económicos derivados de las compensaciones recibidas por el cambio de uso de la tierra, en algunos casos promovida por el mismo ejido y pagada por el colono, expropiada e indemnizada por el Estado, una doble ganancia sujeta a reparto entre sus miembros. Este proceso se regulariza de manera parcial 1994 y queda bajo la administración del municipio 122 del Estado de México: Valle de Chalco Solidaridad.

De esta manera, mientras los barrios altos se autoproducen, con la atención centrada en el proceso de crecimiento urbano informal del valle y las colonias ejidales, tanto de los ejidatarios como del Estado, a mediados de los ochenta el crecimiento urbano se extendió a la sierra del Pino, al norte de la subcuenca de Chalco, con dos asentamientos fundados por Antorcha Campesina^[14]: Citlalmina, en propiedad del Estado a las afueras del pueblo de Tlalpizahuac; y El Tejolote, sobre un fragmento ejidal de uso común ubicado al oriente de Ayotla, dentro del municipio de Ixtapaluca en posesión del ejido de Chalco. Su llegada está caracterizada por enfrentamientos y conflictos sociales, su modo de apropiación territorial se basa en el paracaidismo^[15], la negociación forzada y presión política a través de manifestaciones y cierres viales, las cuales definen el precio de la tierra y las formas de pago, siempre a favor y en beneficio del movimiento antorchista.

Posteriormente se lotifica y se pone a la venta de sus agremiados a “precios accesibles” dentro del mercado del suelo urbano, además de ejercer presión a las instancias gubernamentales para el suministro de infraestructura y equipamiento a través de las “gestiones antorchistas”, así se aseguran amplias ganancias económicas y políticas con la menor inversión. Este modo de operación se reproduce y se distribuye por medio de células en pueblos y colonias con mayor rezago urbano, las cuales destruyen la organización social para imponer “la cultura antorchista”, y así administrar de manera indirecta la infraestructura existente y los recursos naturales autónomos, principalmente el agua, bajo el lema “organizarse no es un delito”, y así brindar, y condicionar, el servicio a sus colonias.

Un ejemplo de este proceso se desarrolla en el Pueblo de Ayotla, lugar donde se disputa la administración de los pozos autónomos entre dos comités, esto ha derivado en enfrentamientos violentos y el corte del suministro que obliga a los habitantes a pagar por el servicio de pipas ofrecido por el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o particulares. Entre estudios técnicos y rehabilitaciones, robos de la bomba y accesorios clave, manifestaciones y “toma de los pozos” con ausencia de la fuerza pública y presencia de grupos de choque, ambos realizan campañas de cobro y ninguno se hace responsable por los pagos al otro comité, esto genera incertidumbre y tensión social.

De acuerdo con lo anterior, la confusión territorial es la construcción y superposición de procesos históricos, políticos y sociales que se materializan sobre una región topográfica específica donde interviene la propiedad del suelo, las formas edificadas y sus actores sociales, con procesos de constitución y conflictos propios. Asimismo, las diversas formas urbanas construidas sobre dicha base territorial muestran ritmos de crecimiento que dependen del poder y la influencia política y económica de los agentes promotores; su encuentro genera un choque de fuerzas que se mezclan y producen una serie de irregularidades territoriales, jurídicas y sociales, las cuales promueven incertidumbre, tensión y confusión en la población que los habita; es decir que su mayor impacto social se encuentra en su escala local.

Territorio como fuerza político-económica

Este apartado pretende abonar a la conceptualización de la categoría de configuración asimétrica del territorio como herramienta teórico-metodológica que permite analizar el proceso de reconfiguración territorial del periurbano en la búsqueda de la reproducción del capital. De tal manera que se expone el proceso de reconfiguración territorial del periurbano de la Zona Conurbada de Aguascalientes (ZCA) comprendida por los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo[16].

Este apartado se estructura en tres partes, la primera conceptualiza la categoría de la configuración asimétrica del territorio como herramienta teórico-metodológica; en la segunda se realiza un recuento sobre la relación entre el modelo capitalista y el proceso de urbanización periférica (o periurbanización) de Aguascalientes, desde la llegada de la industria automotriz en los años ochenta y por último en la tercera se muestra la consecuente reconfiguración asimétrica territorial que se detonó con su llegada, así como las relaciones de poder inscritas en este proceso.

La configuración asimétrica del territorio como herramienta teórico-metodológica

El territorio es un concepto que acentúa las relaciones de poder en el espacio, es decir, el espacio que es dominado por una estructura de poder ya sea el Estado, un grupo social, un individuo, organización, empresa, etc. (Capel, 2016). De acuerdo a Raffestin (2011) las relaciones de poder pueden ser simétricas o asimétricas, por lo que “la asimetría, por equivalencia forzada, favorece el crecimiento de una estructura en detrimento de otra y, en todo caso, la destrucción de una estructura por parte de otra.” (Raffestin, 2011, pág. 30)

El hablar de una configuración territorial asimétrica se refiere básicamente a una acumulación por desposesión (Harvey, 2021), es decir, la producción de un excedente a detrimento de otro. Los recursos naturales proveen la posibilidad de una rápida producción de este excedente por lo que el acceso y el control a los recursos se convierte en la parte clave de la acumulación por desposesión.

Se propone una lectura del territorio partiendo del concepto de la configuración territorial asimétrica, es decir la manera en que se han gestionado y controlado los recursos de la tierra y el agua en el territorio periférico de la ciudad. Para lograr este cometido, se analizan algunos de los Grandes Proyectos Urbanos (GPU) de una ciudad media mexicana con el fin de identificar la configuración territorial asimétrica que se deriva de la instalación de estos proyectos.

Los GPU, como su nombre lo indica, son proyectos de gran magnitud que se realizan por medio de una cooperación público-privada y que forman parte de la planificación territorial funcionalista. Tienen como fin el servir de catalizador para el desarrollo urbano, el posicionamiento estratégico de la ciudad en un escenario global y proporcionar a las empresas transnacionales la infraestructura, el equipamiento y los servicios necesarios para funcionar a escala internacional (Cuenya, 2009).

Por lo tanto, es por medio del impacto de los GPU en la tenencia de la tierra ejidal y la gestión del agua que se analiza la configuración territorial asimétrica de la ZCA de Aguascalientes.

Instalación del modelo capitalista en la ciudad de Aguascalientes

Aguascalientes es una ciudad/estado que se ha caracterizado por ser pionera en programas y proyectos nacionales debido a su geolocalización, a sus dimensiones y a su población relativamente homogénea. Estas características han convertido al estado, pero sobre todo a la ciudad en un centro estratégico internacional para muchos proyectos y modelos industriales desde finales del siglo XIX. Ejemplos de esto han sido los talleres de ferrocarril durante el Porfiriato, la inversión de los Guggenheim para la creación de la Gran Fundición Central Mexicana, la instalación de industrias transnacionales como Nissan, así como el lugar de origen de algunas agroindustrias con presencia mundial como la Huerta y Valle Redondo.

El crecimiento de la ciudad de Aguascalientes en los últimos cuarenta años ha estado estrechamente ligado al desarrollo de la industria manufacturera, de tal manera que durante este periodo el estado ha presentado la tasa de crecimiento económica anual más elevada de toda la República Mexicana, al mismo tiempo que se ha duplicado su superficie urbana y ello ha traído consigo un desarrollo socio-espacial y económico diferenciado que se manifiesta en problemáticas territoriales complejas y contradictorias, tales como la expulsión y el desarraigo de trabajadores agrícolas, la segregación socio-económica de los campesinos rurales y periurbanos (Padilla, Castillo, & Gutiérrez, 2018), el aumento de los rezagos en la infraestructura y los servicios, la contaminación del Río San Pedro por aguas residuales provenientes de las viviendas y la industria (Guzmán, y otros, 2011), la competencia por los recursos naturales en especial el agua (Sosa, 1997), el abandono o la apropiación de espacios con significado cultural rural como la hacienda de San Ignacio (Acosta, 2011), entre otros.

Estos impactos diferenciados han girado en torno a la valorización del espacio como producto del (y para el) desarrollo del capital por lo que la periurbanización de esta ciudad media mexicana ofrece un pertinente escenario para analizar las transformaciones territoriales que han acompañado al sistema capitalista.

A partir de las décadas de los setentas y ochentas, el desarrollo industrial en Aguascalientes inició una etapa de crecimiento económico del sector agropecuario, la transformación de los productos agrícolas en las industrias locales de alimentos y bebidas, los textiles y la industria metal-mecánica. Tan solo en el periodo de 1970 a 1998 el número de empresas privadas dedicadas a la actividad agroindustrial se triplicó al pasar de 511 en 1970 a 1648 en 1998 (Valdivia & Carranza, 2004), con dos casos destacados: la Huerta (1975) y Valle Redondo (1964), mientras que los pequeños agricultores o ejidatarios se vieron empobrecidos, contando con pocos o nulos apoyos federales y estatales. Asimismo, es en este periodo se instalan en Aguascalientes muchas de las corporaciones transnacionales que existen actualmente como Nissan (1981-83), Texas Instruments (1979) y Xerox (1983).

Este desarrollo y reestructuración industrial ocasionó un aumento en los empleos y por lo tanto el crecimiento demográfico del estado, tan solo entre las décadas de 1970 a 1990, la población urbana pasó de 215,144 en 1970 a 550,697 en 1990 lo que se vio reflejado en la expansión de la ciudad y en la necesidad de mayores recursos (tierra y agua) lo que destapó una fuerte competencia entre los usos de suelo urbano, agrícola e industrial.

Aguascalientes ha sido una ciudad que desafió la crisis económica mexicana^[17] de los años ochenta al presentar un crecimiento económico aparentemente exitoso. Dentro de la reorganización económica mundial, o la Nueva División Internacional del Trabajo, se movilizó un mercado mundial, transnacional, en busca de una mayor fuerza de trabajo (un “ejército” de trabajadores) y de espacios rentables para la producción. De acuerdo a esta nueva división del trabajo, los países del Tercer Mundo se industrializaron para producir bienes manufacturados baratos con el objeto de exportarlos a los países capitalistas. Tal fue el caso de México que adoptó políticas para la reconversión industrial y menores restricciones para la inversión extranjera y a los capitales privados.

Como parte de esta reconversión, Aguascalientes y su industria se orientaron hacia un mercado internacional, por medio de la apertura de varios parques industriales -en su mayoría dedicados a la industria metal mecánica-, los cuáles se asentaron cómodamente en el territorio gracias a las políticas federales de descentralización económica, las políticas de sustitución de importaciones y los programas de desarrollo regionales y locales. Así, el Estado ha sido subsidiario del capital privado al proporcionar el terreno y los recursos para el funcionamiento de las empresas transnacionales sin importar el costo social o ambiental.

Se puede afirmar que la instalación del modelo capitalista como elemento rector del crecimiento de la ciudad de Aguascalientes se consolidó por las fuerzas globales, así como por el impulso dado desde lo nacional y local por medio de programas de ordenamiento y planificación territorial federales, estatales y municipales. Con estos instrumentos, unos cuantos expertos, empresarios, instituciones y actores políticos deciden la configuración presente y futura del territorio urbano, con el propósito de ordenar las funciones urbanas para conseguir una mayor rentabilidad económica.

Se tiene pues que en Aguascalientes, la ciudad neoliberal de los últimos cuarenta años se manifiesta mediante la estructura de una ciudad difusa, coordinada por el capital inmobiliario, quienes “ordenan y moderan tanto la vida social como los elementos ambientales presentes en los territorios” (Ruiz, 2015, pág. 12), promoviendo la extensión física de la ciudad y la distribución desigual de la renta; y (4) la estructura de la ciudad difusa se vincula directamente al proceso de periurbanización y la reconfiguración territorial asimétrica de la periferia urbana.

Reconfiguración territorial en Aguascalientes

A finales del siglo XX, como parte de las políticas mexicanas para la reconversión industrial y la apertura a la inversión extranjera y a los capitales privados, en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución donde se establecen las bases legales y administrativas para la existencia de una economía mixta en México, es decir, la combinación del capital socio-gubernamental y el capital privado. Es a partir de esta reforma que se liberan los recursos del agua y el suelo a la inversión privada a través de la transferencia de competencias y atribuciones del Estado.

Estos cambios han incentivado y permitido que el gobierno local y las políticas públicas funcionen desde una lógica privada modificando los modelos de gestión y acceso a los recursos que, ahora, recaen en el sector privado. La figura que aparece es la cooperación pública-privada que, de acuerdo con (Carrión, 2021), se expresa mediante la planificación estratégica urbana con origen en los ámbitos empresariales privados y los llamados Grandes Proyectos Urbanos (GPU).

Ejemplos de estos GPU son los centros financieros (como el World Financial Center), los grandes proyectos inmobiliarios en el periurbano (condominios cerrados) y la creación de parques industriales. De tal manera que la planificación urbana se dirige principalmente a estimular la inversión privada y elevar la rentabilidad del suelo.

En Aguascalientes la cooperación público-privado, los GPU, se ha generado por la presencia de empresas transnacionales y el desarrollo de parques industriales dotados de infraestructura y servicios públicos con el propósito de mejorar la productividad de las empresas. Durante la década de los ochenta, aproximadamente 17 plantas grandes se asentaron en Aguascalientes, más de la mitad de ellas de capital extranjero, con una inversión de más de 2,000 millones de dólares; se ubicaron de la siguiente manera: dentro del parque industrial de San Francisco de los Romo: (1) Yorozu mexicana, K&S Mexicana, Sans S Mexicana y Unipress mexicana; (2) dentro del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes en SFR se localizan las plantas de Nicometal mexicana, Nabco y Sanoh; (3) dentro de la ciudad de Aguascalientes se encuentra A.T.C. Mexicana; y (4) en la ciudad de Jesús María la planta de Kantus.

Fig. N° 3: Ubicación de las plantas manufactureras para la industria automotriz en el periodo de 1980-2000

Fuente: elaboración propia con información de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).

El proceso del asentamiento y localización de los parques industriales ha sido de corte especulativo y propiciado por las propias empresas extranjeras, pero también por los gobiernos estatales y municipales los cuales han sido responsables de comprar la tierra a los ejidatarios y preparar al territorio con todas las instalaciones para posteriormente donar y regalar la tierra a las empresas privadas transnacionales. Este proceso ha requerido cambios en la legislación, tal es el caso del ejido Peñuelas, Cotrina y Montoro al sur de la ciudad para el asentamiento de Nissan.^[18]

De estos GPU se han desprendido otros proyectos localizados en la periferia de la ciudad que se han destinado al sector inmobiliario para proveer de vivienda a los trabajadores de las grandes empresas transnacionales. La construcción de estas viviendas presenta un proceso subsidiario por parte del Estado el cual es responsable de proporcionar el terreno y los recursos esenciales para la construcción de viviendas mientras que el inversionista privado asume el costo de la urbanización y edificación de la vivienda. De esta manera, el inversor recupera “su inversión al momento de asignar la vivienda, por estar asegurado el crédito gubernamental para el adquirente” (López, 2013, pág. 234).

El papel estatal y de las políticas públicas ha sido un subsidio directo y facilitador de recursos al capital inmobiliario por medio de cambios en la tenencia de la tierra y el uso del suelo, la privatización ejidal por medio de la expropiación y la transmisión de la gestión del agua a la empresa privada.

Estos GPU inmobiliarios a su vez han ocasionan una fuerte urbanización de recursos naturales rurales y periurbanos; tan solo en el periodo de 1980-2020 la ciudad de Aguascalientes creció más de 8000 hectáreas y la Zona Conurbana de Aguascalientes^[19] casi 15,000 hectáreas (INEGI, 2020), en detrimento de la vegetación natural y la agricultura periurbana, al menos en los ejidos (núcleos agrarios) que se encuentran aledaños a la ciudad.

La privatización de la tierra ejidal en Aguascalientes se divide en dos grandes etapas. La primera de ellas en el periodo de 1980-2000 se dio a través de la regularización de la tierra por medio de Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para posteriormente ser expropiada por el Estado para la expansión de la ciudad por medio de los programas de desarrollo urbano. Una vez que la tierra es expropiada, es manejada por el capital inmobiliario que obtiene un plusvalor de más del 800%^[20], es decir, la renta diferencial entre lo que se le da de indemnización a los ejidatarios por parte del Gobierno del Estado o la Secretaría de Desarrollo Urbano, y el monto en lo que las inmobiliarias venden.

Tabla N° 1: Renta diferencial de las tierras ejidales de Ojocaliente y Salto de Ojocaliente

*El costo se obtuvo de acuerdo a su valor catastral del año 2014

*El valor real se refiere se obtiene descontando el efecto de la inflación.

De acuerdo a la calculadora de inflación del (INEGI, 2019), el INPC = -79.22% de enero 1980 a enero 2014

Fuente: elaboración propia con información del INEGI y el Registro Agrario Nacional.

Esta transacción se ve facilitada por varios agentes, primero el Estado que compra la tierra a los ejidatarios a un costo muy bajo, con un valor de tierra agrícola, y posteriormente se les facilitan estas tierras a los agentes inmobiliarios los cuáles las venden con un valor urbano, siendo éstos los más beneficiados por este proceso debido a la renta diferencial.

La segunda etapa de privatización del suelo, una vez reformado en 1992 el artículo 27 de la Constitución, se ha caracterizado por la adquisición del dominio pleno de todos los ejidos de la ZMA, es decir que estos pasan a ser propiedad privada de los ejidatarios por lo que estos se transforman en especuladores de su propia tierra, sobre todo aquellos que se encuentran más cercanos a la ciudad o a los parques industriales ya que les es más rentable el vender sus tierras que el producir en ellas.

Por lo tanto, la privatización ejidal ha sido parte central en la reconfiguración territorial, en donde los beneficiarios principales han sido los más grandes agentes inmobiliarios junto con la élite gubernamental los cuáles, por medio de los programas de políticas públicas y los programas de desarrollo urbano, prevén y gestionan el futuro crecimiento de la ciudad hacia los territorios que les pertenecen, asegurándose de maximizar su rentabilidad y obtener un plusvalor por encima de la búsqueda de equidad y bienestar de la población urbana.

Ahora, esta asimetría en la reconfiguración territorial se puede también observar desde la gestión, acceso y control del recurso del agua. La reforma al artículo 27 en 1992 también marca un antes y un después en la gestión de este recurso porque se abre al mercado lo concerniente a su gestión y acceso, lo que a su vez permite la posibilidad de abrir las puertas al capital privado por medio de la Promoción Nacional de Aguas (Terregrosa, Saavedra, & Kloster, 2005).

Tras esta reforma, a pesar de que el agua es un recurso de la nación, ésta se compra y se explota como si fuera un recurso privado por medio de concesiones que se otorgan a diversas empresas, industrias, personas físicas o morales[21]. Para que se lleve a cabo esta concesión se necesita de dos instrumentos principales, La Ley Federal de Aguas Nacionales y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como la autoridad responsable de la administración del recurso.

Aguascalientes, además de ser pionera en estos grandes proyectos urbanos -como lo son los parques industriales-, también fue el primer caso en México en donde la concesión del agua urbana, es decir, aquella que se distribuye y se utiliza en la ciudad, pasó a ser responsabilidad de una empresa privada que actualmente se llama Veolia, una empresa francesa. Esto evidencia la prioridad que se ha tenido en la ciudad por abrirse al mercado extranjero, permitiendo que uno de los recursos más escasos de la zona, el agua, sea totalmente manejado por una empresa ajena al territorio, su cultura, su historia, en consecuencia, la empresa no llega a involucrarse en las problemáticas que se derivan de la sobreexplotación de este recurso como la falta de agua en las colonias localizadas en el periurbano y la sequía en las zonas agrícolas.

Además de esta concesión, las más grandes concesiones de la ZCA se localizan de la siguiente manera:

Tabla N° 2: Principales concesionarios de aguas subterráneas en la ZCA, 1992-2020

Fuente: elaboración propia con información del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA, 2020).

Fig. N° 4: Localización de las mayores concesiones de agua en la ZMA

Fuente: elaboración propia con información del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA, 2020).

La información anterior revela que las principales concesionarias de títulos en la ZMA son grandes compañías constructoras e inmobiliarias de la región, así como las industrias transnacionales.

Partiendo de lo que se vio en los dos apartados anteriores, el momento clave para la privatización de los recursos agua y suelo es la reforma al artículo 27 constitucional en 1992. Desde entonces, se observa un proceso de reconfiguración asimétrica del territorio que se ha caracterizado por la privatización de recursos escasos, como la tierra cultivable de riego fundamentalmente ejidal y el agua en una de las regiones con mayor escasez, bajo el control de grandes capitales y compañías especialmente transnacionales; los agentes políticos han actuado como intermediarios para su beneficio y el de los capitales financieros y especulativos. El supuesto de la entrada de la tierra y el agua al mercado es su mayor eficiencia (de acuerdo a la vieja teoría de que los mercados se autorregulan). Sin embargo, los mercados no se autorregulan por sí solos, dado que no existe competencia perfecta, sino que tienden a la concentración dada la falta de medidas regulatorias por parte del Estado. Así, un recurso como el agua ha terminado por concentrarse en grandes capitales, desde empresas transnacionales como Nissan hasta empresarios inmobiliarios pasando por grandes productores agropecuarios. Esto ha acentuado las asimetrías en la distribución del recurso y comprometido su abasto para las siguientes generaciones. Por lo tanto, el uso de los recursos naturales está marcado por las negociaciones políticas y los intereses de la élite, transformando una problemática aparentemente ambiental a una relacionada con el ejercicio y las luchas de poder.

Resultados parciales de las investigaciones

Este artículo partió de una postura crítica a los más recientes instrumentos territoriales en México por sostener una tensión entre planteamientos sustentados en derechos y prácticas reivindicativas (como “función social del suelo” y “rectoría del Estado”), pero estructurada por categorías globalizantes y sin vínculo con la realidad nacional -mucho menos local-, por lo que se anulan aquellos planteamientos y se estimula el sostenimiento del statu quo. Así, se defiende que uno de los vacíos más relevantes en estas políticas territoriales es la ausencia del aprendizaje de la historia propia, tanto en la escala local como en la regional.

El artículo muestra que de este aprendizaje -el análisis de la realidad- emergen los insumos para conceptualizar las categorías necesarias para comprender y proyectar cualquier tipo de acción sobre el territorio que pretenda transformar. Las aproximaciones analíticas a los procesos de urbanización periférica en dos ciudades mexicanas: Ciudad de México y Aguascalientes, confirman este supuesto que se expresa de la siguiente manera:

En las periferias urbanas se sobreponen distintas tensiones que desestabilizan el entorno social y territorial, generan incertidumbre y confusión social que se distribuye según el poder del aparato político empleado y las ganancias económicas que representa en las escalas global, regional y local. En este sentido, para abordar el fenómeno urbano periférico, es necesario replantear las categorías de análisis que reconozcan una realidad más compleja, construida y sobrepuesta a través de diferentes momentos históricos. La confusión territorial y la configuración asimétrica del territorio se proponen como categorías que tratan de comprender la complejidad del fenómeno urbano periférico, destacando la importancia de problemáticas como la irregularidad, la especulación inmobiliaria y la expansión urbana desigual promovida por distintos agentes sociales impulsados por el Estado en detrimento de sus habitantes y del medio ambiente, deuda histórica que se encuentra en fase de consolidación y crisis.

Por un lado, la confusión territorial engloba la sucesión de procesos históricos, políticos y sociales en regiones geográficas y topográficas específicas, tomando en cuenta la incierta y fragmentada propiedad del suelo desde su constitución y sus conflictos sociales. A lo anterior, se sobrepone la diversidad de formas urbanas construidas en diferentes momentos históricos, con ritmos de crecimiento que dependen del agente social y sus relaciones políticas, es decir que su impacto está determinado por la distribución de agentes en cargos públicos y las ganancias económicas que les permite financiar sus proyectos personales a través del servicio público; esto se desarrolla de manera dispersa por distintos aparatos políticos, con la misma intención de apropiarse del territorio. En conjunto, se genera un choque de fuerzas que se manifiesta en una multiplicidad de irregularidades territoriales, jurídicas y sociales, las cuales promueven incertidumbre, tensión y confusión social en la población que los habita. A través de dicha categoría analítica, se puede abordar el fenómeno periférico desde su escala local.

Por el otro, la configuración asimétrica del territorio parte de la premisa de que el territorio es un concepto que acentúa las relaciones de poder en el espacio, es decir, el espacio que es dominado por una estructura de poder. Así que cuando se habla de una configuración asimétrica del territorio, como se pudo ver en el caso de Aguascalientes, se hace referencia a un proceso de periurbanización y usufructo de recursos naturales, específicamente el agua y el suelo, gestionado y controlado por el mercado tanto local como transnacional, obedeciendo a una lógica de acumulación del capital, destacándose el papel estatal como facilitador. Se trata, pues, de una asimetría territorial generada a partir de procesos legales e institucionales (como los programas de desarrollo urbano y las concesiones del agua).

Estas dos categorías analíticas permiten identificar las transformaciones históricas como ejes estructurantes. De los dos casos presentados se pueden extraer cinco consideraciones para el análisis de la urbanización periférica en las ciudades mexicanas:

a)    Considerar el papel del Reparto Agrario como base territorial para el posterior proceso de metropolización periférica; el Reparto Agrario permite identificar la base territorial para comprender la expansión urbana periférica, la complejidad de la propiedad colectiva, su fragmentación e incertidumbre jurídica, su privatización y especulación, son elementos clave para comprender la apropiación ilegítima de los grupos hegemónicos;

b)    No perder de vista el proceso de industrialización que se llevó a cabo en dos momentos distintos: a partir del modelo de sustitución de importaciones, fase denominada como el milagro mexicano (1940-1970); y a partir de la instalación del modelo capitalista como política orientada al mercado internacional en beneficio del capital y la pérdida de rectoría del Estado que tiene un momento clave de inicio en la reforma al artículo 27 constitucional en el año de 1992;

c)    Reconocer la relevancia de la articulación entre las políticas públicas implementadas por el Estado, el uso de los instrumentos de planeación, y los agentes públicos, sociales y privados que las promueven;

d)    Rastrear las acciones que se llevan a cabo previo a la implementación de los programas, esto debido a que en algunos casos se construyen escenarios direccionados que benefician a empresas transnacionales y grandes inmobiliarias que privilegian las ganancias económicas encima del resto de la población;

e)    Analizar el papel del servicio público municipal que llega a quedar al mando de los líderes políticos, encargados de modificar la división política y territorial para suministrar servicios, infraestructura y equipamiento de manera direccionada, difuminando los límites entre la administración pública y la función social de los programas de desarrollo urbano.

Ante ello, para poder comprender la ciudad de hoy y su fase de crisis, es necesario identificar la sucesión de procesos históricos, económicos, políticos y sociales, que se manifiestan y convergen en el territorio, con límites difusos y en constante transformación. Así como cuestionar los límites del servicio público que promueve políticas y programas urbanos direccionados, con la intención de aumentar el plusvalor de zonas donde los dueños son los mismos servidores públicos, líderes políticos, grandes inmobiliarias o transnacionales. Esto representa la privatización de ganancias económicas y políticas que aseguran su máxima rentabilidad con la menor inversión, sin embargo, generan conflictos sociales, tanto de resistencia como de apropiación, por el control del territorio y sus recursos naturales, que segregan y promueven la fragmentación social y territorial que afecta el bienestar sociocultural de sus habitantes.

Finalmente, se sostiene la necesidad de articular el estudio crítico de los procesos locales y regionales con la conceptualización de las categorías analíticas y propositivas que permitan ganar coherencia en el diseño de los instrumentos territoriales. La confusión territorial y la configuración asimétrica del territorio son categorías que se deben seguir trabajando con el análisis de otros procesos de urbanización en ciudades mexicanas con el supuesto de fortalecerlas, identificar sus traslapes y adicionar otras categorías para comprender la heterogeneidad, pero también los patrones, de la transformación del territorio en México.

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