La Ciudad de La Plata bajo el agua. Las asambleas vecinales como espacios de lucha post inundación de 2013

La Plata city under water. Neighborhood assemblies as spaces of resistance after the flood of 2013

Centro de Investigaciones Geográficas,
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de La Plata.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET);
Centro de Investigaciones Geográficas, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de La Plata.

El crecimiento urbano de La Plata, dominado por procesos especulativos en las últimas décadas, dio lugar a la densificación del casco urbano, a la expulsión de sectores vulnerables hacia áreas marginales y ambientalmente frágiles, y a la urbanización de espacios verdes y márgenes de arroyos. La inundación de abril del 2013 significó el fallecimiento de numerosas personas, miles de damnificados y pérdidas millonarias, y el surgimiento de movilizaciones sociales que reclaman por justicia.

El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación al conflicto ambiental producido por la inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata, Argentina, para identificar aquellas demandas y estrategias desplegadas producto de la lucha de los espacios asamblearios en un contexto de expansión del proceso de extractivismo urbano.

La metodología utilizada consistió en el análisis de bibliografía específica y de normativa sobre ordenamiento territorial del partido. También se recopilaron artículos periodísticos, se realizó observación participante en la marcha por el aniversario a nueve años de la inundación, y entrevistas semi-estructuradas a informantes clave.

Palabras clave: inundación, La Plata, conflicto ambiental, extractivismo urbano, asambleas.

La Plata’s urban growth in the last couple of decades has been dominated by speculation processes which gave place to the densification of the central area of the city, the urbanization of green spaces and riverside banks, and the expulsion of vulnerable people towards marginal and environmentally fragile areas. As a result of the flood of 2013, numerous people died, and thousand others were affected with millionaire losses. This event led to the creation of several social movements claiming for justice.

The aim of this paper is to present the environmental conflict that started with the April’s 2013 flood in La Plata, Argentina, in order to identify the demands and strategies deployed by the people affected by the flood within a context of expanding urban extractivism.

In terms of methodology, the research consisted on the analysis of specific bibliography, digital news and territorial planning regulations. Moreover, semi-structurated interviews were made to key informants and participatory observation took place in the mobilization made due to the ninth anniversary of the event

Keywords: flood, La Plata, environmental conflict, urban extractivism, assemblies.

Introducción

La acelerada expansión urbana de las ciudades, manifestada entre otras variables por las configuraciones conflictivas de usos del suelo heterogéneos, no ha sido acompañada con un ordenamiento territorial ambiental que procure orientar las disputas constitutivas del espacio para lograr tendencias de urbanización acorde a criterios de planificación, uso racional de los recursos, minimización de riesgos ambientales y acceso justo al hábitat. Este proceso es movilizado por actores que se encuentran sumidos en un complejo entramado de relaciones sociales y de poder, que se orientan de acuerdo a distintas escalas y lógicas de reproducción (Pírez, 1995). En este sentido, los escenarios de desastres que difícilmente pueden ser caracterizados como “naturales” se han visto potenciados por la predominancia de la lógica mercantil como ordenadora del territorio en connivencia con la lógica política, en tanto que la dinámica natural no es contemplada en los procesos de producción de suelo urbano. Es así como en numerosas ciudades escasean espacios verdes y distintos cursos de agua son “absorbidos” por tejidos urbanos cada vez más densos, sin medir las consecuencias de acciones predominantemente guiadas por intereses especulativos.

En la ciudad de La Plata por caso, las inundaciones no son un fenómeno actual únicamente sino que se han producido con periodicidad desde la fundación de la urbe, siendo cada vez más importantes en la medida en que los arroyos fueron intervenidos por procesos de ocupación correspondientes al crecimiento urbano. En abril del año 2013 se produjo una gran inundación que quedó en el imaginario platense como la mayor tragedia de la ciudad ya que la inundación producida significó el fallecimiento de decenas de personas, además de miles de damnificados y pérdidas millonarias. Cuestionamientos, denuncias cruzadas, asignación de responsabilidades e incertidumbre fueron los grandes ejes de debate en torno a esta catástrofe. La particularidad, es que a casi 10 años de dicho evento, se han visto potenciados distintos procesos especulativos que dieron lugar a la urbanización de espacios verdes, a la densificación del casco y a la expulsión de sectores vulnerables hacia áreas marginales y ambientalmente frágiles, complejizando el contexto urbano platense y promoviendo un escenario de gran riesgo de repitencia del evento.

Por esto, resulta interesante recuperar las estrategias de distintas asambleas barriales, quienes año a año denuncian la impunidad de los responsables de aquel evento, y han sabido dejar en evidencia la acción/inacción de la gestión pública en materia de obras y de prevención, y el beneficio del que gozan actores especulativos, especialmente desde el año 2010 referido al ordenamiento territorial de la ciudad. A ello se suman problemas de planificación históricos que acarrea la ciudad, los cuales, lejos de ser atendidos, terminan siendo profundizados por el avance de expresiones del proceso de extractivismo urbano. De allí se desprende que el presente trabajo pretende realizar una aproximación al conflicto ambiental producido por la inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata, Argentina, para identificar aquellas demandas y estrategias desplegadas producto de la lucha de los espacios asamblearios en un contexto de expansión del proceso de extractivismo urbano.

Desde el punto de vista metodológico, para el abordaje de este trabajo se toman como ejes de análisis los reclamos de los asambleístas, su vinculación con la acción/inacción de la gestión pública, y el rol preponderante que ha tenido la normativa que guía el ordenamiento territorial en la última década, en un contexto de avance del proceso de extractivismo urbano. Para la realización de este trabajo se recurrió a la búsqueda y lectura de bibliografía específica sobre la temática y al análisis de normativa sobre ordenamiento territorial, lo cual fue complementado con el análisis de noticias publicadas por distintos medios de comunicación referidos al evento en cuestión. Como complemento, se realizaron entrevistas a informantes clave como asambleístas y profesionales del Estado.

El trabajo se estructura en tres apartados. En primer lugar, se recuperan algunas nociones teóricas vinculadas al proceso de extractivismo urbano, los conflictos ambientales y la resistencia entendida como movimiento socioterritorial. El segundo apartado se destina a abordar la problemática central y se lo divide en cuatro sub-apartados en los cuales se presenta la problemática de las inundaciones en el territorio platense con énfasis en la de abril de 2013, para luego indagar el cuestionamiento a la normativa de ordenamiento territorial vigente, recuperar algunos aspectos referidos a las obras hidráulicas y a la prevención de inundaciones, y cerrar el apartado con la situación actual en materia de acción/inacción del Estado con respecto a los reclamos sociales. Por último, se plantean las reflexiones finales y algunas líneas de profundización para futuras investigaciones.

Desarrollo

Apuntes teóricos como punto de partida

En las últimas décadas, América Latina ha visto crecer los conflictos ambientales en torno a la explotación y extracción desmedida de los recursos naturales en el contexto de un avance depredador del capitalismo central sobre las periferias mundiales. Este proceso, conocido como extractivismo, se caracteriza por la extracción de minerales, cultivos, hidrocarburos, etc., por parte de grandes empresas y en volúmenes elevados destinados esencialmente a la exportación en calidad de materia prima o con un procesamiento mínimo para abastecer procesos industriales (Gudynas, 2014). A partir de este proceso, grandes empresas de apropian de enormes ganancias, favorecidas por los precios del mercado mundial de commodities, y externalizan los impactos ambientales, en muchos casos dañando severamente (o destruyendo) múltiples ecosistemas y afectando a la vida de poblaciones locales. Los excedentes generados son apropiados y reinvertidos en otros sectores tales como el inmobiliario o de la construcción en las grandes ciudades, con el objetivo de continuar reproduciendo las ganancias (manteniendo la idea de diversificar inversiones para protegerse de los vaivenes del mercado) favoreciendo a la especulación rentista que allí se produce.

Algunos autores (Svampa & Viale, 2014; Viale, 2017) reconocen manifestaciones de este fenómeno en las grandes ciudades y han acuñado el concepto de extractivismo urbano para hacer referencia al predominio de la especulación inmobiliaria como proceso que expulsa población, concentra riqueza, se apropia de lo público, produce daños ambientales, en el marco de una urbanización neoliberal en la que los grandes capitales configuran la ciudad con el acompañamiento del Estado. El trabajo realizado por García Jerez aporta también al entendimiento de este nuevo concepto, al realizar un abordaje de las conexiones existentes entre el extractivismo tradicional de materias primas y los procesos de financiarización llevados adelante por capitales privados en las grandes ciudades latinoamericanas (García Jerez, 2019). Esto condice con los dichos de Harvey, quien plantea que existe una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización, en tanto que el excedente continuamente producido por el primero es absorbido por el segundo (Harvey, 2013). De esta forma, y trazando un paralelismo con el extractivismo tradicional, el sistema capitalista convierte a los inmuebles en verdaderos commodities (Viale, 2017) cuya mercantilización hace predominar su valor de cambio por sobre su valor de uso, materializando la acumulación de capital y conformándose como reservas de valor.

Este proceso tiene distintas expresiones vinculadas al mercado inmobiliario, y las problemáticas urbanísticas (Gutiérrez Ríos, 2015). La irrupción de megaproyectos que implican inversiones de alto impacto territorial como la proliferación de urbanizaciones cerradas o la construcción de torres de oficinas y viviendas multifamiliares, entre otros, son algunos ejemplos (Pintos & Narodowski, 2012). En general, se trata de un mercado de suelo orientado a sectores de alta renta que tiende a expandirse hacia áreas periféricas, o a concentrarse en áreas centrales donde cada vez es más frecuente asistir a una densificación y verticalización urbana legitimada por modificaciones en normativas de usos del suelo de las ciudades (Reese, 2017). De esta forma, el crecimiento de las ciudades, además de ser cada vez más excluyente, también naturaliza el avance de la privatización de los espacios públicos verdes en tanto que, en este contexto, las plazas, los parques y distintas superficies verdes o vacantes en áreas urbanas y periurbanas terminan considerándose espacios no rentables que pasan a ser convertidos por la especulación inmobiliaria.

Y a su vez, esta creciente expansión capitalista profundiza la configuración de una urbanización cada vez más polarizada, que se manifiesta en la competencia por el acceso al suelo urbano por parte de distintos sectores sociales. Pintos y Narodowski reconocen que en muchos casos, los precios en los loteos formales alcanzan valores muy elevados, lo cual da como resultado que, por un lado, algunos remanentes de suelo sean objeto de ocupaciones y tomas, configurando formas de acceso al suelo de aquellos sectores sociales que no cuentan con posibilidades por la vía formal (Pintos & Narodowski, 2012). Así, diversos actores no encuentran otra opción más que vivir en barrios informales, villas y asentamientos donde permanecen amenazados por la posibilidad del desalojo y otras situaciones, fenómeno que se conecta visiblemente con el resto del extractivismo (Viale, 2017).

En este contexto, y desde dicha lógica, se termina construyendo de modo irracional y avanzando sobre superficies absorbentes en áreas urbanas y periurbanas impermeabilizando suelos (Svampa & Viale, 2014; Viale, 2017), lo que favorece entre otras cuestiones, a la ocurrencia de inundaciones periódicas como ocurre en el área de estudio del presente trabajo. Después de todo, pareciera ser que la medición del éxito de una ciudad se calcula a partir de cuántos metros cuadrados se construyen anualmente, siendo la construcción el motor del supuesto desarrollo que se persigue en el cual la valorización del suelo es sinónimo de progreso (Viale, 2017; Losano, 2017).

Este proceso da lugar a problemáticas ambientales tales como las inundaciones provocadas por precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, especialmente en ciudades cuyo sistema de drenaje alcanza su punto de saturación de manera rápida, debido en parte a: la proximidad de las napas freáticas a la superficie, la existencia de obras inadecuadas o por falta de actualización de estos sistemas, en paralelo al crecimiento urbano. La situación se complejiza más cuando ocurre en una ciudad que incorporó de manera inadecuada cursos de agua preexistentes -los cuales constituyen las redes de drenaje naturales de la superficie terrestre-, alterando su dinámica natural a través de la ocupación de márgenes y planicies de inundación, canalizaciones, entubamientos, etc. Más aún, en lo que atañe a este trabajo, queda en evidencia cómo se desatendieron los numerosos pronósticos realizados por científicos y especialistas, y vecinos, organizaciones sociales y asambleas barriales, y reinó un desinterés por llevar adelante un ordenamiento y diseño territorial acorde con las leyes de la naturaleza. Entonces, “como afirmó Mike Davis, esta es la menos natural de las catástrofes” (Svampa & Viale, 2014, pág. 264).

Este problema se volvió un conflicto ambiental. A entender de Santandreu y Gudynas, distintos actores se enfrentan y disputan en torno a una temática que refiere a lo ambiental, ya sea porque esta afecta la calidad de vida de algún grupo social o por tratarse de una alteración en las condiciones ambientales (Santandreu & Gudynas, 1998). Por su parte, Folchi prefiere hablar de conflictos de contenido ambiental, para abarcar la pluralidad de conflictos vinculados a la dimensión ambiental. Para este autor, el conflicto se origina “como consecuencia de la acción de algún agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente”. Ello se traduciría en una tensión entre intereses incompatibles, no necesariamente por el ambiente, ya que quizás ninguno de los involucrados “asume la postura ética de defender el ambiente porque eso sea justo, noble o bueno. Lo que se reivindica es el bienestar material objetivo (o conveniencia) de cada parte” (Folchi, 2001, pág. 91).

En lo investigado en este trabajo, fueron surgiendo distintas manifestaciones por parte de aquellos perjudicados que lograron un cierto nivel de organización en contra de quienes son considerados como los responsables de ese suceso, alegando falta de respuestas y obras, permisividad en el ordenamiento territorial, daños ambientales, etc. El Estado adquirió una doble responsabilidad, facilitó la expansión del proceso extractivo en la ciudad, mientras que tuvo que atender a las demandas de prevención y manejo de la emergencia.

El origen del conflicto, entonces, se remonta a diferentes valoraciones, percepciones o significados sobre acciones vinculadas con la sociedad y el ambiente (Gudynas, 2014). Los actores partícipes conforman colectivos que pueden tener distintos grados de organización como, por ejemplo, asambleas vecinales en este caso, y a partir de ello es que intervienen en la producción del espacio urbano, pero de una manera diferente y desde una valorización simbólica; son quienes despliegan estrategias en defensa de distintas áreas de la ciudad, considerándola un derecho y un lugar de habitar.

En esta línea, se plantea que los reclamos impulsados por estas asambleas vecinales representan luchas por la ciudad articuladas por movimientos socioterritoriales, entendidos como movimientos sociales que transforman el espacio en territorio a través de su oposición con otras fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y controlar otros territorios en ese mismo espacio (Torres, 2020). En su dinámica, estos movilizan a miembros de la comunidad que ven afectado o perjudicado su entorno próximo (Mançano Fernandes, 2006). La acción colectiva de los participantes de estos movimientos desafía las estructuras de dominación y/o sujeción (Oslender, 2002) a partir de la atención al lenguaje y sus voces, sus demandas en defensa del territorio que habitan, o porque entienden que la resistencia de ese territorio producirá un bien colectivo. A decir de Mançano Fernandes “los movimientos socioterritoriales para alcanzar sus objetivos construyen espacios políticos, se espacializan y promueven otro tipo de territorio” (Mançano Fernandes, 2006, pág. s/n). Estos adoptan estrategias y conforman una identidad colectiva (Torres, 2020), arraigada al territorio construido, y es por ello que se agrupan y movilizan frente a amenazas físicas como obras, programas y equipamientos, o medidas impuestas desde afuera.

Estos movimientos pueden ser también caracterizados como esporádicos, producto de la resistencia frente a un proyecto concreto. En el espacio urbano, estos actores de la resistencia recuperan la calle como lugar de encuentro y lucha, y así desatan un movimiento redefiniendo el espacio público urbano como “ámbito natural” de los procesos de socialización, de construcción de alteridad y de formación de identidad de los ciudadanos, otorgándole sentido. A partir de su accionar se pueden identificar los momentos que hacen al conflicto en cuestión: su inicio, su desarrollo y su finalización (Santandreu & Gudynas, 1998; Gudynas, 2014).

La inundación de abril de 2013 en La Plata y el eje del conflicto ambiental

En la ciudad de La Plata (al igual que en Berisso y Ensenada, juntos conforman el Gran La Plata), provincia de Buenos Aires, las inundaciones han significado una problemática ambiental recurrente no sólo por el cambio en las condiciones climatológicas a nivel global (que indudablemente tiene su efecto a escala local), sino también por los problemas que significó el crecimiento urbano experimentado en las últimas décadas. Ya desde su fundación, como bien muestran Morosi y Romanazzi, la ciudad de La Plata creció ignorando los arroyos (Morosi & Romanazzi, 2018), cuestión que derivó en la canalización y entubamiento de estos (Fig. Nº1). En la cuenca del Arroyo del Gato (donde tuvo mayor impacto la inundación del 2013), el arroyo homónimo es el único que todavía se encuentra al aire libre, mientras que el Pérez y el Regimiento (afluentes) discurren entubados por debajo del casco urbano. Asimismo, esta situación fue acompañada por la ocupación de zonas de ribera y planicies de inundación ¿desconociendo? su importante rol en la regulación hídrica del medio.

Fig. N°1: Cuencas hidrográficas de la microrregión del Gran La Plata, y cursos de agua intervenidos.

Fuente: elaboración propia. Mapa base: Google Satélite. Capa de hidrografía y capa de cuencas hidrográficas de IGS-CISAUA, obtenido del Observatorio Medioambiental La Plata.

El 2 y 3 de abril del año 2013 se produjo una inundación que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad, en el imaginario social y en el devenir político. El 2 de abril alrededor de las 16:30 la ciudad de La Plata y varias zonas de Berisso y Ensenada recibieron las primeras precipitaciones, dándose los máximos de intensidad de precipitación entre las 18:00 y 18:30, según indicaban los registros de la Estación Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata. Entre las 22:00 y las 22:30 ocurrió un segundo pico de intensidad, pero en esa oportunidad, las máximas precipitaciones se dieron en el sector sur-sureste de la región (Facultad de Ingeniería, 2013).

Se trató de un fenómeno meteorológico extremo en el cual precipitaron casi 400 milímetros de agua en pocas horas, lo que dejó como resultado numerosas muertes, la enorme cantidad de damnificados y los cuantiosos daños materiales. La cantidad de agua precipitada colapsó rápidamente el sistema de desagüe pluvial de la ciudad (obsoleto, como se menciona más adelante) y en muchas zonas, el agua directamente no escurría (Fig. N°2), por lo que las alturas alcanzadas por esta fueron incrementándose paulatinamente.

Fig. N°2: Zonas anegadas y marcas en las viviendas que muestran hasta dónde llegó el agua.

Esta situación fue de las más problemáticas, dado que el nivel de agua comenzó a descender recién varias horas después. Como relatan Morosi y Romanazzi “las aguas cubrieron la ciudad durante quince horas. En ese largo y tortuoso trance (…) se produjo la mayor parte de los fallecimientos de personas ahogadas dentro de sus propias viviendas o arrastradas por la corriente en las calles” (Morosi & Romanazzi, 2018, pág. 141). En la figura N°3 se observan los resultados de un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata post evento, donde se mapearon las áreas anegadas, alcanzando el agua en algunos casos los dos metros de altura.

Fig. N°3: Superficies inundadas en base a puntos relevados en las cuencas del Arroyo del Gato (izquierda) y Arroyo Maldonado (derecha)

Esta situación significó un detonante tanto social como académico y mediático en relación a cómo se aborda esta problemática. Diversos medios de comunicación locales y de alcance nacional se hicieron eco del evento. Rápidamente los canales televisivos comenzaron a mostrar imágenes de la tragedia, y al día siguiente, periódicos locales, de alcance regional y nacional, con diversos titulares e información, cubrieron el hecho.

Sin embargo, quienes realmente comenzaron a dar forma al conflicto ambiental fue la sociedad movilizada frente a la inundación en forma de asambleas vecinales, tales como la Asamblea Inundados de Tolosa, Asamblea Vecinal Barrio Norte, Asamblea Vecinal Villa Elvira, Asamblea Parque Castelli, Sobrevivientes de la Inundación, y Asamblea Parque Recreativo Los Hornos. Se constituyeron como colectivos organizados bajo demandas que rápidamente se espacializaron a través de distintas estrategias. Éstos fueron acompañados por vecinos autoconvocados, organizaciones políticas y sociales, ONGs y también investigadores y técnicos del ámbito académico.

En este sentido, algunas noticias dieron cuenta de la creación de un nuevo actor político (en referencia a las asambleas de inundados), un nuevo movimiento socioterritorial que adoptó como estrategia de visibilización de sus reclamos actos conmemorativos, marchas por las calles de la ciudad, reuniones periódicas y divulgación de comunicados, testimonios y contenido gráfico a través de medios de comunicación y redes sociales^{^[1]}. En los primeros años, por caso, las movilizaciones en las calles de la ciudad fueron masivas, acompañadas por distintos sectores políticos y académicos. Fue tal la magnitud del desastre que el tema no tardó en ocupar un lugar en la agenda política del gobierno, el principal apuntado por la sociedad en general y estas asambleas en particular, como responsable de la peor tragedia de la historia de la ciudad, tal como se expresa en un comunicado compartido durante la última marcha realizada en conmemoración de la tragedia (Fig. Nº 4):

A pesar de los importantes estudios realizados por especialistas pertenecientes a la UNLP que alertaban del peligro y de la inundación de enero de 2002 o la ocurrida en febrero de 2008, que preanunciaban el trágico desenlace, la desidia, la inoperancia y la corrupción de los sucesivos gobiernos nacionales provinciales y municipales terminó causando la más terrible catástrofe en nuestra ciudad. (...) Lo que pudimos observar al atravesar esa nefasta noche y los días posteriores fue cómo el Estado estuvo ausente, mientras que fuimos los vecinos quienes nos ayudamos entre nosotros y acompañamos como en tantas otras tragedias que nos tocó vivir (Fragmento del comunicado de las Asambleas, 2 de abril de 2022).

Fig. N°4: Marcha conmemorando el noveno aniversario de la inundación de abril de 2013

Las denuncias judiciales realizadas con posterioridad a la tragedia fueron en su mayoría archivadas, quedando todos los responsables en condición de libertad. Aún hoy, no se han reconocido todas las muertes que se produjeron en el evento, manteniéndose el número oficial en 89 víctimas fatales, aunque las asambleas marcan que fueron más:

Se sabía que había muchos muertos. Se dio a conocer una lista de 51 víctimas, pero muy rápido quedó clara la farsa. Una movilización rompió con la puesta en escena y esa lista comenzó a aumentar. El poder judicial comprobó 89 muertes, pero estamos seguros de que fueron muchísimas más (Fragmento del comunicado de las Asambleas, 2 de abril de 2022).

La situación desencadenada por la inundación dejó en evidencia las consecuencias de las expresiones de la lógica extractiva en la ciudad, tales como el deterioro ambiental de los arroyos platenses, muchos entubados o canalizados, casi todos contaminados, y gran parte de sus zonas ribereñas, urbanizadas. Por otra parte, el enorme crecimiento de la mancha urbana ha significado el retroceso de actividades productivas desarrolladas en el cordón flori-frutihortícola, y al mismo tiempo el avance sobre espacios verdes localizados en las periferias de la ciudad. Este avance, muchas veces discontinuo dejando tierras sin ocupar entremedio^{^[2]}, es posibilitado por modificaciones en la normativa de ordenamiento territorial, a través de rezonificaciones aprobadas por ordenanza municipal (pero sin convalidar por el Estado Provincial). De esta forma, numerosos emprendimientos privados avanzaron sobre espacios verdes, rellenando terrenos, alterando el normal escurrimiento e infiltración de los suelos y rectificando cursos de agua. La sanción de normativas flexibles y permisivas como es el caso del Código de Ordenamiento Urbano (COU) vigente en el Partido de La Plata desde el 2010 es un elemento clave para la continuidad de este proceso.

Por cuestiones como esta, la gestión urbana municipal estuvo en el centro de la escena con posterioridad a la inundación (aunque el gobierno provincial también fue ampliamente cuestionado). Uno de los reclamos con más peso refiere a la cuestión de la normativa urbana, en tanto que las distintas asambleas de vecinos, nucleadas en la Unión de Asambleas Barriales de La Plata, y los referentes de la mayoría de las fuerzas políticas de la región reclamaron la derogación o importantes modificaciones a la misma, haciendo referencia específicamente al COU. Como bien plantean Vértiz y Del Río, la tragedia de la inundación llevó a múltiples actores políticos y sociales a interpelar al COU y, a través del mismo, los arreglos público-privados subyacentes (Vértiz & Del Río, Poder y regulación urbana: el retroceso en la normativa de usos del suelo en la ciudad de La Plata (1995-2015), 2020). Si bien el COU tenía menos de tres años de vigencia desde su sanción y, por ende, su rol en la impermeabilización del suelo hasta ese entonces podría considerarse como despreciable por una cuestión de tiempos, se convirtió en eje de disputa, principalmente porque es visto como la continuidad y profundización de un proceso que se originó con el COU sancionado en el año 2000.

Los principales reclamos y cuestionamientos realizados por las asambleas

Modificación de la política de ordenamiento territorial

La política de ordenamiento territorial del partido es quizás uno de los ejes más importantes que dan razón de ser al conflicto ambiental analizado. Es aquí donde manifiestan claramente los intereses contrapuestos de distintos actores sociales en torno a cómo y a medida de quién se produce la ciudad: por un lado, sectores vinculados a la construcción, favorecidos por las modificaciones introducidas en el año 2010, y por otro, las asambleas, reclamando por nuevas modificaciones en la normativa que limiten el accionar de los primeros. En el medio, el Estado como actor que hace las veces de péndulo, en ocasiones favoreciendo el accionar de sectores especulativos, y en otras atendiendo parcialmente algunos reclamos asamblearios.

Lo anteriormente mencionado tiene su génesis parcialmente en la reforma del COU^{^[3]} del 2010 y luego con la inundación del año 2013. La reforma del 2010 fue fuertemente cuestionada no sólo por el contenido de dicha reforma sino por el trasfondo del proceso a través del cual se aprobó. El trabajo de Vértiz y Del Río muestra cómo este proceso estuvo marcado por el accionar del lobby empresarial manifestado en la incorporación de empresarios y miembros de Colegios Profesionales a ciertos puestos claves de la gestión municipal, lo que significó un fuerte e inmediato apoyo de los empresarios de la construcción (Vértiz & Del Río, Poder y regulación urbana: el retroceso en la normativa de usos del suelo en la ciudad de La Plata (1995-2015), 2020). A decir de Vértiz, fue a través de la agenda mediática que:

los representantes de los colegios profesionales y de las cámaras empresarias manifestaron públicamente la necesidad de aumentar los índices constructivos, argumentando que el crecimiento de la construcción iba a incidir positivamente sobre la economía local a través del apalancamiento de la producción y del empleo (Vértiz, Actores, ámbitos y estrategias detrás de la regulación urbana en La Plata (Argentina), 2019, pág. 2475)

Así, los intereses particulares de empresarios fueron impuestos ante las autoridades públicas y favorecidos por el accionar de éstas, dando lugar también a la captura de la decisión estatal, entendida como la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas -como por ejemplo, aquellas vinculadas al ordenamiento territorial- (Castellani, 2018). Se consolidó la presencia de un Estado que dio legitimidad de regulador a actores no estatales, promoviendo la inyección de capitales de la construcción a través de la generación de un marco legal permisivo (Losano, 2017; Viale, 2017), y generando las bases para que el proceso de especulación inmobiliaria se expanda, bajo el discurso del desarrollo urbano.

Luego de la inundación del 2013, distintas asambleas de vecinos y referentes de la mayoría de las fuerzas políticas de la región reclamaron la derogación o importantes modificaciones al COU, siendo incluso reconocido por un funcionario de la Municipalidad de La Plata que la normativa debía ser modificada “porque no preveía el impacto hidráulico de las construcciones ni el escurrimiento del suelo” (Vértiz, Actores, ámbitos y estrategias detrás de la regulación urbana en La Plata (Argentina), 2019, pág. 2479).

La cuestionada normativa promueve la densificación del casco urbano al mismo tiempo que permite la expansión urbana sobre áreas rurales, dando como resultado un centro con servicios e infraestructura (incluida la hidráulica) obsoleta, inadecuada, saturada y una periferia cada vez más extensa, con escasos servicios e infraestructura. En lo que refiere exclusivamente a cuestiones vinculadas a factores que favorecen la ocurrencia de inundaciones, la normativa plantea un incremento sensible de la densidad de lo construido tanto en alturas como en espacios verdes y el relleno de áreas inundables para elevar cotas, lo que reduce la superficie de suelos absorbentes, modifica sustancialmente el escurrimiento superficial del agua y da lugar a procesos de cementación del suelo disminuyendo su capacidad de infiltración (Losano, 2017; Morosi & Romanazzi, 2018).

Del análisis de la normativa en cuestión surge que se contemplen áreas pasibles de ser anegadas las cuales deben cumplir con ciertos criterios urbanísticos (apartado de Arroyos y Bañados, artículos 161 y 162). Para todas ellas, se establecen limitaciones especiales a los usos del suelo, al parcelamiento y al volumen edilicio (indicadores de FOS y FOT)^{^[4]}. Se permite el relleno de terreno, la impermeabilización de una parte de la parcela y se prohíbe la construcción de cualquier elemento que pudiera impedir el libre escurrimiento del agua (salvo excepciones previo estudio técnico y aprobación de la Autoridad del Agua de la provincia).

Teniendo en cuenta el COU del año 2000 (Ord. 9231), Losano plantea que hubo un aumento importante en el valor máximo del FOT/FOS en áreas anegables: era de 0.2 y 0.4 y pasó a ser de 0.3 y 0.5 respectivamente (Losano, 2017). Esta cuestión, entre otras, explica entonces el reclamo por parte de las asambleas vecinales organizadas post inundación 2013, secundado por distintos sectores académicos que cuestionaron las modificaciones en la normativa, el favorecimiento al sector inmobiliario y de la construcción, y el consecuente deterioro de las condiciones ambientales de la ciudad.

Las asambleas entienden que las modificaciones introducidas en la reforma del año 2010 no hacen más que profundizar problemas históricos de la ciudad, favoreciendo a los sectores inmobiliarios y polarizando cada vez más a la sociedad:

La ciudad y su periferia crecieron exponencialmente sin el mínimo criterio de planificación (…) aún sigue vigente el maldito COU que debería llamarse de “desordenamiento urbano”, fuente de negocios inmobiliarios de los más poderosos, pero no herramienta de crecimiento urbano sustentable e inclusivo. 150 asentamientos precarios es el resultado en más de 10 años de vigencia (Fragmento del comunicado de las Asambleas, 2 de abril de 2022).

A pesar de los continuados reclamos en la materia, en una reciente marcha, una referente de las Asambleas mostró su descontento y parcial resignación, afirmando que desde la Municipalidad se han mostrado reacios a introducir las modificaciones reclamadas en la normativa.

“Las respuestas de los ediles fue negativa, ese Código no se va a modificar y no es que nosotros lo tomamos de punto al intendente actual, sabemos que si es otra persona tampoco se va a realizar (…) hay intereses inmobiliarios que no van a cambiar” (Di Carlo, 2022).

Queda así expresado cómo el negocio de la especulación inmobiliaria coopta la normativa de ordenamiento territorial de la ciudad para su propio beneficio, en desmedro de la naturaleza y de la calidad de vida de la población (Svampa & Viale, 2014).

Las obras hidráulicas: otro gran eje de los reclamos

A lo anteriormente señalado, se sumó otro eje que recibió grandes críticas por parte de las asambleas a la gestión del por entonces intendente Pablo Bruera y también al ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, fue la deuda que presenta la región en términos de obras hidráulicas que se prometieron en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la ciudad (Morosi & Romanazzi, 2018).

Un informe realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata inmediatamente posterior al evento reflejó que la ciudad ya presentaba antecedentes que debían servir de advertencia por posibles inundaciones de magnitud. También remarcaba la obsolescencia de la infraestructura hidráulica de la ciudad, pensada para cierto tipo de evento meteorológico y para una determinada densidad demográfica. A ello se suma la falta de previsión y las falencias en los sistemas de comunicación a la población, como así también en los sistemas de alerta temprana, y fundamentalmente, la acción inmediata post inundación, con los mecanismos de rescate y asistencia (Facultad de Ingeniería, 2013). En este sentido, las causas y consecuencias de la inundación responderían a una sumatoria de factores, ya que a la especulación inmobiliaria profundizada con el COU 2010, se pueden sumar los mencionados por el informe en cuestión: fenómeno meteorológico extraordinario, la ocupación de las zonas de ribera y planicies de inundación de los arroyos y la inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones (Facultad de Ingeniería, 2013).

En una entrevista Pablo Romanazzi (Ingeniero Hidráulico y Civil de la UNLP) expresó: “No teníamos cómo saber que iban a llover 400 mm, nunca lo hubiera imaginado que podía suceder en la cantidad de horas que sucedió pero que la ciudad era vulnerable, eso sí lo sabíamos y que no se hizo nada con respecto a eso” (Romanazzi, 2014). Este último punto merece especial atención, dado que según narran Morosi y Romanazzi, la lentitud en la respuesta y la descoordinación fueron dos factores clave al momento de asignar responsabilidades en la tragedia (Morosi & Romanazzi, 2018), punto también fuertemente criticado y denunciado por las asambleas de vecinos.

Ante esa situación, se puso en marcha un plan de obras de importante magnitud que tardó varios años en concluirse, de hecho, se alega que todavía sigue inconclusa. Al respecto, las asambleas plantean lo siguiente:

Luego del 2 de abril, los gobiernos de Scioli y Bruera salieron torpemente, desordenadamente y cínicamente a mostrar que harían las obras necesarias. Se fue avanzando en su ejecución a los tumbos. Luego recibieron estas obras como herencia los gobiernos de Vidal y Garro, quienes siguieron trabajando con el mismo desorden que sus antecesores hasta que en febrero de 2019 dieron por terminada la etapa I, aunque hay obras que siguen faltando. Aún la provincia no realizó los puentes de 520 y 18 y de ruta 15 en Punta Lara, restringiendo así el desagüe al río del canal del Arroyo del Gato (...) La etapa II, fundamental para derivar el agua del casco urbano, todavía sigue sin ejecutarse. El derivador de calle 32 sería una de las soluciones más importantes para que no colapse el Arroyo del Gato (Fragmento del comunicado de las Asambleas, 2 de abril de 2022).

En palabras de un funcionario público del Ministerio de Infraestructura de Buenos Aires, “en 2015 se establecieron estudios para completar y garantizar un nivel de protección para una recurrencia de 25 años y para eso se necesitan obras complementarias como nuevas obras de conducción, aliviadores y retención. Y lo que continúan pidiendo [las asambleas] es que se hagan” (Fragmento de entrevista, 8 de junio de 2022).

Quizás la más significativa de estas obras es la desarrollada en la cuenca del Arroyo del Gato, la cual significó el ensanchamiento, canalización y cementación de distintos tramos del curso de agua principal (Fig. Nº 5), como así también la construcción de múltiples derivadores y aliviadores por debajo de distintas avenidas de la ciudad. Esta intervención se realizó con el objetivo de que este curso fuera capaz de recibir, encauzar y desagotar más cantidad de agua precipitada y con una mayor velocidad de escurrimiento. A su vez, la obra significó la relocalización de familias asentadas en las márgenes del arroyo, como así también la destrucción de los ecosistemas existentes.

Fig. N°5: Comparación del tramo de 12 y 514 del Arroyo del Gato antes y después de la obra

Fuente: Fotografía izquierda, gentileza de D. Rotger (2014); fotografía derecha, archivo de los autores (2022).

El reclamo por el fortalecimiento de la prevención

En materia de prevención, las asambleas hacen eco de los numerosos estudios que ya existían sobre los problemas que venía acumulando la ciudad en materia hidráulica, como se mencionó más arriba, además de los nuevos que se dieron posteriormente a la inundación. Estos últimos surgieron como resultado de la firma de convenios entre el Estado y UNLP, denominados Proyectos de Investigación Orientada (PIO), a través de los cuales distintas unidades académicas profundizaron diversas aristas de investigación en torno a la inundación, con el objetivo de poder realizar un aporte desde el punto de vista interdisciplinario que luego sirviera para la gestión. Los resultados se tradujeron en informes, material de difusión al público en general, presentaciones en congresos y jornadas, y entrevistas en medios de comunicación. Una de las principales propuestas derivadas de estos estudios fue llevar adelante la construcción de cinco Áreas de Retención Temporaria de Excesos Hídricos (ARTEH), pensados como espacios verdes que funcionan como reservorios de agua y también como espacios de recreación en las cuencas altas de los arroyos del Gato, Pérez y Regimiento.

Las asambleas tomaron esto como bandera de lucha y comenzaron a reclamar por la creación de uno de ellos en particular, ubicado en la localidad de Los Hornos, por donde circula el arroyo Regimiento, afluente del Gato. En torno a ello se conformó la Asamblea Parque Recreativo Los Hornos, desde la cual se reclama por el cumplimiento de una obra anunciada en el año 2019 para crear un espacio verde que funcione como parque recreativo y como reservorio de agua ante precipitaciones intensas (Fig. Nº 6). El proyecto, impulsado desde este espacio, continúa paralizado aún luego de diversas estrategias de visibilización, como bien narran miembros de la asamblea:

A partir de nuestros reclamos, conseguimos la cesión de tierras al municipio, la inclusión de nuestro reservorio en el plan de obras para mitigar inundaciones y el anuncio de la realización del parque recreativo por parte de la municipalidad, que fue anunciado con bombos y platillos en plena campaña electoral de 2019 por el intendente Julio Garro. Pero desde entonces, lamentablemente sólo hemos visto la colocación del cartel inaugural anunciando la obra y luego tareas de movimiento y extracción de tierras de forma discontinua (...) La única respuesta recibida de los funcionarios del área de hidráulica ante nuestros reclamos por la paralización de la obra es que no hay recursos y que falta decisión política (Testimonio de Asamblea Parque Recreativo Los Hornos, 2 de abril de 2022).

Otro de los pedidos realizados en materia de prevención de inundaciones gira en torno a la implementación del Plan de Reducción de Riesgo de Inundación (PRRI), desarrollado en el año 2019 por convenio entre la Municipalidad y la UNLP. Según se plantea, su elaboración correspondió más a un interés electoralista por parte del gobierno municipal que a un interés por brindar soluciones y por ende, su implementación quedó trunca:

Este plan fue financiado por la gestión del intendente Garro en un año electoral y, concluido en ese período, ya con el proceso electoral finalizado, fue abandonado por sus patrocinadores. En el 2021 por pedido de las Asambleas, fuimos recibidos por el titular de Defensa Civil (...) [quien] nos comunicó que se avanzaría con la implementación en los barrios y se comprometió a gestionar reuniones con los delegados y demás autoridades para avanzar. Sin embargo, el funcionario fue reemplazado y no se registró ningún avance (Fragmento del comunicado de las Asambleas, 2 de abril de 2022).

Esta situación también fue expuesta por un funcionario provincial cuando dijo lo siguiente:

Las asambleas reclaman al municipio la invisibilidad en que quedó el trabajo (...) no se ha hecho nada en torno a eso y pasan cosas insólitas como que ahora [el municipio] declaró la emergencia climática y [la necesidad de fortalecer] la resiliencia, para lo que hay que tomar medidas. En el PRRI había un montón de cosas que tienen que ver con eso y no ha pasado nada, (...) [por ejemplo, una] estrategia de capacitación a actores sociales, todo un trabajo barrio por barrio para identificar vulnerabilidades, con instrumentos, manuales, más toda una modelación muy finita para determinar el riesgo hídrico. (...) Cada vez que cambia una normativa, y ordenanza, habilitando suelo, lo que menos se hace es contrastarla con esos estudios (Fragmento de entrevista a funcionario provincial, 8 de junio de 2022).

En materia de prevención también se destaca la creación de un Sistema de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorológico, constituido por seis centrales meteorológicas y diez estaciones hidrométricas, junto con una aplicación para el celular con alertas por eventos meteorológicos con el objetivo de poder llegar a la población. Sin embargo, dicho sistema no es suficiente, dado que no puede predecir el comportamiento de las aguas una vez precipitadas. De acuerdo con el testimonio de un funcionario provincial entrevistado, “... eso se modela también. Un buen sistema de alerta es capaz de decir si en tal zona está lloviendo con tal intensidad, sumado a los vientos, en 40 minutos todo indica que esa zona se va a inundar” (Fragmento de entrevista, 8 de junio de 2022). Ante esto, el funcionario mencionó que a nivel provincial se está armando un Sistema Inteligente de Monitoreo, Prevención y Análisis de Riesgos Hidrometeorológicos (SIMPARH), pensado justamente para colaborar en la predicción de inundaciones. Este sistema, que complementa las estaciones meteorológicas con equipamiento específico, “ya se está haciendo en el Salado, en el Reconquista y la aspiración sería poder hacerlo en La Plata también” (Fragmento de entrevista, 8 de junio de 2022). Esto último vendría a ser un insumo clave en la prevención de futuras inundaciones, siempre y cuando la información sea correctamente comunicada a la población en general para que, como bien marcan las asambleas, de repetirse otro evento como el ocurrido, la gente sepa qué hacer, cómo actuar y dónde refugiarse.

Cabe destacar también que en los últimos años, las asambleas comenzaron a participar en las luchas por la preservación de espacios verdes en la ciudad, entendiendo que hacen al paisaje tradicional, forman parte de una planificación fundacional y que son terrenos de absorción de los excesos de agua de lluvia, cuestión central para pensar la prevención de inundaciones. En este sentido, destacan la lucha ganada contra una de las grandes inmobiliarias de la ciudad, la cual pretendía utilizar dos espacios verdes para construir complejos habitacionales y comerciales en Tolosa, una de las localidades más afectadas por la inundación de 2013. El resultado es que esos predios ahora son plazas públicas, y como espacios verdes, continuarán siendo áreas de absorción de excedentes hídricos en la zona cada vez que llueva.

En el ámbito municipal, tuvimos reuniones con las autoridades correspondientes para realizar nuestro reclamo y lograr el objetivo de que los terrenos vuelvan a ser utilizados para el esparcimiento de todos los platenses y a su vez, no sean cementados, y funcionen como superficie de absorción frente a próximas lluvias (Testimonio Asamblea Inundados de Tolosa, 2 de abril de 2022).

De esta forma, es interesante observar cómo a partir del trágico evento de 2013, con los años, las estrategias de estos actores se vieron fortalecidas, derivando en acciones que impulsaron la prevención contra las inundaciones. Los movimientos asamblearios han tomado distintas banderas de lucha (la creación de los parques recreativos, la preservación de espacios verdes, la divulgación del PRRI) con el objetivo de visibilizar la importancia de ciertas cuestiones que, a casi diez años del evento hídrico, aún parecen no resolverse. A su vez, en torno al rol del Estado, con los años y con diferentes gestiones, las acciones llevadas a cabo aún son deficientes, dejando a la vista que en la práctica, el “desarrollo” de la ciudad se continúa midiendo en términos de metros cuadrados construidos, es decir, urbanizando de modo irracional, avanzando sobre superficies absorbentes de los excesos hídricos, y poniendo por encima el beneficio de ciertos actores en detrimento del derecho a la ciudad de otros. Esto permite ver que el accionar “selectivo” del Estado municipal, entra en tensión con los reclamos aún vigentes de las asambleas, mientras el capital privado sigue comandando el ordenamiento territorial de la ciudad, dándole continuidad a un conflicto ambiental todavía vigente.

Reflexiones finales

Lo hasta aquí abordado permite esbozar algunas reflexiones finales en torno al conflicto ambiental por la inundación de abril de 2013 en la ciudad de La Plata. Primero, puede decirse que se trata de un conflicto todavía irresuelto, de carácter intermitente (Santandreu & Gudynas, 1998) en tanto que, si bien todavía permanecen sin ser atendidos algunos reclamos de las asambleas barriales, las manifestaciones de éstas se continúan realizando, en ocasiones con más intensidad que en otras.

Es importante, por ello, resaltar como producto de la inundación, la conformación de un movimiento socioterritorial que pone en discusión una forma de construir ciudad. Identificados como habitantes de la ciudad, como víctimas directas o como familiares o allegados de víctimas de la inundación, los asambleístas construyeron una identidad común y colectiva en base a una serie de reclamos por encontrar respuestas y soluciones a cuestiones tales como: quién, cómo y para quién se construye la ciudad; cómo poder prevenir tragedias como la ocurrida; y cómo se atiende un problema histórico de la ciudad como son las inundaciones, pero que se entiende son cada vez más frecuentes no sólo por dinámicas naturales sino también por negligencias políticas y por priorizar intereses económicos por sobre los ambientales.

Más allá de las obras que todavía se reclaman (aun reconociendo la finalización de otras) y la definitiva implementación de medidas de prevención, el eje más fuerte de disputa es quizá el que gira en torno al modelo de desarrollo imperante en la ciudad. El reclamo puntual en contra del COU vigente es una muestra fehaciente de ello. A los problemas de planificación históricos se suma actualmente un modelo de producción de ciudad que favorece a unos pocos en desmedro de la sociedad en general, que extrae suelo urbano para acumular ganancias en pos de la especulación inmobiliaria, y no el bien común.

Es a través de la "permisividad" normativa que la ciudad continúa creciendo de manera exponencial con la densificación de la zona céntrica y expansión de las periferias. Esto se traduce en una saturación de la infraestructura existente (de servicios públicos, viales, hidráulica) y en la necesidad de hacer erogaciones importantes por parte del gobierno para abastecer nuevas áreas con servicios públicos. En el medio, el suelo que queda sin urbanizar comienza a valorizarse por justamente estar próximo a la provisión de servicios públicos que antes no existían. Todo esto se origina porque desde el Estado se habilitan nuevas áreas urbanas, se favorece la creación de barrios en las zonas periféricas a través de exenciones impositivas, cambios en las zonificaciones y en los indicadores, y/o el otorgamiento de créditos para la construcción, cuestión que se profundiza en la reforma del año 2010 como bien reconocen distintos trabajos (Del Río, Langard, & Relli, 2014; Losano, 2017; Vértiz & Del Río, Poder y regulación urbana: el retroceso en la normativa de usos del suelo en la ciudad de La Plata (1995-2015), 2020).

En este sentido, tanto desde las asambleas como de sectores académicos, se pone en tela de juicio actualmente la influencia que se le da a los actores de la construcción e inmobiliarios en la producción de la ciudad, posibilitando la densificación de zonas que fueron gravemente afectadas por la inundación del 2013, ocupando nuevos terrenos con importancia ambiental (como ocurre en la cuenca del Arroyo El Pescado o las cuencas de la zona norte) impermeabilizando cada vez más el suelo, en lo que claramente constituye una avanzada del extractivismo urbano en la región.

A este proceso se le suma la creación y consolidación de numerosos barrios populares, que año a año aumentan en cantidad y superficie debido a que cada vez más personas se ven imposibilitadas de acceder a una vivienda digna. Todo ello en el marco de una ciudad polarizada que registra inversiones puntuales por parte del Estado y de privados en zonas estratégicas, a través de las cuales se obtienen rentas extraordinarias con procesos de renovación urbana, mientras que otros sectores son desplazados y forzados a asentarse en los intersticios urbanos y zonas ambientalmente frágiles como son las riberas de los arroyos. Es por ello que el extractivismo urbano viene a conceptualizar un proceso que tiene ganadores y sectores desposeídos, pero que se ha profundizado indudablemente en las últimas décadas producto de todas estas cuestiones mencionadas en las líneas precedentes.

Para finalizar, hay quienes consideran que la resistencia para con el extractivismo urbano todavía no ha logrado instaurar en la arena de lo político el debate en torno a los problemas sociales y ambientales de las ciudades latinoamericanas con un sujeto político fuerte capaz de reclamar su derecho a la ciudad. A criterio de quienes escriben la presente investigación, se desconocen muchas veces las luchas que distintos actores sociales de las ciudades entablan de forma diaria, en contra de la especulación inmobiliaria, la privatización de espacios verdes, o reclamando por el derecho de acceso a una vivienda digna y el derecho a la ciudad. Si todavía no se ha constituido un sujeto político “poderoso” para colocar en la agenda política estas cuestiones, es porque no se les ha dado la importancia política y mediática que ameritan estas luchas. Lo que es innegable es que día a día las voces en contra del modelo de desarrollo que construye ciudades polarizadas, excluyentes, ambientalmente insostenibles, aumentan. Y un ejemplo de ello es lo abordado en este trabajo. Es responsabilidad del Estado intervenir para revertir las consecuencias, en lugar de seguir facilitando las demandas del capital para su reproducción.

La trágica inundación se constituyó en un hito para repensar la construcción de la ciudad, como bien dijo un vecino durante la marcha de este año:

Acá estamos los vecinos para que esta situación nos de fuerza para seguir reclamando para que de una vez por todas se cambie de política; que no estén por delante los negocios, el cortoplacismo y la conveniencia al decidir qué hacer con el territorio (Fragmento del testimonio de un vecino, marcha del 2 de abril de 2022).

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Info Blanco sobre Negro (2018, 2 de abril) El “Espacio Asambleas Inundados de La Plata” difundió documento que reparte críticas a todos. Info Blanco sobre Negro. https://www.infoblancosobrenegro.com/el-espacio-asambleas-de-inundados-de-la-plata-difundio-un-documento-que-reparte-criticas-a-todos/

^{^[2]} Algunos autores las conceptualizan como tierra vacante o tierra de “engorde”, las cuales se encuentran en manos privadas y se mantienen sin ocupación con el objetivo de lograr su valorización a medida que la ciudad se expande y se le proveen servicios públicos (Frediani, 2010; Cortizo, 2018).

^{^[3]} Código de Ordenamiento Urbano, Partido de La Plata. Ordenanza 10703/10. Disponible en: https://www.concejodeliberante.laplata.gob.ar/digesto/Cou/or10703_parte1.html

^{^[4]} Factor de Ocupación del Suelo (FOS): relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela (Art. 57). Factor de Ocupación Total (FOT): relación entre la superficie cubierta máxima edificada y la superficie de la parcela. Se considera superficie cubierta edificada en una parcela a la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta ubicados por sobre el nivel de la cota de parcela (Art. 59).